Para ser presidente de un país lo normal es prepararse en lo académico y destacar en lo profesional; pero también ser un buen padre, vecino ejemplar y un ciudadano en general admirable. Los dictadores no encajan en dicha descripción porque suelen llegar al poder mediante prácticas antidemocráticas y hasta procedimientos nada santos.
Pedro Castillo Terrones (Imagen De Presidencia de la República del Perú) |
Precariedad del gobierno parece normal en Perú
Hoy, casi ocho meses después de asumir la presidencia Castillo Terrones, debido al gran apoyo electoral de quienes no querían nuevamente en la presidencia a un Fujimori, pero también por la ilusión que en miles de electores rurales de la costa, sierra y selva peruana suscitaba alguien algo "semejante" a ellos, tras sentirse olvidados por los gobiernos predecesores, el Perú sigue en el vaivén político que ha sido la norma desde que Keiko Fujimori perdió ante PPK la presidencia en las elecciones de 2016, con el añadido de que ya no solo es criticable la corrupción que campea en el poder sino también la incompetencia e improvisación evidente incluso en el propio presidente.
Controvertidas decisiones de Pedro Castillo
El Perú debe encontrar su camino
Ojalá todo cambie o termine para que la normalidad social, económica y sanitaria sea efectiva en la medida del demostrado descenso de víctimas del Covid-19, la tormenta política arrecié y todos los peruanos trabajemos realmente por una gran sociedad y un país en la que quepan, incluso, extranjeros que vienen huyendo de la incompetencia de sus propios gobiernos. Más todavía tras cumplir el Perú 200 años de vida independiente y soberana el pasado 28 de julio de 2021.
Parar la ineficiencia y la amenaza de la delincuencia y la corrupción
De lo contrario, la sociedad peruana podría complicarse con la prevalencia de la especie de círculo vicioso en la que se ha convertido su vida política por el constante cambio de presidentes mediante renuncias y vacancias que relega o ralentiza en el Parlamento y otras instancias gubernamentales la fiscalización pertinente y la emisión de normas en contra del aumento de la delincuencia (con los subsecuentes asesinatos por incluso simples robos de celulares, cobro de cupos a emergentes empresarios e incluso a motokarristas, ambulantes y prostitutas muchas veces dedicados a eso por no tener otra opción de supervivencia) y la corrupción que campea a sus anchas en muchas instituciones del Estado a lo largo y ancho del Perú, sin que la Contraloría y la ciudadanía en general puedan hacer algo importante para impedirla o menguarla.
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