El 12 de abril de 2026 el Perú elegirá nuevo presidente, renovará a los congresistas que ahora serán diputados y elegirá a senadores después de 36 años (la última vez fue en 1990), en el marco de las Elecciones Generales de 2026. Los electores, sin embargo, podrán encontrarse ante la inédita disyuntiva de tener que elegir entre más de cuarenta candidatos presidenciales, cuyos partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, se habrían mayoritariamente formado para intentar ostentar el poder y aprovechar los beneficios que el sistema político le ha impregnado los últimos lustros.
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| Sucesor de Dina Boluarte saldría de más de 40 candidatos. Créditos: Infobae. |
La razón ignorada u olvidada de la Política
Algo lejos de la concepción inicial de la política del griego Aristóteles, según la cual el trabajo de las autoridades o gestores públicos debe esencialmente tener como objetivo el bien común o de todos, un bienestar general acorde con el interés colectivo de una comunidad y en contraste con intereses individuales o privados; mediante un esmerado ejercicio de la función pública sobre la base de la preparación, la eficiencia y la decencia.
Quiénes saldrán elegidos es una pregunta con respuesta imprevisible dada dicha proliferación de partidos, teniendo en cuenta los resultados de la última elección presidencial y el carácter controvertido del elector peruano que suele votar más por simpatías que por propuestas coherentes, la valía o la idoneidad de los candidatos.
La precariedad política peruana
No obstante, la existencia de partidos políticos formales o legales, la política peruana es en general precaria por dicha proliferación de partidos que no cuentan -en muchos casos- con estructura sólida ni cuadros competentes debido en parte al fracaso de los partidos tradicionales y a la aparente incapacidad estatal y social para monitorear y controlar la eficacia y transparencia del gasto gubernamental.
Ello ha provocado que la corrupción aumente y que surjan nuevos adinerados inescrupulosos que pretenden seguir en la función pública o atraer a otros interesados en el enriquecimiento fácil, merced a dicha proliferación de partidos políticos precarios. Un botín muy atractivo, además, para quienes lucran con el narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios delincuenciales.
Partidos políticos para hacer negocios antes que para gobernar
Sin duda existen ciudadanos competentes y decentes que, habiendo heredado alguna fortuna, triunfado profesionalmente en el ámbito privado o querer simplemente hacer algo ante los efectos de la improvisación, la ineficiencia, la corrupción gubernamental o la delincuencia, deciden participar activamente en política a través de un partido de reciente formación o aprovechando alguna estructura partidaria existente.
Los pocos partidos preexistentes, no obstante, no son agrupaciones políticas consolidadas por su prestigio, trayectoria o experiencia ni gestionados en su mayoría por ciudadanos probos y preparados para la gestión de una ciudad, región o país sobre la base de modelos de desarrollo viables porque ya funcionaron en otros lugares y sustentados en las ventajas o potencialidades de la zona.
Y los partidos de nueva formación son en su mayoría meras personas jurídicas inscritas ante el JNE atraídas por el lucro que entrañan los ilegales negocios que los últimos años se gestan crecientemente en distintas instancias y dependencias del aparato estatal.
La subasta para postular a un cargo público o político
Debido a ello la ley no se estaría aplicando porque no suelen resultar como candidatos quienes son elegidos en comicios partidarios internos en los que destacan las propuestas, la experiencia, la idoneidad o la transparencia de los candidatos, sino lo que diga o decida el dueño del partido y/o quien haya pagado más por las candidaturas disponibles.
Debido a ello los últimos meses muchos candidatos se han estado preparando para postular a la presidencia y al parlamento en abril de 2026 y a las municipalidades y los gobiernos regionales el 4 de octubre del mismo año, contando más que con experiencia e idoneidad con el suficiente respaldo económico para comprar el cupo a presidente, parlamentario, alcalde o gobernador que los dirigentes o gestores de tales remedos de partidos suelen ofertar al mejor postor.
La lección no aprendida con Pedro Castillo
Evidentemente la elección Pedro Castillo el 2021 no fue la máxima expresión de la precariedad de la política peruana, ni el punto de inflexión para que todo cambie o mejore dado el aludido panorama electoral que revela, entre otras cosas, que estamos peor que antes porque existen precandidatos a la presidencia incluso peores que aquel.
No a los políticos que defienden políticas o ideologías desfasadas
¿Cómo puede haber personas e instituciones que todavía abogan por ideologías que han fracasado en todos los países en los que pretendieron encauzar el desarrollo en base a sus dictados? De la ex URSS a Cuba, Bolivia o Venezuela, pasando por China; un país este último que, para convertirse en la segunda economía mundial, tuvo que dejar atrás la centralización, la falta de libertad o la opacidad que caracteriza a los regímenes de izquierda radical.
El pacto del Congreso y la presidenta
Y que tras salir Castillo Terrores quedara en su lugar su vicepresidenta no ha hecho más que ahondar el desprestigio de los gestores políticos y por extensión de los partidos políticos; especialmente desde el Congreso de la República.
Dado el contubernio que desde diciembre de 2022 existe entre la mayoría parlamentaria dominada por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (al que se suma cuando le conviene Podemos, Perú Libre, Acción Popular o Avanza País, entre otros congresistas que fueron elegidos por una agrupación, pero hoy están en otro grupo político o como "independientes"), para mantener en el poder a la cuestionada presidente Dina Boluarte hasta julio de 2026.
Leyes que no benefician a todos
Aunque hasta el momento, ello haya implicado rebasar los límites de la decencia y la legalidad con la única finalidad de durar como sea hasta el final de la gestión, perpetuarse en el poder logrando postular ahora como senadores o pretendiendo que lo hagan otros correligionarios con la desestimada intensión de conseguir la reelección de alcaldes y gobernadores (para lo cual impusieron al Ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez R. un nuevo reparto del IGV sin cumplir los procesos correspondientes, para beneficiar a alcaldes que querían reelegirse, pero que hasta el 2030 hará que el Tesoro Público deje de recaudar unos 10 mil millones de soles).
¿Leyes en pro de la corrupción y la delincuencia?
O protegiéndose incluso legalmente de las denuncias que previsiblemente les lloverán a muchos cuando dejen de ser parlamentarios, lo que ha significado mantener o aumentar las tasas de criminalidad y corrupción que afectan actualmente al Perú y que sea, por ende, más difícil combatir dichas amenazas a la seguridad e institucionalidad peruana. En contra de lo cual se han pronunciado diversas voces desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros entes y personas.
La solidez de la economía peruana amenazada
Y como añadidura, dicho proceder congresal parece amenazar incluso la racionalidad y solidez económica que ha caracterizado al Perú las últimas décadas, de manera particular desde la codiciada Comisión de Presupuesto del Congreso. Lo cual es preocupante porque ello, precisamente, es lo que ha permitido al país mantener su institucionalidad y viabilidad a pesar de los vaivenes políticos de la última década.
El Congreso y una capacidad de gasto que no le compete
Como consecuencia, el presupuesto del Congreso el 2025 será de S/. 1,052,818,293 (Mil Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Dos Cientos Noventa y Tres Soles), más de tres veces más que el presupuesto del año 2010 cuando solo alcanzó los 323 millones. Al atribuirse una capacidad de gasto merced a una controvertida decisión del Tribunal Constitucional, que está expresamente prohibida en el artículo 79° de la Constitución Política para, precisamente, impedir una irresponsable generación de gasto.
En esa línea, y conforme lo hizo la presidenta Boluarte, pretenden además subirse el sueldo en el último año de gestión de un gobierno que será previsiblemente recordado como uno de los más nefastos e irresponsables de la historia.
El futuro del Perú en manos de los electores
Le corresponde a cada elector reflexionar sobre lo acontecido con la política peruana los últimos lustros, analizar las ventajas que pese a todo sigue teniendo el país para estabilizarse y crecer, y entender la importancia de saber escoger entre más de 40 candidatos a presidente a la persona mejor preparada para dirigir al Perú sobre la base de demostrado éxito profesional y solvencia moral.
Solo así habrá mínimas posibilidades de elegir nuevamente a alguien que más que servir y trabajar por la estabilidad y el desarrollo de un país con una historia memorable y potencialidades ilimitadas como el Perú, le interesa principalmente beneficiarse de los negocios que se gestan ilegalmente en distintos ámbitos del Estado o el Gobierno.
Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el 08 de septiembre de 2025.
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