El Perú ante la OCDE: deuda social, corrupción y desafíos para el desarrollo

El desarrollo de un país no depende únicamente de mejorar sus indicadores económicos, aprobar nuevas leyes o modernizar los procedimientos administrativos. También exige instituciones públicas capaces de cumplir sus obligaciones, respetar los derechos de los trabajadores, honrar los contratos y garantizar que los recursos del Estado se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Adhesión del Perú a la OCDE

El Perú inició en 2022 su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un camino que implica evaluar y adecuar sus políticas, normas y prácticas a estándares internacionales en ámbitos como la gobernanza pública, la economía, el desarrollo social y la protección ambiental.

OCDE. Reunión por su 50 aniversario
(Imagen vía Wikimedia Commons).

Sin embargo, junto a los desafíos estructurales que enfrenta el país, persisten problemas que afectan la confianza ciudadana y limitan la calidad de la gestión pública. Entre ellos destacan el incumplimiento de obligaciones laborales por parte de entidades estatales, el desconocimiento de compromisos contractuales y las deficiencias en los mecanismos de prevención, investigación y sanción de posibles actos de corrupción.

A partir de dos experiencias vinculadas con municipalidades de Loreto, examino estas dificultades y sus consecuencias. Mi propósito es contribuir al debate sobre las reformas que el Perú necesita para fortalecer sus instituciones, proteger los derechos ciudadanos y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Deuda social: una deuda interna del Estado peruano

Deuda social es el conjunto de obligaciones económicas pendientes que el Estado tiene con trabajadores y servidores públicos, debido a incumplimientos laborales históricos respaldados, incluso, por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Incluye bonificaciones no pagadas (subsidios por enfermedad, luto o años de servicio), preparación de clases (en el caso del sector Educación), o reconocimientos pendientes como diferencias salariales y derechos laborales (gratificaciones, CTS, vacaciones truncas, entre otros).  

Aunque el gobierno central asigna anualmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presupuestos que se transfieren a los gobiernos regionales para el pago de deuda social, muchos gobiernos locales no cumplen con sus compromisos, a pesar de contar con partidas para ello y estar respaldados algunos procesos de cobro por sentencias judiciales.

Municipalidad de Maynas debe beneficios sociales desde el 2018

Respecto al caso que me atañe debo recordar que, tras dejar de laborar en la Municipalidad Provincial de Maynas en febrero de 2018, y recibir la resolución correspondiente un mes después, presenté mi solicitud de liquidación y pago de beneficios sociales por el tiempo que laboré sin gozar del descanso que implica un período anual de vacaciones. Pero fueron infructuosas las gestiones que realicé hasta diciembre de 2018.

Las deudas laborales del Estado deben tener una solución efectiva

En la flamante gestión de don Francisco Sanjurjo, mientras indagaba en enero de 2019 sobre el estado de mi solicitud pendiente de atención y pago desde marzo de 2018, me enteré de que la gestión anterior de doña Adela Jiménez no sólo no había cancelado todos los beneficios sociales de extrabajadores y exfuncionarios, sino que a algunos se les debía incluso el sueldo de los últimos meses de 2018. 

Ello, junto al mensaje que recibí entre el 2019 y 2020 de un trabajador del despacho de administración, en el sentido que “desde arriba” se había ordenado “no pagar beneficios sociales a ningún funcionario de la Adela", hicieron que decline de momento mi pretensión de cobrar los beneficios sociales que Maynas me debía por haber trabajado sin vacaciones durante casi 4 años.

Incumplimiento de obligaciones laborales del Estado peruano

Hacia septiembre de 2023 en la gestión de don Vladimir Chong hablé con la administradora, quien me pidió volver en enero porque las partidas del 2023 se habían agotado. Regresé casi mensualmente el año siguiente a preguntar si había fondos para el pago de mis beneficios sociales, hasta finales de año cuando la misma administradora me mostró sobre su escritorio, varias sentencias judiciales sobre casos similares que tampoco estaban siendo atendidas.

Decidí no volver hasta inicios de 2026 con la ilusión de que, en el último año, la gestión actual decida cancelar sus deudas sociales. Alentadoramente el administrador me aseguró que ello ocurriría hacia marzo, pero que antes debía actualizar mi solicitud. Los primeros días de marzo hablé incluso con el alcalde Chong, tras encontrarle casualmente en la entrada de la maloca municipal; quien atentamente me sugirió coordinarlo con su gerente municipal quien, no obstante, me derivó a su administrador por considerar que mi requerimiento no era asunto de su competencia.

Reforma del Estado peruano para mejorar los derechos laborales

Días o semanas después el alcalde renunció para postular al gobierno regional, los funcionarios cambiaron por la asunción de la nueva alcaldesa y yo sigo sin cobrar dicho derecho laboral, pese al comentario del exadministrador al encontrarle casualmente en un comercio el pasado abril: “he dejado reservado dos millones de soles para el pago de deuda social".

Dicha situación plantea serias interrogantes sobre la planificación presupuestaria y las prioridades de gasto de las entidades involucradas. A lo que cabe añadir la existencia de más de una casación de la Corte Suprema, con el principal argumento de que las municipalidades no pueden utilizar el presupuesto limitado, como razón para no cumplir con el pago de beneficios sociales.

La deuda social, por tanto, es uno de los aspectos en los que el Perú debe mejorar respecto a los países de la OCDE, porque entre ellos los derechos laborales (sueldos dignos, gratificaciones, pactos colectivos, beneficios sociales, entre otros) tienen mayor trascendencia al estar directamente relacionados con uno de los derechos humanos elementales: la dignidad personal.

Desvergüenza de algunos funcionarios públicos

Ahora me ocuparé de otra tara de la administración pública del Perú, manifestada en la actitud irresponsable de ciertas autoridades o funcionarios que pese a gestionar temporalmente una institución, pretenden hacer lo que les da la gana ignorando, por ejemplo, acuerdos o contratos previos de forma arbitraria e ilegal, especialmente en municipalidades distritales o rurales. Lo cual, igualmente, constituye un punto en contra del objetivo peruano de pertenecer a la OCDE, entre cuyos miembros el respeto de los acuerdos entre personas e instituciones es la norma.

Después de suscribir el contrato respectivo en septiembre de 2020, inicié dos procesos de fiscalización tributaria para la Municipalidad Distrital de El Tigre. El primero resultó rápido, satisfactorio y concluyó en abril de 2021 porque el contribuyente no objetó los resultados; el segundo tardó por la cuarentena del Covid-19, por la programación de las inspecciones in situ de este tipo de trabajos y por el tiempo que tarda la tramitación de los recursos que en este caso presentó el contribuyente.

Todo iba normal hasta que presenté los resultados del trabajo a finales de noviembre de 2023, los que el contribuyente reclamó en febrero de 2024 y apeló en abril de 2024, y a pesar de que todo había empezado en la gestión municipal que concluyó en diciembre de 2022 y comprendía ya parte de la nueva iniciada en enero de 2023.

El desconocimiento de contratos suscritos por gestiones anteriores

El nombramiento como administrador en julio de 2024 de un economista de apellidos Ríos Gamboa, implicó el inicio de una serie de desavenencias que contaron después con la venia del alcalde quien, hasta entonces, tenía conocimiento de todo y estaba a la espera de que se produzca el cobro de la deuda involucrada, para destinarla a los gastos inherentes de los gobiernos locales.

El principal argumento del administrador fue que no tenía constancia del trabajo realizado, lo que en parte se debió a que el penúltimo mes de la gestión anterior (en la que su hermano ejercía de administrador), fue noticia el hundimiento de una embarcación con toda la documentación municipal, cuando era llevada a archivarse en su local de Intuto, no en Iquitos donde se genera casi toda y se produce la mayor parte de la gestión administrativa de las municipalidades rurales de la región.

Por mi parte intenté demostrar, infructuosamente, la información y documentación que al respecto había generado y resguardado y que, además, acredita la planificación y gestión que por mi parte han tenido los dos procesos de fiscalización iniciados en septiembre de 2020.

Trabajos que despiertan la codicia de trabajadores y funcionarios

Es fácil deducir la motivación económica de la actitud del administrador porque, en más de una ocasión, comenté en reuniones con el alcalde el monto aproximado de la deuda por recaudar como consecuencia del servicio tributario aún en marcha, el cual concluyó con la resolución del Tribunal Fiscal N.º 05969-7-2025 del 27 de junio de 2025, emitida en respuesta a la apelación del contribuyente y dispuso el pago de gran parte de la deuda determinada según las condiciones que explicaba.

Gestores irresponsables como la gente que les ‘apoya’

Si el administrador no habría actuado como lo hizo, hacia finales de agosto de 2025 la municipalidad habría recaudado la deuda tributaria calculada según lo dictaminado por el Tribunal Fiscal, pues, por el solo hecho de cumplir con lo que me correspondía según el contrato, comuniqué no solo la nueva deuda sino también la forma de proseguir tras el pronunciamiento del Tribunal, mediante una carta con información en formato físico y digital de fecha 09 de julio de 2025, que la municipalidad devolvió solo en formato físico el 21 de julio de 2025, aduciendo -equivocada o malintencionadamente- la desestimación del cobro de dicha deuda por parte del Tribunal Fiscal.

Sin embargo, tres días después la municipalidad solicitó al contribuyente una “cita para tratar resultados del proceso de fiscalización y pronunciamiento del Tribunal Fiscal”, mediante Oficio N.º 113-2025-GAF-MDT del 24 de julio de 2025. Una reunión que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2025 y a la que fueron convocados por la municipalidad el administrador, el asesor jurídico (un exdecano del Colegio de Abogados de Loreto que trabajaría también en la UNAP), y una mujer a la que conocí cuando entré a trabajar en el área de rentas de la municipalidad de Maynas en enero de 1997.

Recursos no recaudados por mera negligencia

Es decir, la municipalidad procedió por su cuenta, pero tomando la información de la deuda que elaboré y presenté física y digitalmente, y valiéndose de dicha mujer experta en tributos que, imagino, habrá declinado poco después porque no creo que alguien con su experiencia, haya incurrido en el error de notificar y pretender cobrar en octubre de 2025, la nueva deuda tributaria mediante unos documentos que a esas alturas del proceso no correspondía según la normativa relacionada.

Actuación que ha facilitado nuevas controversias y retrasado la cobranza, como lo evidencia la presentación de un nuevo recurso por parte del contribuyente, que la municipalidad no ha respondido como corresponde. 

Por lo que la municipalidad sigue sin disponer del dinero producto del trabajo que inicié en septiembre del 2020, según información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y sigo sin cobrar el porcentaje establecido en el contrato según la antecesora y vigente Ley General de Contrataciones Públicas N.º 32069 y su Reglamento, que establecen como modalidad de pago un sistema en base a porcentajes, aplicable a la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, que incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación.

Impunidad y corrupción: problemas de la gestión pública en el Perú

Si no inicié más que una primera conciliación extrajudicial (a la que nadie de la municipalidad acudió), fue porque la deuda tributaria sigue impaga. Y de haber decidido proseguir ante dichas irregularidades que pretenden arrebatar derechos contractuales legítimos, ¿qué hubiera obtenido en los fueros fiscal y judicial infestados de no pocos negligentes y corruptos?

Entretanto, el susodicho sigue al frente de la gestión administrativa de esa municipalidad como si nada hubiera pasado dada la inexperiencia, ingenuidad y hasta ignorancia de muchos alcaldes de zona rural que, en ocasiones, terminan siendo engañados, estafados o chantajeados por trabajadores y funcionarios sin escrúpulos. Lo que no es de extrañar porque, además, no son pocos los trabajadores y funcionarios que permanecen en sus cargos pese a las denuncias presentadas. 

Como es el caso del otro Ríos Gamboa que ha seguido al frente de entes estatales haciendo lo que sabe hacer, tras gestionar el 2024 una importante dependencia regional de la que, según denuncias periodísticas serias y documentadas, habría sustraído ilegalmente casi dos millones de soles, salió temporalmente de la entidad y después regresó sin dificultad para finiquitar seguramente “el trabajo” que, meses antes, había sido interrumpido por las denuncias propaladas. 

Lo que revela, a la vez, el poder del asesor regional de apellido oriental que no pocos identifican como el líder de esta aparente organización criminal, que se desenvuelve muy bien entre todo este débil mecanismo de control y sanción estatal regional. 

Pero también el creciente descaro de gestores y autoridades que ya no se conforman con un porcentaje de la retribución por la prestación de un servicio o la adquisición de un bien, sino que pretenden inclusive todo de lo que únicamente le pertenece al proveedor o prestador del servicio.

Transparencia institucional para el desarrollo económico del Perú

El ingreso del Perú a la OCDE no debe entenderse únicamente como una meta diplomática o económica, sino como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

No puede hablarse de una gestión pública eficiente mientras persistan obligaciones laborales pendientes, se desconozcan compromisos contractuales o los ciudadanos encuentren obstáculos para obtener respuestas oportunas de las entidades públicas. Tampoco será posible recuperar plenamente la confianza en el Estado si las denuncias de irregularidades no reciben una investigación rigurosa y, cuando corresponda, una sanción efectiva.

¿Qué necesita el Perú para ingresar a la OCDE?

El país necesita instituciones que planifiquen responsablemente sus presupuestos, cumplan la ley, seleccionen a sus funcionarios por mérito y exijan resultados verificables. Necesita, además, mecanismos de control que funcionen y procedimientos eficaces para resolver controversias y proteger los derechos de ciudadanos y proveedores.

La lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública no se demuestran únicamente con discursos o nuevas normas. Se demuestran con decisiones, resultados y responsabilidades concretas.

Solo fortaleciendo estas condiciones podremos avanzar hacia un Perú más productivo, institucionalmente sólido y socialmente justo, capaz de generar oportunidades, atraer inversiones y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Artículo publicado también en la edición de hoy del diario La Región de Iquitos.

Cómo reactivar la economía de Loreto: una carta abierta a Keiko Fujimori

Señora presidenta:

Tomó las riendas del país en un contexto de inseguridad y corrupción que ha influido en la precariedad institucional de los últimos años, pero al mismo tiempo auspicioso en lo económico por la eficacia del legado de su padre en ese aspecto que, sin embargo, deberá pulir para que los que menos tienen perciban también los beneficios.

Lo que la Amazonía espera de la hija de Alberto Fujimori

La región Loreto y la selva en general le dio mayoritariamente su apoyo en el último proceso electoral, por ello me permito algunas sugerencias cuyos efectos considero que pueden retribuir de algún modo dicha preferencia y al mismo tiempo revertir el letargo económico que esta parte de la selva del Perú padece desde mediados del decenio pasado cuando empezó un declive provocado por la paralización del sector del petróleo dado el descenso de su precio internacional y por cuestiones locales o nacionales que hay que empezar a tratar con eficacia.

Loreto puede abastecer el petróleo que el Perú necesita
(Imagen de Bloomberg).

Cómo recuperar la inversión petrolera en la Amazonía peruana

Hacia el año 2013 la empresa de capitales franceses Perenco operaba ya los Lotes 39 y 67 e incentivó la inversión de millones de dólares en modernas embarcaciones (remolcadores y naves cisternas) ante la inminente necesidad de transportar el crudo que extraía desde diciembre de 2013 del Lote 67, porque el Oleoducto Nor Peruano no tiene ramales a esa zona. El 2014 la producción promedio diaria del Lote 67 fue de 5162 barriles y el año terminó con una producción total de un millón 884 mil barriles.

Pero todo se ralentizó hacia el 2015 por el descenso del precio internacional del petróleo, por la presión de presuntos dirigentes indígenas que empezaron a cobrar millonarios peajes para que dichas embarcaciones puedan transitar los ríos de la Amazonía y por la mediación de organismos no gubernamentales de desarrollo como Aidesep u Orpio que empezaron a "trabajar" para el establecimiento de la Reserva Territorial Napo Tigre y Afluentes en gran parte del área de los lotes mencionados.

Algo similar ocurrió años después con el Lote 64 en el Datem del Marañón porque comunidades indígenas "asesoradas" por alguna Ong obstaculizaron las operaciones que la empresa Geopark había iniciado y lograron paralizarlo todo, pese a que estaba programado empezar a extraerse petróleo de forma creciente desde el año 2019. A la fecha, ese lote sigue sin movimiento alguno al estar en manos de Petroperú S.A.

Diálogo y participación de las comunidades indígenas

El crecimiento de una sociedad o país no es óptimo si todos no resultan beneficiados, por ello es lógico esperar que las comunidades indígenas o rurales sean también partícipes de los beneficios que reportan actividades económicas como la petrolera, más aún si las zonas de producción son próximas a sus lugares habituales.

El camino será siempre el diálogo razonado entre las partes involucradas, no la absurda obstaculización de los medios que determinada zona tiene para generar progreso sobre la base de cuestiones históricas, ambientales, sociales, antropológicas, políticas o económicas, a veces injustificadas o incluso inventadas. Cuando existe voluntad, todo puede resolverse mejor de la mano de los avances del conocimiento y la tecnología.

Factores que frenan el crecimiento energético del Perú

Por ende, no podemos seguir permitiendo que los entes encargados (Fiscalía, Poder Judicial, Policía Nacional) pasen a veces por alto diversos atentados contra infraestructura pública o privada (oleoducto, instalaciones petroleras, ...) perpetrada por ciudadanos que esperando obtener algún beneficio, consiguen fundamentalmente afectar y hasta paralizar sectores económicos importantes.

Tampoco puede seguir siendo permisible que la ciudadanía o estratos dentro de ellas (como las comunidades rurales), sigan siendo manipuladas o incluso engañadas por organismos de desarrollo generalmente de izquierda. Ong´s que, si de verdad les preocupara el progreso de las comunidades menos favorecidas, deberían por el contrario orientarlas y/o apoyarlas en cuanto a modernas técnicas de gestión de sus recursos potenciales en aras de la sostenibilidad de la zona y el bienestar de sus miembros.

Algunas fuentes sostienen que dicho proceder estuvo en realidad "motivado" económicamente desde algunos países que no quieren perder el lucrativo negocio que implica vender anualmente grandes cantidades de petróleo al Perú.

El Perú puede producir el petróleo que sigue comprando

Sólo en Loreto existen millones de barriles de reservas probadas y probables de petróleo que sigue sin explotarse en los mencionados Lotes 39, 67 o 64, y también en los paralizados pozos del Lote 192 (antaño el de mayor producción); mientras que el Lote 8, aunque ya está en operación de la mano de Upland, Oil & Gas, no ha recuperado su anterior capacidad de producción pese al potencial existente.

Solo el Lote 95 en la zona de Puinahua es explotado con alentadora normalidad por la empresa Petrotal, la cual contará con Halliburton para apoyarla próximamente en actividades de exploración petrolera. Como añadidura Petrotal, además, propició eficaces acuerdos de colaboración con las comunidades de las zonas de explotación que pueden replicarse en otros lugares en aras del progreso sostenido y sostenible del sector petrolero y la región.

Más producción de petróleo para la autosuficiencia energética del Perú

Ahí tiene un camino a seguir, señora presidenta, en aras de la expansión económica de la selva y del resto del país: el apoyo y promoción del sector del petróleo de cuyo nivel de avance dependerá, además, la autosuficiencia energética del Perú. No solo está el potencial mencionado de esta parte de la selva peruana, también cuenta el de las otras regiones petroleras y gasíferas de la costa, sierra y selva del país, y el potencial de las cuencas marinas de Tumbes, Lambayeque o la Libertad.

Iquitos y la región necesitan de la madera y el turismo 

Me permito ahora mencionarle la pertinencia de potenciar nuevamente los sectores de la madera y del turismo, con el objeto de propiciar también la recuperación de una zona que antaño apoyo a su padre, y ahora lo ha hecho a usted.

Los últimos lustros la población de Iquitos ha sido testigo del paulatino cierre de diversos aserraderos de principalmente la Av. La Marina, y también de las orillas de los ríos Nanay, Itaya, o de los lagos de Moronacocha, Zúngarococha o Rumococha. Si bien dicho declive empezó con la introducción de diversas nuevas legislaciones forestales desde comienzos del siglo, fue también evidente una limitada visión respecto a producción sostenible o ambientalmente amigable, por parte de los empresarios del sector históricamente amparados en el abastecimiento de los denominados habilitadores forestales.

Producción forestal sostenible y conservación de la Amazonía

Pero ello no puede y debe seguir siendo óbice para que sea nuevamente motor de crecimiento económico en la región. Máxime, si la producción de madera en esta parte de la Amazonía peruana es hegemónicamente selectiva, lo que significa que se corta solamente algunos árboles según su especie, tamaño o valor comercial, permitiendo un equilibrio entre aprovechamiento económico y conservación ambiental.

Hay que tener en cuenta también que, como hace lustros se demuestra en diversos estudios anuales como los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sector forestal tiene poca responsabilidad en la creciente deforestación de los bosques del mundo, porque ello recae principalmente en la agricultura o la ganadería y, en la selva del Perú, principalmente en la agricultura migratoria.

El turismo puede y debe mejorar en Iquitos y la Amazonía peruana

A continuación, antes de abordar el turismo de la región, considero pertinente recordar una nota de la sección Chiquitas del diario Correo de entre los años 1997 y 1998, porque ha incidido negativamente en el sector especialmente desde que las aerolíneas nacionales Aero Perú y Faucett, dejaron de volar directamente entre Iquitos y Miami a mediados de los noventa.

Informaba la nota que la dependencia del Ministerio de Transporte encargada del transporte aéreo denegó el pedido de algunas compañías aéreas de EE.UU. para volar directamente a la ciudad de Iquitos, con el argumento de que no se podía poner en riesgo la inversión hotelera realizada los últimos años en Lima, la capital del Perú.

Iquitos y la selva peruana requieren vuelos internacionales

El Perú es seguramente uno de los pocos países de la región en el que, hasta la fecha, los vuelos internacionales llegan primero o únicamente a la capital. De seguir todo igual, ninguna ciudad del interior peruano desarrollará como Guayaquil o Cuenca en Ecuador, o Cali Medellín o Barranquilla en Colombia.

Hubo incluso una compañía brasileña con vuelos regulares a Iquitos hasta inicios de los noventa, Cruzeiro, adquirida por la igualmente brasileña Varig en 1975 y totalmente fusionada a ella en 1993.

No habrá desarrollo del Perú con centralismo

Es pertinente, señora presidenta, que la dinamización de las provincias del Perú no sea mera retórica, sino acciones concretas para la promoción de actividades económicas como la del turismo, en la que la región y todo el país tiene evidentes ventajas. Y eso significa medidas o políticas en favor del turismo en Iquitos, la Amazonía y demás regiones, provincias y distritos de la nación.

Beneficios tributarios para las inversiones turísticas

A finales de los noventa, los últimos años del gobierno de su papá, todas las nuevas obras o mejoras realizadas en infraestructura turística preexistente (hostales, hoteles, albergues, …) estaban exoneradas por unos años del Impuesto Predial; y ello, al margen de las exoneraciones, inafectaciones o beneficios que, en general, ya existían y existen con la Ley 27037 de Promoción de la Inversión de la Amazonía promulgada, igualmente, durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori.

Medidas de ese tipo con una duración de entre tres y ocho años, fomentaría nuevamente inversiones en infraestructura turística privada, y haría que el sector esté mejor preparado para cuando vuelvan los vuelos internacionales al aeropuerto de Iquitos.

Cómo convertir a Iquitos en un verdadero destino turístico internacional

Todo lo cual, debería complementarse con las mejoras que al mismo tiempo deben producirse en la ciudad de Iquitos, para que no sea solo una mera localidad de tránsito de turistas desde el aeropuerto o puerto, a los albergues o embarcaciones que operan en la selva amazónica de Loreto. 

En ese sentido, es necesario la mejora de las vías de acceso a la ciudad, principalmente las avenidas de La Marina y Abelardo Quiñonez. ¿Por qué no empezar a proyectar al respecto una gran obra como lo sería un anillo vial? También es pertinente que la población sea más cuidadosa con los desperdicios que buena parte de ella sigue tirando a las calles desde motos, motocarros y demás medios de transporte público y privado.

La ciudad cuenta con innumerables atractivos que hay que potenciar, principalmente las hermosas casonas levantadas durante el apogeo o boom del caucho, todas ellas integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Estoy seguro de que retener a la mayor cantidad de turistas en Iquitos, deparará más beneficios económicos a todos los hosteleros de la ciudad, a quienes presten servicios de transporte y a toda persona natural o empresa que brinde otros servicios o venda productos a visitantes nacionales y extranjeros.

En sus manos el futuro del Perú

Para terminar, señora Keiko Fujimori, consciente que ningún país ha progresado sin instituciones sólidas, bajo el imperio de la corrupción o de la inseguridad, le deseo el mayor de los éxitos en la gestión presidencial que inició. La cual, si la ejecuta transparente, valiente, eficiente y eficazmente, estoy seguro que podrá cumplir los cinco años de su mandato, podremos empezar a celebrar que los miembros de los partidos políticos son mayoritariamente preparados para ser una eficaz alternativa de gobierno cuando la ciudadanía los elija, no una mera aglomeración de improvisados y corruptos ávidos de llegar a los entes estatales para fundamentalmente lucrarse robando, y que la proliferación delincuencial no ha mermado el empuje emprendedor de millones de peruanos que operando en la formalidad o informalidad siguen esforzándose dignamente en aras de mejoras presentes y futuras para su familia, empresa, trabajadores y el país.

Este artículo se publicó también en la edición impresa del diario La Región de Iquitos, Perú, el 15/08/2026.

Elecciones del 12 de abril de 2026: ¿cambio real o más de lo mismo en el Perú?

El próximo 12 de abril habrá en el Perú unas elecciones generales que ojalá sean el punto de inflexión respecto a lo que ha ocurrido en la política y en la gestión general del Estado los últimos años. Que marque el comienzo del final de una etapa en la que un buen número de dirigentes políticos, autoridades y gestores públicos, han mal gestionado y seguido dilapidado recursos, llenándose casi impunemente los bolsillos y relegado la atención de necesidades sociales básicas y la provisión de infraestructuras, en un contexto económicamente favorable.

Palacio de Gobierno del Perú - Casa de Pizarro.

Elecciones de 2026: el poder de los electores y el futuro del Perú

Pero para que ello ocurra, los ciudadanos deben ser conscientes de su poder de decisión electoral y, actuando en consecuencia, meditar antes de votar por uno u otro candidato a presidente o parlamentario, teniendo en cuenta su trayectoria y preparación para el cargo. Sólo así los incompetentes y corruptos serán lo más pocos y serán, en su lugar, elegidas personas sin los antecedentes de aquellos y que no necesitan imitarlos porque previamente obtuvieron gran parte de lo necesario para vivir sobre la base de trabajo decente y eficiente.

El peligro de la impunidad ante la corrupción y la delincuencia

No me ocuparé de la casi impunidad con la que siguen operando algunos gestores y autoridades públicas incompetentes y corruptas en diversas entidades estatales y/o gubernamentales porque diarios y noticieros radiales, televisivos y de Internet, y hasta ciudadanos comunes y corrientes a través de redes sociales lo informan a diario y de la casi complicidad de los entes encargados en teoría de vigilarlos, controlarlos y sancionarlos (policiales, fiscales, la judicatura).

La indiferencia contribuye a la delincuencia

Quiero destacar la forma cómo lo expuesto en el párrafo precedente, explica también el incremento de la delincuencia y/o terrorismo urbano porque actúa como un modelo a seguir cuando los infractores de saco y corbata no terminan donde deben hacerlo los delincuentes y, sobre todo, siguen viviendo como si nada pasara, y con muchísimo más dinero y en superiores condiciones que el común de las personas.

Sigue ignorándose, ingenua y peligrosamente, que precisamente la falta de acción contra el delito genera impunidad, fomenta su aumento y reincidencia; crea un círculo vicioso de inseguridad social, económica e institucional. Por lo que será más eficaz reducir la criminalidad con el aumento de las penas, pero también con un enfoque integral que incluya inteligencia policial, certeza en la detención y políticas sociales.

Un parlamento más alineado con el crimen que con el bien común

Y a todo ello ha contribuido, también, el Congreso al no legislar cómo y cuándo correspondía contra dicho actuar delincuencial de los servidores públicos y los terroristas urbanos. Pareciera, incluso, que actuó en línea con ellos los últimos años dado el comportamiento de muchos congresistas al promover leyes en pro del delito que, por ejemplo, en lugar de perseguir protege a los criminales y a los bienes que obtienen de forma ilícita.

Ideologías políticas tan peligrosas como la delincuencia

Me ocuparé ahora de otra de las taras de la política peruana que, como la negligencia, la incompetencia, la corrupción o la delincuencia, lastran o ralentizan el desarrollo de cualquier sociedad libre y democrática como la peruana. Me refiero a la que manifiestan políticos de izquierda o socialistas pese a las evidencias en contra de muchas de las ideas económicas, políticas o sociales que siguen propugnando.

Recuerdo un video corto que se hizo viral hace unos años, en el que el protagonista exponía sólo dos razones para dicha forma de proceder.

No hay progreso centralizando y controlando estatalmente la economía

Decía el protagonista que un izquierdista solo puede serlo por ignorancia y/o maldad. En el primer caso, porque sigue sin entender que las más importantes maneras que sigue considerando como pertinentes para gestionar una sociedad o Estado en aras de su desarrollo, no funcionaron en los países en los que se experimentó con su implantación; y en el segundo caso porque, conscientes que el modelo de gestión estatal y de desarrollo que pregonan no es válido, hay que ser malo (mentiroso, populista, demagogo) para seguir engañando a electores mayormente ingenuos, ignorantes y pobres, que pueden mejorar su situación apoyando las políticas arcaicas y hasta irracionales que siguen pregonando. 

Lo cual está también en línea con lo que esgrime el investigador y profesor venezolano, Guillermo Rodríguez González, en el sitio web Panam Post:

(...) El socialismo, en tanto más se le estudia, más se revela como resentido empeño en justificar algo impracticable y destructivo. Choca descubrir tanta maldad tras lo que venden como bien supremo. Absurdo en lo que llaman ciencia superior y definitiva. Y entender que no traerá sino miseria el intentarlo.

Incluso puede encontrarse en Internet videos en los que ciudadanos comunes y corrientes, y hasta líderes de izquierda, explican la necesidad de mantener la pobreza porque solo así se puede garantizar sus permanencia o vigencia política.

Libertad, propiedad privada y seguridad impulsan el desarrollo

Lo único bueno de todo ello, no obstante, es que puede cambiarse el enfoque. Es decir, tales políticos pueden realmente hacer una política cuyo objetivo sea el bienestar de todos los ciudadanos, no de mayormente un grupo, sector o clase; trabajar efectivamente por el denominado bien común. Y ello solamente es posible en un contexto de libertad, propiedad privada, seguridad social e institucional, y provisión de infraestructura; donde el Estado gestione, supervise, emita las normas pertinentes e intervenga, fundamentalmente, para corregir los denominados fallos del mercado que son por lo general el resultado de actitudes humanas desde el lado empresarial o privado, no siempre alineadas con el bien común.

Así lo entendió muy bien China luego de empezar a conocer su presidente (dictador comunista) la realidad de Hong Kong, Taiwán o Corea del Sur hace más de 50 años. Se convenció Mijail Gorbachov en 1985; y no le quedó más que iniciar la denominada reestructuración de la economía política de la URSS, conocida a la postre como perestroika. Incluso Mario Vargas LLosa lo comprendió tras ser un entusiasta admirador de Fidel Castro y su revolución, al percatarse que se había iniciado en la isla caribeña una estupidez que dura ya más de seis décadas y que tiene a Cuba como el país paria que es. 

Pero para que ello ocurra es necesario valentía y honestidad para reconocer que se estaba equivocado y, después, actuando en consecuencia evolucionar sobre la base de sentido común y mayor conocimiento adquirido y asimilado.

El Perú padeció políticas de izquierda con Velasco Alvarado y Pedro Castillo

Y no hay que ir muy lejos en términos de distancia y tiempo para recordar lo que respecto a políticas izquierdistas, socialistas o comunistas, vivimos o padecimos en el Perú hasta hace poco más de tres años. En el felizmente breve período de gobierno de Pedro Castillo, no solo fue patente la falta de idoneidad y capacidad de muchos ministros, parlamentarios, gestores y autoridades públicas, sino también una premeditada disposición a lucrarse en desmedro del país y los ciudadanos. 

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas iniciado por el General Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, fue otro ejemplo de la forma equivocada en que gobiernos o dictaduras de izquierda pretenden seguir gestionando un país en aras de su desarrollo. No voy a incidir en las nacionalizaciones, expropiaciones, reformas agrarias y en las otras políticas que son propias o inherentes a este tipo de gobierno sino en una de sus motivaciones que ha sido históricamente soslayada o ignorada.

Qué provocó la revolución del chino Juan Velasco Alvarado

No se trató solo de la denominada Página 11 del contrato entre el gobierno de Fernando Belaunde y la International Petroleum Company (IPC), una página de la que todavía hoy no se conoce prueba o evidencia. La causa más factible fue que por esos días el parlamentario por Loreto, Héctor Vargas Haya, presentaría los resultados del trabajo de la comisión investigadora del Congreso que presidió, formada con el objetivo de indagar respecto a la vinculación de la Marina con sus navíos en particular, y de las Fuerzas Armadas en general con operaciones de contrabando que, a la postre, solo pudieron ser denunciadas en su libro Contrabando publicado unos años después, y el cual cuenta hasta la fecha con 5 ediciones.

Incluso la odisea que pasó Vargas Haya para lograr publicar dicho libro la plasmó años después en otra de sus publicaciones, El calvario de un libro. Y existen otros dos referidos al mismo tema, Defraudadores y contrabandistas, de 1977, y Anecdotario del contrabando, de 1980. Entre otras publicaciones sobre Loreto, la Amazonía y el Perú, con el enfoque que solo puede permitirse un profesional con la vasta y digna vida política y profesional del señor Héctor Vargas.

Elecciones Perú 2026: la importancia del voto que marcará el futuro del país

Queda en manos de los electores la elección de un presidente que sepa gestionar el presente del país de cara a un mejor futuro para todos los peruanos. Lo cual será más fácil con alguien que, al margen de ideologías políticas, tiene las cosas claras en cuanto a la forma de gestionar un país sobre la base de modelos que ya demostraron éxito en otros lugares.

Solo así serán pocas las opciones de que, de entre los 35 candidatos a la presidencia, vuelva al gobierno gente aventurera, que todavía cree en modelos de gestión y desarrollo que nunca funcionaron, y que además necesita del Estado lo que no ha podido ganar aún, privada o de manera independiente, por negligencia o mera incapacidad.

Artículo publicado también en la edición impresa del jueves 9 de abril de 2026, del diario La Región de Iquitos.

Cuidar el dinero público es cuidar al Perú

Cuando nos acostamos o salimos de casa, solemos dejarla protegida ante la amenaza de quienes están acostumbrados a robar; muy conscientes de que lo que nos pueden sustraer o robar, no nos lo regalaron, sino que nos costó meses o incluso años de trabajo y sacrificios. Con el Perú debemos actuar igual. No podemos seguir permitiendo que algunos de los que gestionan los entes públicos, sigan sustrayendo impunemente gran parte de los presupuestos anuales que se han quintuplicado desde el año 2000, diluyéndose las posibilidades de aminorar las deficiencias en salud, educación, vivienda e infraestructuras.

Paremos tod@s la corrupción.
(go2huqgraphics vía www.freepik.es)

Actuar por el presente y el futuro del Perú

Es pertinente detener dicho desperdicio de recursos porque es el resultado de la estabilidad, el crecimiento y el esfuerzo de millones de personas naturales, empresas y demás instituciones desde inicios de los noventa, cuando el Perú tuvo que superar una gran crisis económica y combatir eficazmente el asecho político armado de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru con manifestaciones que, en su sano juicio, nadie querría volver a vivir o padecer (algunas similares a las que la delincuencia o terrorismo urbano empezó a perpetrar).

La corrupción aumenta y la indecente vida de los corruptos

Si la corrupción prolifera es porque los medios para combatirla no son los adecuados, no ha existido voluntad política e institucional firme hasta tiempos recientes o porque es creciente el número de ciudadanos que, por uno u otro motivo, se callan o pasan al lado ilegal de la sociedad. A la vez, entes como la Policía Nacional, La Contraloría, el Ministerio Público o el Poder Judicial, no cumplen eficiente y eficazmente la función que la ley les asigna. Y el mecanismo ciudadano de la revocatoria no resulta eficaz para dejar oportunamente sin efecto los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores elegidos por sufragio, cuando sus titulares degeneran en incompetentes o corruptos.

Entretanto, muchas autoridades o gestores públicos sin escrúpulos se siguen llenando ilegalmente los bolsillos para alimentar egos, vicios y un tren de vida superfluo e indecente no solo porque nadie más puede ostentar, sino porque así le roban al Perú el dinero que todavía requiere para seguir creciendo.

Combatir la corrupción desde lo cotidiano y simple

Basta, sin embargo, una simple y honesta preocupación por lo que pasa en el Perú y un sentido de responsabilidad por su futuro, para tratar de conocer y/o entender las causas de la actual situación de precariedad social e institucional causada por la corrupción y el crimen, con la sola finalidad de revertirla; y no hay que ser político, autoridad o congresista para ello.

Todos podemos actuar contra los signos de la corrupción, el clima delincuencial que no cesa y la inseguridad en general según nuestra condición, preparación o experiencia: como ciudadanos comunes y corrientes en cualquier entidad pública o privada prestando servicios profesionales de forma dependiente o independiente, como proveedor de bienes, como trabajador autónomo o emprendedor, empresario, incluso interactuando en el colegio profesional al que se pertenece.

Actos comunes y corrientes contra la corrupción

Podemos identificar factores o circunstancias que lo siguen permitiendo, preguntarnos por qué en lugar de menguar se trata de problemas que amenazan la convivencia social y la institucionalidad del Perú, o proponer ideas que coadyuven a su disminución. Y en ese sentido puede ser útil no solo la experiencia propia y de terceros, sino también las noticias de periódicos o radios, noticieros de TV o de Internet, y redes sociales serias e informadas.

Beneficios de haber sido víctima de los corruptos

También es importante difundir la experiencia de haber sido víctimas de autoridades y gestores públicos mafiosos y sin escrúpulos, hacer público sus modus operandi porque lo conocemos al haberlos padecido y, así, hacer que todos tengan mayor precaución y actúen en consecuencia previniendo las asechanzas.

Otros efectos de la corrupción

Y en ocasiones valdría incluso la negación prudente de las pretensiones de corrupción o chantaje propuestas por muchos delincuentes de saco y corbata en las instituciones públicas, aunque ello implique perder todo o gran parte de la retribución de un buen proyecto propuesto y ejecutado, por la prestación satisfactoria de cualquier otro servicio profesional, o por la provisión de algún bien.

Acción ciudadana contra los delincuentes de saco y corbata

Complementariamente, compete a los ciudadanos ser más conscientes de la situación imperante por la inacción irresponsable y hasta quizá cómplice de la policía, la contraloría, la fiscalía o el poder judicial, y actuar en consecuencia con valentía y precaución, en virtud del poder que en todo Estado democrático recae en la ciudadanía.

Un poder que puede manifestarse mediante mecanismos formales como el voto, referéndums, plebiscitos, iniciativas legislativas, revocatorias de mandatos; o a través de procesos informales como cabildos abiertos o rendiciones de cuenta, foros, consultas, observación, y especialmente mediante activismo y movilización social con protestas, campañas y redes sociales con el fin de influir en las decisiones políticas.

Criticable apatía ciudadana que los corruptos aprovechan

A finales de los noventa había en Loreto valientes grupos organizados que protestaban contra el controvertido poder de Fujimori, contra los signos de la corrupción o el centralismo, y que incluso iniciaron en Iquitos el 24 de octubre de 1998, una serie de protestas que hacia el año 2000, se hicieron nacionales y terminaron con la caída del chino.

Protestas similares, sin embargo, hoy prácticamente no existen por una inaceptable apatía por lo que ocurre en Iquitos, Loreto y el Perú, que las organizaciones criminales enquistadas en parte de la administración pública y la política deben celebrar y hasta agradecer porque, de esta manera, pueden seguir delinquiendo libre e impunemente.

Cómo vencer la corrupción sin discursos

No obstante, la acción ciudadana en las formas mencionadas puede ser útil y eficaz para socavar, aún, las redes de la corrupción y la delincuencia. 

Mediante protestas o denuncias por parte de ciudadanos comunes y corrientes e, incluso, de trabajadores de la entidad involucrada ante el nombramiento de un incompetente o corrupto, como gestor o asesor de una entidad pública; y no solo porque lo afirme así algún rival político, sino porque existan innumerables noticias disponibles incluso en Internet, sobre sus delictivos antecedentes y hasta sentencias que, habiendo sido apeladas, son generalmente incumplidas o "pasadas por alto" irresponsablemente por personal de la policía, la contraloría, la fiscalía o el poder judicial.

El poder ciudadano para evitar la corrupción

En suma, mediante activismo y movilización social, podría evitarse oportuna y eficazmente que muchos políticos o gestores públicos vuelvan a delinquir robando casi impunemente, infravalorando el costo de una obra o la contratación de un servicio, contratando sin el procedimiento legal establecido, etc.

Además, no sería tan fácil que sigan administrando importantes dependencias estatales como las de educación (muy codiciadas por los corruptos de diversas gestiones regionales los últimos lustros), verdaderos delincuentes según varios indicios presentados, por ejemplo, en valientes publicaciones en diarios y redes sociales, de alguna sagaz periodista de investigación que, no obstante denunciar un posible desfalco de casi dos millones de soles, no parece haber sido suficiente para que alguien presente una denuncia formal o para que la fiscalía de prevención del delito o cualquier otra institución inicie diligencias de investigación preliminar para, al menos, verificar la veracidad de la información difundida.

Facilidad sospechosa para que ocurran delitos

De haberse iniciado alguna diligencia por parte de los entes estatales correspondientes o por iniciativa, incluso, de algún maestro que no cobra la deuda social que le tienen por prestar sus servicios por lustros y hasta décadas, no hubiera sido tan fácil que el "hábil" susodicho regrese meses después a la misma entidad pública para ordenar, ocultar o terminar satisfactoriamente el "trabajo" que, meses antes, no pudo debido al revuelo y demás consecuencias de la denuncia periodística.

Y si situaciones como esa ocurren es porque se deduce que existiría una muy bien montada organización criminal a cuyos líderes no es difícil comprar (para acallarlos y hacerlos cómplices), a quien o quienes haga falta en las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción y la delincuencia, a cambio de llenarles los bolsillos con una mínima parte de los millones que ellos roban de las instituciones públicas, en desmedro del bienestar y los intereses de todos los peruanos.

Los corruptos cómplices de los ‘entes de justicia’

También suele ocurrir que alguien de la fiscalía o el poder judicial avisa por teléfono a los investigados de una inminente toma de locales para extraer equipos y documentación con más información del caso investigado y comunicando, a la vez, la detención preliminar de algunos de ellos con la única intención de que todo se paralice cuando pagan las decenas de miles de soles que los corruptos de la “administración de justicia” suelen requerir en estos casos.

Los que todavía “trabajan” son los que suelen pagar al instante al tener, aún, el control de los fondos para robarlo o sustraerlo descarada y casi impunemente. Los que ya fueron gestión, a los que se les advierte cuando solo están a la espera del desarrollo de un juicio por alguna denuncia pendiente, no la tienen tan fácil; y quizá por ello, al líder de Fuerza Loretana se le sentenció y encarceló casi de 10 años después de dejar la administración regional, al igual que a la única mujer que presidio hasta ahora la comuna de Maynas sentenciada 8 años después de concluir su gestión.

Todo lo cual, es vox populi en los corrillos y reuniones sociales de Iquitos y la región en general, no una mera invención de alguien preocupado por el problema de la corrupción en el Perú.

La corrupción lastra el desarrollo

Resumiendo. Si queremos que el Perú realmente se desarrolle, no podemos dejar que todo siga como hasta ahora: que incompetentes y especialmente corruptos sigan gestionando las instituciones públicas peruanas. De la misma forma en que una buena madre, no dejaría nunca el cuidado de sus hijos, en manos de un violador.

Cabe recordar que China se consolidó como la segunda economía del mundo por su apertura al mercado y dar facilidades a la inversión privada, pero también por su innegociable combate a la corrupción con incluso la pena de muerte. Singapur y Hong Kong son otros dos ejemplos de grandes economías con férreas políticas anticorrupción, aunque en estos casos sin incluir la pena de muerte.

Elecciones de 2026: la importancia de un voto responsable

Por ello es pertinente y hasta necesario, saber o aprender a elegir a gestores públicos o autoridades con preparación y sin antecedentes delictivos, que no tengan la costumbre o el objetivo de tomar más de lo que les corresponde de las arcas del Estado porque sus formación o principios se lo impiden, y porque no tienen la necesidad al haber obtenido previamente en el ámbito privado lo necesario para vivir merced a un ejercicio decente y eficiente de su profesión.

Ya no es tiempo de elegir, como en el 2021, a otro improvisado candidato solo por la cierta ilusión que depare ante el fracaso de sus antecesores, en teoría profesionales de la política, para gobernar un país como el Perú que pese a los escándalos políticos no para de crecer.

La clave contra la corrupción y el crimen

¿Se imaginan al Perú luego de cinco o diez años de ser liderado por un presidente honesto, transparente y eficiente? No tendremos nada que envidiar a Singapur, Austria, Brasil o Chile. Pero antes es necesario que la preparación, la idoneidad y la decencia sean los pilares del ejercicio profesional de todo funcionario, político o gestor público. 

De esta manera la Policía, la Contraloría, la Fiscalía o el Poder Judicial serán más eficientes y eficaces y destacarán, también, por proponer normas para mejorar la labor general del Estado; mientras que la Contraloría no solo publicará anualmente los miles de millones de soles que el Perú sigue perdiendo a causa de la corrupción, sino también los montos recuperados o dejados de perder debido a un desempeño correcto y transparente de las instituciones públicas.

Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el miércoles 21 de enero de 2026.

El Perú y el dilema de escoger entre más de 40 candidatos presidenciales

El 12 de abril de 2026 el Perú elegirá nuevo presidente, renovará a los congresistas que ahora serán diputados y elegirá a senadores después de 36 años (la última vez fue en 1990), en el marco de las Elecciones Generales de 2026. Los electores, sin embargo, podrán encontrarse ante la inédita disyuntiva de tener que elegir entre más de cuarenta candidatos presidenciales, cuyos partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, se habrían mayoritariamente formado para intentar ostentar el poder y aprovechar los beneficios que el sistema político le ha impregnado los últimos lustros.

Presidenta Dina Boluarte. 
Créditos: Infobae.

La razón ignorada u olvidada de la Política

Algo lejos de la concepción inicial de la política del griego Aristóteles, según la cual el trabajo de las autoridades o gestores públicos debe esencialmente tener como objetivo el bien común o de todos, un bienestar general acorde con el interés colectivo de una comunidad y en contraste con intereses individuales o privados; mediante un esmerado ejercicio de la función pública sobre la base de la preparación, la eficiencia y la decencia. 

Quiénes saldrán elegidos es una pregunta con respuesta imprevisible dada dicha proliferación de partidos, teniendo en cuenta los resultados de la última elección presidencial y el carácter controvertido del elector peruano que suele votar más por simpatías que por propuestas coherentes, la valía o la idoneidad de los candidatos.

La precariedad política peruana

No obstante, la existencia de partidos políticos formales o legales, la política peruana es en general precaria por dicha proliferación de partidos que no cuentan -en muchos casos- con estructura sólida ni cuadros competentes debido en parte al fracaso de los partidos tradicionales y a la aparente incapacidad estatal y social para monitorear y controlar la eficacia y transparencia del gasto gubernamental.

Ello ha provocado que la corrupción aumente y que surjan nuevos adinerados inescrupulosos que pretenden seguir en la función pública o atraer a otros interesados en el enriquecimiento fácil, merced a dicha proliferación de partidos políticos precarios. Un botín muy atractivo, además, para quienes lucran con el narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios delincuenciales.

Partidos políticos para hacer negocios antes que para gobernar

Sin duda existen ciudadanos competentes y decentes que, habiendo heredado alguna fortuna, triunfado profesionalmente en el ámbito privado o querer simplemente hacer algo ante los efectos de la improvisación, la ineficiencia, la corrupción gubernamental o la delincuencia, deciden participar activamente en política a través de un partido de reciente formación o aprovechando alguna estructura partidaria existente. 

Los pocos partidos preexistentes, no obstante, no son agrupaciones políticas consolidadas por su prestigio, trayectoria o experiencia ni gestionados en su mayoría por ciudadanos probos y preparados para la gestión de una ciudad, región o país sobre la base de modelos de desarrollo viables porque ya funcionaron en otros lugares y sustentados en las ventajas o potencialidades de la zona.

Y los partidos de nueva formación son en su mayoría meras personas jurídicas inscritas ante el JNE atraídas por el lucro que entrañan los ilegales negocios que los últimos años se gestan crecientemente en distintas instancias y dependencias del aparato estatal.

La subasta para postular a un cargo público o político

Debido a ello la ley no se estaría aplicando porque no suelen resultar como candidatos quienes son elegidos en comicios partidarios internos en los que destacan las propuestas, la experiencia, la idoneidad o la transparencia de los candidatos, sino lo que diga o decida el dueño del partido y/o quien haya pagado más por las candidaturas disponibles.

Debido a ello los últimos meses muchos candidatos se han estado preparando para postular a la presidencia y al parlamento en abril de 2026 y a las municipalidades y los gobiernos regionales el 4 de octubre del mismo año, contando más que con experiencia e idoneidad con el suficiente respaldo económico para comprar el cupo a presidente, parlamentario, alcalde o gobernador que los dirigentes o gestores de tales remedos de partidos suelen ofertar al mejor postor.

La lección no aprendida con Pedro Castillo

Evidentemente la elección Pedro Castillo el 2021 no fue la máxima expresión de la precariedad de la política peruana, ni el punto de inflexión para que todo cambie o mejore dado el aludido panorama electoral que revela, entre otras cosas, que estamos peor que antes porque existen precandidatos a la presidencia incluso peores que aquel.

No a los políticos que defienden políticas o ideologías desfasadas

¿Cómo puede haber personas e instituciones que todavía abogan por ideologías que han fracasado en todos los países en los que pretendieron encauzar el desarrollo en base a sus dictados? De la ex URSS a Cuba, Bolivia o Venezuela, pasando por China; un país este último que, para convertirse en la segunda economía mundial, tuvo que dejar atrás la centralización, la falta de libertad o la opacidad que caracteriza a los regímenes de izquierda radical.

El pacto del Congreso y la presidenta

Y que tras salir Castillo Terrores quedara en su lugar su vicepresidenta no ha hecho más que ahondar el desprestigio de los gestores políticos y por extensión de los partidos políticos; especialmente desde el Congreso de la República. 

Dado el contubernio que desde diciembre de 2022 existe entre la mayoría parlamentaria dominada por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (al que se suma cuando le conviene Podemos, Perú Libre, Acción Popular o Avanza País, entre otros congresistas que fueron elegidos por una agrupación, pero hoy están en otro grupo político o como "independientes"), para mantener en el poder a la cuestionada presidente Dina Boluarte hasta julio de 2026.

Leyes que no benefician a todos

Aunque hasta el momento, ello haya implicado rebasar los límites de la decencia y la legalidad con la única finalidad de durar como sea hasta el final de la gestión, perpetuarse en el poder logrando postular ahora como senadores o pretendiendo que lo hagan otros correligionarios con la desestimada intensión de conseguir la reelección de alcaldes y gobernadores (para lo cual impusieron al Ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez R. un nuevo reparto del IGV sin cumplir los procesos correspondientes, para beneficiar a alcaldes que querían reelegirse, pero que hasta el 2030 hará que el Tesoro Público deje de recaudar unos 10 mil millones de soles).

¿Leyes en pro de la corrupción y la delincuencia?

O protegiéndose incluso legalmente de las denuncias que previsiblemente les lloverán a muchos cuando dejen de ser parlamentarios, lo que ha significado mantener o aumentar las tasas de criminalidad y corrupción que afectan actualmente al Perú y que sea, por ende, más difícil combatir dichas amenazas a la seguridad e institucionalidad peruana. En contra de lo cual se han pronunciado diversas voces desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros entes y personas.

La solidez de la economía peruana amenazada          

Y como añadidura, dicho proceder congresal parece amenazar incluso la racionalidad y solidez económica que ha caracterizado al Perú las últimas décadas, de manera particular desde la codiciada Comisión de Presupuesto del Congreso. Lo cual es preocupante porque ello, precisamente, es lo que ha permitido al país mantener su institucionalidad y viabilidad a pesar de los vaivenes políticos de la última década.

El Congreso y una capacidad de gasto que no le compete

Como consecuencia, el presupuesto del Congreso el 2025 será de S/. 1,052,818,293 (Mil Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Dos Cientos Noventa y Tres Soles), más de tres veces más que el presupuesto del año 2010 cuando solo alcanzó los 323 millones. Al atribuirse una capacidad de gasto merced a una controvertida decisión del Tribunal Constitucional, que está expresamente prohibida en el artículo 79° de la Constitución Política para, precisamente, impedir una irresponsable generación de gasto. 

En esa línea, y conforme lo hizo la presidenta Boluarte, pretenden además subirse el sueldo en el último año de gestión de un gobierno que será previsiblemente recordado como uno de los más nefastos e irresponsables de la historia.

El futuro del Perú en manos de los electores

Le corresponde a cada elector reflexionar sobre lo acontecido con la política peruana los últimos lustros, analizar las ventajas que pese a todo sigue teniendo el país para estabilizarse y crecer, y entender la importancia de saber escoger entre más de 40 candidatos a presidente a la persona mejor preparada para dirigir al Perú sobre la base de demostrado éxito profesional y solvencia moral.

Solo así habrá mínimas posibilidades de elegir nuevamente a alguien que más que servir y trabajar por la estabilidad y el desarrollo de un país con una historia memorable y potencialidades ilimitadas como el Perú, le interesa principalmente beneficiarse de los negocios que se gestan ilegalmente en distintos ámbitos del Estado o el Gobierno.

Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el 08 de septiembre de 2025.