Las empresas y el desarrollo ante la delincuencia

Víctor Raúl Haya de la Torre, como Fernando Belaúnde Terry, Alfonso Barrantes Lingán o Luis Bedoya Reyes, son algunos de los últimos políticos con los que la ciudadanía disfrutaba las últimas décadas del siglo XX escuchándolos en los mítines que protagonizaban, no por llevar regalos o fiestas interminables como siguen haciendo muchos candidatos sino por la oratoria pausada, inteligente y coherente de la que hacían gala lejos de la demagogia, improvisación, ignorancia y hasta mentira que muchos pregonan hoy por el mero interés de ostentar el poder que otorga temporalmente un cargo público elegible en las urnas.

La decencia de una gestión pública transparente

  

Pero ello no era lo más destacable de tales políticos, sino también la manera austera y ejemplar con la que continuaron sus vidas tras ejercer un cargo público. Efectivamente, no se mudaron a lujosas mansiones u ostentado el uso y disfrute de bienes superfluos, sino que siguieron viviendo de la manera sobria como lo hicieron antes; lo que evidencia que trabajaron por el bienestar de la ciudadanía y en línea con lo que significa realmente ser político, distante con lo que ocurre generalmente hoy con una autoridad o gestor público tras trabajar en algún ente del Estado, que ostenta bienes y alardea de un modo de vida que un sueldo normal o legal nunca pagaría (a vista y paciencia de todo el mundo).

La revolución de Barrantes Lingán que el Perú necesita

Quiero recordar ahora la respuesta de Alfonso Barrantes Lingán (ex líder de la Izquierda Unida peruana en los ochenta del siglo XX), a una pregunta algo sarcástica del periodista Humberto Martínez Morosini, sobre la conveniencia o pertinencia de una revolución en los tiempos que corrían, quien respondió magistralmente: un gobierno libre de la corrupción, sería ya una gran revolución. Interpreto que lo que Barrantes quiso dar a entender es que la gestión de un presidente eficiente y decente, tendría tanto o más impacto positivo que una revolución. 

Lo cual es trascendental porque el Perú, enfrentando los retos que implica su crecimiento, debe hoy combatir varias lacras sociales que corroen su institucionalidad y, por ende, los diferentes caminos que coadyuvan a su desarrollo; entre ellos, la necesidad e importancia del crecimiento de negocios, empresas y de inversión pública y privada. Y ello es más propicio en un entorno de estabilidad económica propiciado por una coyuntura política e institucional sólida, en la que son la regla gestiones estatales transparentes y eficientes, obras trascendentales por necesarias o viables, poca o nula corrupción, y la delincuencia no es un problema apremiante por peligrosa y creciente. 

En un artículo anterior me ocupé ya de la corrupción y la ineficiencia estatal, hoy me enfoco en las empresas, el desarrollo y la delincuencia.

Las empresas y su importancia para el desarrollo

Hoy es verdad generalizada que no puede existir progreso económico ni desarrollo, sin el inmedible aporte de las empresas y el sector privado en un entorno libre supervisado o regulado por el Estado; ya que, gracias a las empresas, los ciudadanos pueden trabajar y los gobiernos obtienen tributos para financiar sus operaciones (salud, educación, dotación de infraestructura, seguridad o defensa nacional,...). 

A nivel global y de acuerdo con el Banco Mundial, solo las empresas multinacionales (aquellas con intereses en más de un país y que representan menos del 1% de las empresas de todo el mundo), impulsan aproximadamente la mitad de todo el comercio internacional, contribuyen con un tercio de la producción mundial y del PBI, proporcionan una cuarta parte del empleo global y movilizaron hacia América Latina y el Caribe en el 2022 USD$ 224.000 millones en inversión extranjera directa (el 4% del PBI de la región). 

Imaginen el impacto total en la economía y la sociedad del resto de empresas que operan en un ámbito nacional sean pequeñas, medianas o grandes, nacionales o multinacionales; no solo son las mayores proveedoras de empleo y pagadoras de tributos a nivel global, sino que constituyen parte vital de la estructura económica y social de cualquier sociedad contemporánea. (Aunque es igualmente importante la menor proporción de empleo de las entidades del Estado, y de las que también lo hacen sin que contribuyan con impuestos como los centros educativos, organismos no gubernamentales (Ong's), asociaciones civiles, etc.)

La delincuencia es hoy un gran obstáculo para el crecimiento de
empresas y el desarrollo (Imágen de AlvaroSR999). 

La delincuencia y su impacto negativo en el crecimiento

Piensen ahora en el dilema que enfrentan nuevos empresarios o emprendedores informales cuando, tras operar un tiempo al margen de la ley, deciden formalizarse y son conscientes de que deberán tributar al Estado y, además, contribuir con un cupo o aporte ilegal a delincuentes que para conseguir sus propósitos amenazan, chantajean o incluso matan. 

Dicha acción delincuencial ya ha provocado el cierre de 318 colegios privados entre julio de 2023 y febrero de 2025 según el colectivo Educar con Libertad. Debido a una mera cuestión de seguridad porque sus propietarios no pueden seguir trabajando si ello implica arriesgar sus vida y la de familiares, trabajadores, maestros y alumnos; y desde un lado económico y/o financiero no es sostenible seguir operando pagando sueldos, tributos (aportaciones para seguros o pensiones de los trabajadores), demás gastos inherentes y, también, cupos delincuenciales que oscilan entre los 10 mil y 70 mil soles mensuales. Actos deleznables que comprende, incluso, a profesores que son chantajeados a pagar entre 5 y 10 soles diarios para poder "trabajar tranquilos".

Delincuencia no respeta a pequeños negocios y emprendedores independientes

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú se informó también que solo el 2024, cerraron más de 2 mil de estos negocios ante el avance de la extorsión y el cobro de cupos. Ni los conductores de mototaxis y taxis se libran de esta lacra social que medra el ímpetu por trabajar y salir adelante mediante el ejercicio de un trabajo digno; al igual que los vendedores de mercados formales e informales, o conductores o propietarios de combis o autobuses de transporte urbano, quienes han tenido que parar varias veces ya como protesta ante la ola de extorsiones y crímenes.

El impacto económico de la delincuencia en el Perú

Si consideramos que solo en Lima y Callao existen 22,107 vehículos de transporte público pertenecientes a 336 empresas acreditadas (de acuerdo con el artículo Terror en la Ruta del semanario Hildebrant en sus Trece del 30 de agosto de 2020), calculemos lo que pueden obtener los delincuentes diariamente si cada vehículo hace entre 4 y 5 vueltas y debe pagar su conductor o propietario 10 soles a los extorsionadores por cada una de ellas: estamos hablando de más de S/. 1,100,000.00 diarios si todos los vehículos son afectados y considerando los datos del 2020 del citado artículo.

Y si sumamos los importes de la extorsión a bodegueros, operadores de colegios, vendedores de mercados, a ferreterías, farmacias, gimnasios y demás negocios o empresas pequeñas o medianas, incluso a las grandes empresas y a las constructoras -éstas últimas con la cómplice intervención en ocasiones de miembros inescrupulosos del gremio de construcción civil-, o hasta el chantaje que padecen últimamente las familias cuando pretenden construir una casa o hacer mejoras en la que tienen, o la extorsión de la que son también víctimas algunas autoridades públicas; estamos hablando de cantidades tan importantes como los que se lleva anualmente la corrupción en el Perú.

El insostenible costo de la delincuencia y la corrupción

Solo el 2022 la corrupción le costó al Perú S/. 24,419 millones, pasando a ser percibida por la población como uno de los principales problemas, de una proporción del 23.8% en 2010 a una del 52,3% en 2023, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

Con todo el dinero que se lleva la corrupción de las arcas estatales, y la delincuencia de los ingresos personales o empresariales privados, sobraría para que el Estado provea con creces en no más de cinco años, toda la infraestructura educativa y de salud que aún se requiere en el Perú, y los ciudadanos tendrían dinero suficiente para vivir con dignidad y las empresas lo que requieren para consolidarse y crecer.

El natural destino de delincuentes y corruptos

Corresponde, en consecuencia, enfrentar a los delincuentes de saco y corbata que pululan las oficinas de la administración pública, como a los que promueven la corrupción desde el lado empresarial o privado, para que los fondos del presupuesto público sustraídos ilegalmente se inviertan realmente en los fines lícitos que corresponden al Estado; y a todos los delincuentes que chantajean, secuestran o matan por el mero hecho de conseguir ilegalmente parte del dinero que le cuesta ganar legalmente a personas y empresas.

Así, más pronto que tarde, los delincuentes y corruptos tendrán que terminar donde acaban o deben acabar quienes le roban al Estado, a las empresas y a los ciudadanos en general; pues, no se puede seguir tolerando el vulgar disfrute de una vida de holgura, derroche y lujos acompañados generalmente de múltiples vicios, a costa del esfuerzo, del trabajo y hasta la sangre de muchos ciudadanos o trabajadores honrados, como del presupuesto estatal que debería propender siempre al bien común.

El desarrollo ante la delincuencia y la corrupción

Por todo ello, es pertinente que la delincuencia y la corrupción se enfrente también como graves problemas para el crecimiento y desarrollo del Perú y de cualquier país, porque no solamente es algo inaceptable por ilegal y peligroso, sino porque impide el surgimiento y la proliferación de negocios y empresas tan necesarios para proveer empleos a la población y de tributos al Estado.

Para lo cual es necesario una firme voluntad de combatirlas desde la ciudadanía y el Ministerio Público, el Poder Judicial, demás entes del Estado involucradas y el Congreso; especialmente de este último, no solo porque es el encargado de la emisión de normas, sino porque últimamente parece que se ha legislado pensando más en la protección de los parlamentarios (y en la de amigos o conocidos) para cuando dejen de serlo, que en la forma más pertinente para combatir eficazmente la delincuencia y la corrupción.    

Y todo lo cual, no solo por una cuestión de justicia, sino también porque está en juego la institucionalidad y seguridad presente y futura de un país como el Perú, que puede y necesita seguir creciendo. Sólo entonces podremos, como vislumbró Barrantes Lingán, celebrar la revolución que haya significado un gobierno eficiente y decente que contribuyó al crecimiento y desarrollo de todos, derrotando o minimizando los efectos de la delincuencia y la corrupción.

Artículo publicado también en el diario La Región el miércoles 12 de marzo de 2025.