Elecciones del 12 de abril de 2026: ¿cambio real o más de lo mismo en el Perú?

El próximo 12 de abril habrá en el Perú unas elecciones generales que ojalá sean el punto de inflexión respecto a lo que ha ocurrido en la política y en la gestión general del Estado los últimos años. Que marque el comienzo del final de una etapa en la que un buen número de dirigentes políticos, autoridades y gestores públicos, han mal gestionado y seguido dilapidado recursos, llenándose casi impunemente los bolsillos y relegado la atención de necesidades sociales básicas y la provisión de infraestructuras, en un contexto económicamente favorable.

Palacio de Gobierno del Perú - Casa de Pizarro.

Elecciones de 2026: el poder de los electores y el futuro del Perú

Pero para que ello ocurra, los ciudadanos deben ser conscientes de su poder de decisión electoral y, actuando en consecuencia, meditar antes de votar por uno u otro candidato a presidente o parlamentario, teniendo en cuenta su trayectoria y preparación para el cargo. Sólo así los incompetentes y corruptos serán lo más pocos y serán, en su lugar, elegidas personas sin los antecedentes de aquellos y que no necesitan imitarlos porque previamente obtuvieron gran parte de lo necesario para vivir sobre la base de trabajo decente y eficiente.

El peligro de la impunidad ante la corrupción y la delincuencia

No me ocuparé de la casi impunidad con la que siguen operando algunos gestores y autoridades públicas incompetentes y corruptas en diversas entidades estatales y/o gubernamentales porque diarios y noticieros radiales, televisivos y de Internet, y hasta ciudadanos comunes y corrientes a través de redes sociales lo informan a diario y de la casi complicidad de los entes encargados en teoría de vigilarlos, controlarlos y sancionarlos (policiales, fiscales, la judicatura).

La indiferencia contribuye a la delincuencia

Quiero destacar la forma cómo lo expuesto en el párrafo precedente, explica también el incremento de la delincuencia y/o terrorismo urbano porque actúa como un modelo a seguir cuando los infractores de saco y corbata no terminan donde deben hacerlo los delincuentes y, sobre todo, siguen viviendo como si nada pasara, y con muchísimo más dinero y en superiores condiciones que el común de las personas.

Sigue ignorándose, ingenua y peligrosamente, que precisamente la falta de acción contra el delito genera impunidad, fomenta su aumento y reincidencia; crea un círculo vicioso de inseguridad social, económica e institucional. Por lo que será más eficaz reducir la criminalidad con el aumento de las penas, pero también con un enfoque integral que incluya inteligencia policial, certeza en la detención y políticas sociales.

Un parlamento más alineado con el crimen que con el bien común

Y a todo ello ha contribuido, también, el Congreso al no legislar cómo y cuándo correspondía contra dicho actuar delincuencial de los servidores públicos y los terroristas urbanos. Pareciera, incluso, que actuó en línea con ellos los últimos años dado el comportamiento de muchos congresistas al promover leyes en pro del delito que, por ejemplo, en lugar de perseguir protege a los criminales y a los bienes que obtienen de forma ilícita.

Ideologías políticas tan peligrosas como la delincuencia

Me ocuparé ahora de otra de las taras de la política peruana que, como la negligencia, la incompetencia, la corrupción o la delincuencia, lastran o ralentizan el desarrollo de cualquier sociedad libre y democrática como la peruana. Me refiero a la que manifiestan políticos de izquierda o socialistas pese a las evidencias en contra de muchas de las ideas económicas, políticas o sociales que siguen propugnando.

Recuerdo un video corto que se hizo viral hace unos años, en el que el protagonista exponía sólo dos razones para dicha forma de proceder.

No hay progreso centralizando y controlando estatalmente la economía

Decía el protagonista que un izquierdista solo puede serlo por ignorancia y/o maldad. En el primer caso, porque sigue sin entender que las más importantes maneras que sigue considerando como pertinentes para gestionar una sociedad o Estado en aras de su desarrollo, no funcionaron en los países en los que se experimentó con su implantación; y en el segundo caso porque, conscientes que el modelo de gestión estatal y de desarrollo que pregonan no es válido, hay que ser malo (mentiroso, populista, demagogo) para seguir engañando a electores mayormente ingenuos, ignorantes y pobres, que pueden mejorar su situación apoyando las políticas arcaicas y hasta irracionales que siguen pregonando. 

Lo cual está también en línea con lo que esgrime el investigador y profesor venezolano, Guillermo Rodríguez González, en el sitio web Panam Post:

(...) El socialismo, en tanto más se le estudia, más se revela como resentido empeño en justificar algo impracticable y destructivo. Choca descubrir tanta maldad tras lo que venden como bien supremo. Absurdo en lo que llaman ciencia superior y definitiva. Y entender que no traerá sino miseria el intentarlo.

Incluso puede encontrarse en Internet videos en los que ciudadanos comunes y corrientes, y hasta líderes de izquierda, explican la necesidad de mantener la pobreza porque solo así se puede garantizar sus permanencia o vigencia política.

Libertad, propiedad privada y seguridad impulsan el desarrollo

Lo único bueno de todo ello, no obstante, es que puede cambiarse el enfoque. Es decir, tales políticos pueden realmente hacer una política cuyo objetivo sea el bienestar de todos los ciudadanos, no de mayormente un grupo, sector o clase; trabajar efectivamente por el denominado bien común. Y ello solamente es posible en un contexto de libertad, propiedad privada, seguridad social e institucional, y provisión de infraestructura; donde el Estado gestione, supervise, emita las normas pertinentes e intervenga, fundamentalmente, para corregir los denominados fallos del mercado que son por lo general el resultado de actitudes humanas desde el lado empresarial o privado, no siempre alineadas con el bien común.

Así lo entendió muy bien China luego de empezar a conocer su presidente (dictador comunista) la realidad de Hong Kong, Taiwán o Corea del Sur hace más de 50 años. Se convenció Mijail Gorbachov en 1985; y no le quedó más que iniciar la denominada reestructuración de la economía política de la URSS, conocida a la postre como perestroika. Incluso Mario Vargas LLosa lo comprendió tras ser un entusiasta admirador de Fidel Castro y su revolución, al percatarse que se había iniciado en la isla caribeña una estupidez que dura ya más de seis décadas y que tiene a Cuba como el país paria que es. 

Pero para que ello ocurra es necesario valentía y honestidad para reconocer que se estaba equivocado y, después, actuando en consecuencia evolucionar sobre la base de sentido común y mayor conocimiento adquirido y asimilado.

El Perú padeció políticas de izquierda con Velasco Alvarado y Pedro Castillo

Y no hay que ir muy lejos en términos de distancia y tiempo para recordar lo que respecto a políticas izquierdistas, socialistas o comunistas, vivimos o padecimos en el Perú hasta hace poco más de tres años. En el felizmente breve período de gobierno de Pedro Castillo, no solo fue patente la falta de idoneidad y capacidad de muchos ministros, parlamentarios, gestores y autoridades públicas, sino también una premeditada disposición a lucrarse en desmedro del país y los ciudadanos. 

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas iniciado por el General Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, fue otro ejemplo de la forma equivocada en que gobiernos o dictaduras de izquierda pretenden seguir gestionando un país en aras de su desarrollo. No voy a incidir en las nacionalizaciones, expropiaciones, reformas agrarias y en las otras políticas que son propias o inherentes a este tipo de gobierno sino en una de sus motivaciones que ha sido históricamente soslayada o ignorada.

Qué provocó la revolución del chino Juan Velasco Alvarado

No se trató solo de la denominada Página 11 del contrato entre el gobierno de Fernando Belaunde y la International Petroleum Company (IPC), una página de la que todavía hoy no se conoce prueba o evidencia. La causa más factible fue que por esos días el parlamentario por Loreto, Héctor Vargas Haya, presentaría los resultados del trabajo de la comisión investigadora del Congreso que presidió, formada con el objetivo de indagar respecto a la vinculación de la Marina con sus navíos en particular, y de las Fuerzas Armadas en general con operaciones de contrabando que, a la postre, solo pudieron ser denunciadas en su libro Contrabando publicado unos años después, y el cual cuenta hasta la fecha con 5 ediciones.

Incluso la odisea que pasó Vargas Haya para lograr publicar dicho libro la plasmó años después en otra de sus publicaciones, El calvario de un libro. Y existen otros dos referidos al mismo tema, Defraudadores y contrabandistas, de 1977, y Anecdotario del contrabando, de 1980. Entre otras publicaciones sobre Loreto, la Amazonía y el Perú, con el enfoque que solo puede permitirse un profesional con la vasta y digna vida política y profesional del señor Héctor Vargas.

Elecciones Perú 2026: la importancia del voto que marcará el futuro del país

Queda en manos de los electores la elección de un presidente que sepa gestionar el presente del país de cara a un mejor futuro para todos los peruanos. Lo cual será más fácil con alguien que, al margen de ideologías políticas, tiene las cosas claras en cuanto a la forma de gestionar un país sobre la base de modelos que ya demostraron éxito en otros lugares.

Solo así serán pocas las opciones de que, de entre los 35 candidatos a la presidencia, vuelva al gobierno gente aventurera, que todavía cree en modelos de gestión y desarrollo que nunca funcionaron, y que además necesita del Estado lo que no ha podido ganar aún, privada o de manera independiente, por negligencia o mera incapacidad.

Artículo publicado también en la edición impresa del jueves 9 de abril de 2026, del diario La Región de Iquitos.

Cuidar el dinero público es cuidar al Perú

Cuando nos acostamos o salimos de casa, solemos dejarla protegida ante la amenaza de quienes están acostumbrados a robar; muy conscientes de que lo que nos pueden sustraer o robar, no nos lo regalaron, sino que nos costó meses o incluso años de trabajo y sacrificios. Con el Perú debemos actuar igual. No podemos seguir permitiendo que algunos de los que gestionan los entes públicos, sigan sustrayendo impunemente gran parte de los presupuestos anuales que se han quintuplicado desde el año 2000, diluyéndose las posibilidades de aminorar las deficiencias en salud, educación, vivienda e infraestructuras.

Paremos tod@s la corrupción.
(go2huqgraphics vía www.freepik.es)

Actuar por el presente y el futuro del Perú

Es pertinente detener dicho desperdicio de recursos porque es el resultado de la estabilidad, el crecimiento y el esfuerzo de millones de personas naturales, empresas y demás instituciones desde inicios de los noventa, cuando el Perú tuvo que superar una gran crisis económica y combatir eficazmente el asecho político armado de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru con manifestaciones que, en su sano juicio, nadie querría volver a vivir o padecer (algunas similares a las que la delincuencia o terrorismo urbano empezó a perpetrar).

La corrupción aumenta y la indecente vida de los corruptos

Si la corrupción prolifera es porque los medios para combatirla no son los adecuados, no ha existido voluntad política e institucional firme hasta tiempos recientes o porque es creciente el número de ciudadanos que, por uno u otro motivo, se callan o pasan al lado ilegal de la sociedad. A la vez, entes como la Policía Nacional, La Contraloría, el Ministerio Público o el Poder Judicial, no cumplen eficiente y eficazmente la función que la ley les asigna. Y el mecanismo ciudadano de la revocatoria no resulta eficaz para dejar oportunamente sin efecto los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores elegidos por sufragio, cuando sus titulares degeneran en incompetentes o corruptos.

Entretanto, muchas autoridades o gestores públicos sin escrúpulos se siguen llenando ilegalmente los bolsillos para alimentar egos, vicios y un tren de vida superfluo e indecente no solo porque nadie más puede ostentar, sino porque así le roban al Perú el dinero que todavía requiere para seguir creciendo.

Combatir la corrupción desde lo cotidiano y simple

Basta, sin embargo, una simple y honesta preocupación por lo que pasa en el Perú y un sentido de responsabilidad por su futuro, para tratar de conocer y/o entender las causas de la actual situación de precariedad social e institucional causada por la corrupción y el crimen, con la sola finalidad de revertirla; y no hay que ser político, autoridad o congresista para ello.

Todos podemos actuar contra los signos de la corrupción, el clima delincuencial que no cesa y la inseguridad en general según nuestra condición, preparación o experiencia: como ciudadanos comunes y corrientes en cualquier entidad pública o privada prestando servicios profesionales de forma dependiente o independiente, como proveedor de bienes, como trabajador autónomo o emprendedor, empresario, incluso interactuando en el colegio profesional al que se pertenece.

Actos comunes y corrientes contra la corrupción

Podemos identificar factores o circunstancias que lo siguen permitiendo, preguntarnos por qué en lugar de menguar se trata de problemas que amenazan la convivencia social y la institucionalidad del Perú, o proponer ideas que coadyuven a su disminución. Y en ese sentido puede ser útil no solo la experiencia propia y de terceros, sino también las noticias de periódicos o radios, noticieros de TV o de Internet, y redes sociales serias e informadas.

Beneficios de haber sido víctima de los corruptos

También es importante difundir la experiencia de haber sido víctimas de autoridades y gestores públicos mafiosos y sin escrúpulos, hacer público sus modus operandi porque lo conocemos al haberlos padecido y, así, hacer que todos tengan mayor precaución y actúen en consecuencia previniendo las asechanzas.

Otros efectos de la corrupción

Y en ocasiones valdría incluso la negación prudente de las pretensiones de corrupción o chantaje propuestas por muchos delincuentes de saco y corbata en las instituciones públicas, aunque ello implique perder todo o gran parte de la retribución de un buen proyecto propuesto y ejecutado, por la prestación satisfactoria de cualquier otro servicio profesional, o por la provisión de algún bien.

Acción ciudadana contra los delincuentes de saco y corbata

Complementariamente, compete a los ciudadanos ser más conscientes de la situación imperante por la inacción irresponsable y hasta quizá cómplice de la policía, la contraloría, la fiscalía o el poder judicial, y actuar en consecuencia con valentía y precaución, en virtud del poder que en todo Estado democrático recae en la ciudadanía.

Un poder que puede manifestarse mediante mecanismos formales como el voto, referéndums, plebiscitos, iniciativas legislativas, revocatorias de mandatos; o a través de procesos informales como cabildos abiertos o rendiciones de cuenta, foros, consultas, observación, y especialmente mediante activismo y movilización social con protestas, campañas y redes sociales con el fin de influir en las decisiones políticas.

Criticable apatía ciudadana que los corruptos aprovechan

A finales de los noventa había en Loreto valientes grupos organizados que protestaban contra el controvertido poder de Fujimori, contra los signos de la corrupción o el centralismo, y que incluso iniciaron en Iquitos el 24 de octubre de 1998, una serie de protestas que hacia el año 2000, se hicieron nacionales y terminaron con la caída del chino.

Protestas similares, sin embargo, hoy prácticamente no existen por una inaceptable apatía por lo que ocurre en Iquitos, Loreto y el Perú, que las organizaciones criminales enquistadas en parte de la administración pública y la política deben celebrar y hasta agradecer porque, de esta manera, pueden seguir delinquiendo libre e impunemente.

Cómo vencer la corrupción sin discursos

No obstante, la acción ciudadana en las formas mencionadas puede ser útil y eficaz para socavar, aún, las redes de la corrupción y la delincuencia. 

Mediante protestas o denuncias por parte de ciudadanos comunes y corrientes e, incluso, de trabajadores de la entidad involucrada ante el nombramiento de un incompetente o corrupto, como gestor o asesor de una entidad pública; y no solo porque lo afirme así algún rival político, sino porque existan innumerables noticias disponibles incluso en Internet, sobre sus delictivos antecedentes y hasta sentencias que, habiendo sido apeladas, son generalmente incumplidas o "pasadas por alto" irresponsablemente por personal de la policía, la contraloría, la fiscalía o el poder judicial.

El poder ciudadano para evitar la corrupción

En suma, mediante activismo y movilización social, podría evitarse oportuna y eficazmente que muchos políticos o gestores públicos vuelvan a delinquir robando casi impunemente, infravalorando el costo de una obra o la contratación de un servicio, contratando sin el procedimiento legal establecido, etc.

Además, no sería tan fácil que sigan administrando importantes dependencias estatales como las de educación (muy codiciadas por los corruptos de diversas gestiones regionales los últimos lustros), verdaderos delincuentes según varios indicios presentados, por ejemplo, en valientes publicaciones en diarios y redes sociales, de alguna sagaz periodista de investigación que, no obstante denunciar un posible desfalco de casi dos millones de soles, no parece haber sido suficiente para que alguien presente una denuncia formal o para que la fiscalía de prevención del delito o cualquier otra institución inicie diligencias de investigación preliminar para, al menos, verificar la veracidad de la información difundida.

Facilidad sospechosa para que ocurran delitos

De haberse iniciado alguna diligencia por parte de los entes estatales correspondientes o por iniciativa, incluso, de algún maestro que no cobra la deuda social que le tienen por prestar sus servicios por lustros y hasta décadas, no hubiera sido tan fácil que el "hábil" susodicho regrese meses después a la misma entidad pública para ordenar, ocultar o terminar satisfactoriamente el "trabajo" que, meses antes, no pudo debido al revuelo y demás consecuencias de la denuncia periodística.

Y si situaciones como esa ocurren es porque se deduce que existiría una muy bien montada organización criminal a cuyos líderes no es difícil comprar (para acallarlos y hacerlos cómplices), a quien o quienes haga falta en las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción y la delincuencia, a cambio de llenarles los bolsillos con una mínima parte de los millones que ellos roban de las instituciones públicas, en desmedro del bienestar y los intereses de todos los peruanos.

Los corruptos cómplices de los ‘entes de justicia’

También suele ocurrir que alguien de la fiscalía o el poder judicial avisa por teléfono a los investigados de una inminente toma de locales para extraer equipos y documentación con más información del caso investigado y comunicando, a la vez, la detención preliminar de algunos de ellos con la única intención de que todo se paralice cuando pagan las decenas de miles de soles que los corruptos de la “administración de justicia” suelen requerir en estos casos.

Los que todavía “trabajan” son los que suelen pagar al instante al tener, aún, el control de los fondos para robarlo o sustraerlo descarada y casi impunemente. Los que ya fueron gestión, a los que se les advierte cuando solo están a la espera del desarrollo de un juicio por alguna denuncia pendiente, no la tienen tan fácil; y quizá por ello, al líder de Fuerza Loretana se le sentenció y encarceló casi de 10 años después de dejar la administración regional, al igual que a la única mujer que presidio hasta ahora la comuna de Maynas sentenciada 8 años después de concluir su gestión.

Todo lo cual, es vox populi en los corrillos y reuniones sociales de Iquitos y la región en general, no una mera invención de alguien preocupado por el problema de la corrupción en el Perú.

La corrupción lastra el desarrollo

Resumiendo. Si queremos que el Perú realmente se desarrolle, no podemos dejar que todo siga como hasta ahora: que incompetentes y especialmente corruptos sigan gestionando las instituciones públicas peruanas. De la misma forma en que una buena madre, no dejaría nunca el cuidado de sus hijos, en manos de un violador.

Cabe recordar que China se consolidó como la segunda economía del mundo por su apertura al mercado y dar facilidades a la inversión privada, pero también por su innegociable combate a la corrupción con incluso la pena de muerte. Singapur y Hong Kong son otros dos ejemplos de grandes economías con férreas políticas anticorrupción, aunque en estos casos sin incluir la pena de muerte.

Elecciones de 2026: la importancia de un voto responsable

Por ello es pertinente y hasta necesario, saber o aprender a elegir a gestores públicos o autoridades con preparación y sin antecedentes delictivos, que no tengan la costumbre o el objetivo de tomar más de lo que les corresponde de las arcas del Estado porque sus formación o principios se lo impiden, y porque no tienen la necesidad al haber obtenido previamente en el ámbito privado lo necesario para vivir merced a un ejercicio decente y eficiente de su profesión.

Ya no es tiempo de elegir, como en el 2021, a otro improvisado candidato solo por la cierta ilusión que depare ante el fracaso de sus antecesores, en teoría profesionales de la política, para gobernar un país como el Perú que pese a los escándalos políticos no para de crecer.

La clave contra la corrupción y el crimen

¿Se imaginan al Perú luego de cinco o diez años de ser liderado por un presidente honesto, transparente y eficiente? No tendremos nada que envidiar a Singapur, Austria, Brasil o Chile. Pero antes es necesario que la preparación, la idoneidad y la decencia sean los pilares del ejercicio profesional de todo funcionario, político o gestor público. 

De esta manera la Policía, la Contraloría, la Fiscalía o el Poder Judicial serán más eficientes y eficaces y destacarán, también, por proponer normas para mejorar la labor general del Estado; mientras que la Contraloría no solo publicará anualmente los miles de millones de soles que el Perú sigue perdiendo a causa de la corrupción, sino también los montos recuperados o dejados de perder debido a un desempeño correcto y transparente de las instituciones públicas.

Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el miércoles 21 de enero de 2026.

El Perú y el dilema de escoger entre más de 40 candidatos presidenciales

El 12 de abril de 2026 el Perú elegirá nuevo presidente, renovará a los congresistas que ahora serán diputados y elegirá a senadores después de 36 años (la última vez fue en 1990), en el marco de las Elecciones Generales de 2026. Los electores, sin embargo, podrán encontrarse ante la inédita disyuntiva de tener que elegir entre más de cuarenta candidatos presidenciales, cuyos partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, se habrían mayoritariamente formado para intentar ostentar el poder y aprovechar los beneficios que el sistema político le ha impregnado los últimos lustros.

Presidenta Dina Boluarte. 
Créditos: Infobae.

La razón ignorada u olvidada de la Política

Algo lejos de la concepción inicial de la política del griego Aristóteles, según la cual el trabajo de las autoridades o gestores públicos debe esencialmente tener como objetivo el bien común o de todos, un bienestar general acorde con el interés colectivo de una comunidad y en contraste con intereses individuales o privados; mediante un esmerado ejercicio de la función pública sobre la base de la preparación, la eficiencia y la decencia. 

Quiénes saldrán elegidos es una pregunta con respuesta imprevisible dada dicha proliferación de partidos, teniendo en cuenta los resultados de la última elección presidencial y el carácter controvertido del elector peruano que suele votar más por simpatías que por propuestas coherentes, la valía o la idoneidad de los candidatos.

La precariedad política peruana

No obstante, la existencia de partidos políticos formales o legales, la política peruana es en general precaria por dicha proliferación de partidos que no cuentan -en muchos casos- con estructura sólida ni cuadros competentes debido en parte al fracaso de los partidos tradicionales y a la aparente incapacidad estatal y social para monitorear y controlar la eficacia y transparencia del gasto gubernamental.

Ello ha provocado que la corrupción aumente y que surjan nuevos adinerados inescrupulosos que pretenden seguir en la función pública o atraer a otros interesados en el enriquecimiento fácil, merced a dicha proliferación de partidos políticos precarios. Un botín muy atractivo, además, para quienes lucran con el narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios delincuenciales.

Partidos políticos para hacer negocios antes que para gobernar

Sin duda existen ciudadanos competentes y decentes que, habiendo heredado alguna fortuna, triunfado profesionalmente en el ámbito privado o querer simplemente hacer algo ante los efectos de la improvisación, la ineficiencia, la corrupción gubernamental o la delincuencia, deciden participar activamente en política a través de un partido de reciente formación o aprovechando alguna estructura partidaria existente. 

Los pocos partidos preexistentes, no obstante, no son agrupaciones políticas consolidadas por su prestigio, trayectoria o experiencia ni gestionados en su mayoría por ciudadanos probos y preparados para la gestión de una ciudad, región o país sobre la base de modelos de desarrollo viables porque ya funcionaron en otros lugares y sustentados en las ventajas o potencialidades de la zona.

Y los partidos de nueva formación son en su mayoría meras personas jurídicas inscritas ante el JNE atraídas por el lucro que entrañan los ilegales negocios que los últimos años se gestan crecientemente en distintas instancias y dependencias del aparato estatal.

La subasta para postular a un cargo público o político

Debido a ello la ley no se estaría aplicando porque no suelen resultar como candidatos quienes son elegidos en comicios partidarios internos en los que destacan las propuestas, la experiencia, la idoneidad o la transparencia de los candidatos, sino lo que diga o decida el dueño del partido y/o quien haya pagado más por las candidaturas disponibles.

Debido a ello los últimos meses muchos candidatos se han estado preparando para postular a la presidencia y al parlamento en abril de 2026 y a las municipalidades y los gobiernos regionales el 4 de octubre del mismo año, contando más que con experiencia e idoneidad con el suficiente respaldo económico para comprar el cupo a presidente, parlamentario, alcalde o gobernador que los dirigentes o gestores de tales remedos de partidos suelen ofertar al mejor postor.

La lección no aprendida con Pedro Castillo

Evidentemente la elección Pedro Castillo el 2021 no fue la máxima expresión de la precariedad de la política peruana, ni el punto de inflexión para que todo cambie o mejore dado el aludido panorama electoral que revela, entre otras cosas, que estamos peor que antes porque existen precandidatos a la presidencia incluso peores que aquel.

No a los políticos que defienden políticas o ideologías desfasadas

¿Cómo puede haber personas e instituciones que todavía abogan por ideologías que han fracasado en todos los países en los que pretendieron encauzar el desarrollo en base a sus dictados? De la ex URSS a Cuba, Bolivia o Venezuela, pasando por China; un país este último que, para convertirse en la segunda economía mundial, tuvo que dejar atrás la centralización, la falta de libertad o la opacidad que caracteriza a los regímenes de izquierda radical.

El pacto del Congreso y la presidenta

Y que tras salir Castillo Terrores quedara en su lugar su vicepresidenta no ha hecho más que ahondar el desprestigio de los gestores políticos y por extensión de los partidos políticos; especialmente desde el Congreso de la República. 

Dado el contubernio que desde diciembre de 2022 existe entre la mayoría parlamentaria dominada por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (al que se suma cuando le conviene Podemos, Perú Libre, Acción Popular o Avanza País, entre otros congresistas que fueron elegidos por una agrupación, pero hoy están en otro grupo político o como "independientes"), para mantener en el poder a la cuestionada presidente Dina Boluarte hasta julio de 2026.

Leyes que no benefician a todos

Aunque hasta el momento, ello haya implicado rebasar los límites de la decencia y la legalidad con la única finalidad de durar como sea hasta el final de la gestión, perpetuarse en el poder logrando postular ahora como senadores o pretendiendo que lo hagan otros correligionarios con la desestimada intensión de conseguir la reelección de alcaldes y gobernadores (para lo cual impusieron al Ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez R. un nuevo reparto del IGV sin cumplir los procesos correspondientes, para beneficiar a alcaldes que querían reelegirse, pero que hasta el 2030 hará que el Tesoro Público deje de recaudar unos 10 mil millones de soles).

¿Leyes en pro de la corrupción y la delincuencia?

O protegiéndose incluso legalmente de las denuncias que previsiblemente les lloverán a muchos cuando dejen de ser parlamentarios, lo que ha significado mantener o aumentar las tasas de criminalidad y corrupción que afectan actualmente al Perú y que sea, por ende, más difícil combatir dichas amenazas a la seguridad e institucionalidad peruana. En contra de lo cual se han pronunciado diversas voces desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros entes y personas.

La solidez de la economía peruana amenazada          

Y como añadidura, dicho proceder congresal parece amenazar incluso la racionalidad y solidez económica que ha caracterizado al Perú las últimas décadas, de manera particular desde la codiciada Comisión de Presupuesto del Congreso. Lo cual es preocupante porque ello, precisamente, es lo que ha permitido al país mantener su institucionalidad y viabilidad a pesar de los vaivenes políticos de la última década.

El Congreso y una capacidad de gasto que no le compete

Como consecuencia, el presupuesto del Congreso el 2025 será de S/. 1,052,818,293 (Mil Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Dos Cientos Noventa y Tres Soles), más de tres veces más que el presupuesto del año 2010 cuando solo alcanzó los 323 millones. Al atribuirse una capacidad de gasto merced a una controvertida decisión del Tribunal Constitucional, que está expresamente prohibida en el artículo 79° de la Constitución Política para, precisamente, impedir una irresponsable generación de gasto. 

En esa línea, y conforme lo hizo la presidenta Boluarte, pretenden además subirse el sueldo en el último año de gestión de un gobierno que será previsiblemente recordado como uno de los más nefastos e irresponsables de la historia.

El futuro del Perú en manos de los electores

Le corresponde a cada elector reflexionar sobre lo acontecido con la política peruana los últimos lustros, analizar las ventajas que pese a todo sigue teniendo el país para estabilizarse y crecer, y entender la importancia de saber escoger entre más de 40 candidatos a presidente a la persona mejor preparada para dirigir al Perú sobre la base de demostrado éxito profesional y solvencia moral.

Solo así habrá mínimas posibilidades de elegir nuevamente a alguien que más que servir y trabajar por la estabilidad y el desarrollo de un país con una historia memorable y potencialidades ilimitadas como el Perú, le interesa principalmente beneficiarse de los negocios que se gestan ilegalmente en distintos ámbitos del Estado o el Gobierno.

Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el 08 de septiembre de 2025. 

Los arbitrios que en Iquitos no se estaban pagando

Las municipalidades o gobiernos locales del Perú tienen facultades tributarias otorgadas a través de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades; la forma de administrar, fiscalizar y recaudar tributos en el marco de dichas facultades está normado en el Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal o la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

La municipalidad de Maynas no podía recaudar sus arbitrios

Dicha facultad de recaudación no estaba siendo utilizada por la municipalidad de Maynas respecto a las tasas por arbitrios de 2025, con el perjuicio económico que ello suponía y no por razones técnicas o justificadas sino por aparente irresponsabilidad, burocracia e incluso política. No obstante constituir dichos ingresos la forma en que todas las municipalidades peruanas deben financiar el mantenimiento de los vitales servicios de recojo de residuos sólidos y barrido de calles, mantenimiento de parques y jardines, y seguridad ciudadana o serenazgo.

Las tasas por arbitrios en el sistema tributario peruano

En el sistema tributario del Perú existen diversos tributos (impuestos, contribuciones y tasas), algunos de los cuales su cobranza no está sujeta a prestación alguna por parte del Estado (como es el caso del impuesto general a las ventas o del impuesto a la renta gestionados por Sunat o los impuestos predial, de alcabala o vehicular competencia de las municipalidades), pero la obligación al pago de las tasas por arbitrios por parte de los contribuyentes, está sujeta a la prestación efectiva de los servicios públicos involucrados por parte de los gobiernos locales.

Camión recolector de residuos sólidos. 
Atribución: Angie Patrón, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Municipalidades brindan servicios al margen del cobro de los arbitrios 

Pero ocurre que las municipalidades suelen prestar dichos servicios a todos los contribuyentes al margen que hayan pagado o no las tasas correspondientes, ya que muchas de ellas no recaudan la tasa de arbitrios a todos por ineficacia en la recaudación debido a limitaciones económicas técnicas o de personal, porque muchos contribuyentes no son conscientes de la importancia de tributar, o por la precariedad económica y social que caracteriza a muchos de ellos. 

En Iquitos los servicios que implica los arbitrios no se interrumpieron

La Municipalidad Provincial de Maynas no podía ser la excepción, pues al margen del problema económico que le estaba suponiendo el hecho de no poder cobrar las tasas de arbitrios de 2025, en el marco de la campaña tributaria que anualmente inician las municipalidades del Perú para la recaudación del impuesto predial, la comuna de Maynas siguió dentro de sus limitaciones con la prestación de dichos servicios por razones de limpieza, salubridad y seguridad.

Estuvo adoptando las medidas correspondientes para asegurar la continuidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos financiados con las tasas de arbitrios por el recojo de residuos sólidos y barrido de calles, mantenimiento de parques y jardines, y seguridad ciudadana o serenazgo, conforme está dispuesto en la Ordenanza Municipal N.° 024-2024-A-MPM del 27 de diciembre de 2024, que aprobó los Cuadros de Costos y Tasas de Arbitrios Municipales para el Período 2025.

¿Qué pasó con la ordenanza de las tasas de arbitrios de 2025?

La Ordenanza Municipal N.° 024-2024-A-MPM fue aprobada por unanimidad el 20 de diciembre de 2024, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N.° 112-2024-SO-MPM y luego de ser aprobada en la Comisión Permanente de Rentas. Debido a ello, la Gerencia de Rentas generó la deuda e imprimió la información correspondiente al impuesto predial y los arbitrios de 2025, el mes de enero como es habitual y notificó las cuponeras con el detalle de las mencionadas obligaciones tributarias.

Sin embargo, luego de ser leída y analizada en diciembre por todos los regidores dicha ordenanza antes de aprobarse por unanimidad, emitirse y notificarse las cuponeras con la deuda tributaria de 2025 (con las horas de trabajo e inversión que ello implica), algunos candidatos políticos, el más importante gremio empresarial de Loreto, entre otros personajes e instituciones, fueron secundados desde febrero por un grupo de regidores con la finalidad de derogar la ordenanza que ahora a ellos también les parecía desacertada.

Decisiones que ralentizan el avance de cualquier gestión pública

Por razones que a esas alturas no correspondía alegar pues, habrán tenido los concejales el tiempo necesario para ello cuando les presentaron el proyecto de ordenanza para leerlo y analizarlo antes de aprobarlo por unanimidad. ¿Ignoraban que una ordenanza tributaria, como casi todas las normas, tienen o deben cumplir un plazo de tramitación y aprobación para poder ser legales y, por tanto, aplicables en cualquier jurisdicción distrital o provincial municipal?

En el caso de las ordenanzas que aprueban las tasas por arbitrios, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, de acuerdo con el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal (cuyo Texto Único Ordenado lo aprobó el D.S. N.° 156-2004-EF publicado el 15 de noviembre de 2004), explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.

Mal actuar que debe desterrarse del aparato estatal

Tal como se veía venir, la situación degeneró en el Acuerdo de Concejo Municipal N.° 019-2025-SO-MPM del 11 de marzo de 2025, aprobado en mayoría por 9 regidores con la pretensión de dejar sin efecto el acuerdo de concejo que en diciembre de 2024, aprobó las tasas de arbitrios de 2025 para el distrito de Iquitos.

Situación ante la que la comuna de Maynas, pudo responder con la aprobación de una nueva ordenanza si el Acuerdo de Concejo Municipal N.° 019-2025-SO-MPM hubiera derogado la Ordenanza Municipal N.° 024-2024-A-MPM (algo imposible en el ordenamiento jurídico peruano porque una ordenanza sólo puede ser derogada por otra ordenanza). En efecto, pues de conformidad con el artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal: En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.

Ley y sentido común en contra de decisiones controvertidas

Consecuentemente, y existiendo además una acción de amparo en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N.° 019-2025-SO-MPM, la Ordenanza Municipal N.° 024-2024-A-MPM ha recuperado su legalidad y vigencia al menos hasta que se dilucide dicha acción en el Poder Judicial, de acuerdo con los argumentos expuestos en la Resolución de Gerencia Municipal N.° 331-2025-GM-MPM del 30 de abril, publicada el 08 de mayo de 2025 en el diario La Región.

Consecuencias de la improvisación y la irresponsabilidad

De esta manera, la municipalidad de Maynas dejó de recaudar importantes sumas de las tasas de arbitrios de 2025, que especialmente empresas e instituciones públicas suelen pagar al contado entre febrero y marzo, con el inicio de la campaña tributaria para la recaudación del impuesto predial. Situación que, a través de la Gerencia de Rentas, debe haber empezado a revertir la comuna de Maynas no solo porque lo necesita, sino porque así lo dispone la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y las normas de presupuesto anual.

En tanto que algunos regidores han demostrado irresponsabilidad y una preocupación más oportunista que responsable hacia los intereses o derechos de la ciudadanía. En momentos en que el aparato estatal requiere precisamente de lo contrario: personal preparado, responsable, decente, cada vez menos inescrupuloso y que trabaje más por el éxito de la gestión pública de la que es parte que en el futuro político de su partido.

Otra prueba de irresponsabilidad o ignorancia es además el hecho de que algunos regidores, entre otros personajes, en medio de todo lo que ocurría, culparon a la Gerencia de Rentas de la municipalidad de Maynas del incremento del impuesto predial de 2025 respecto al del 2024, cuando dicho incremento es solo la aplicación o actualización de los valores unitarios oficiales de edificación, de los valores unitarios de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, del valor de los terrenos y de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), publicados anualmente mediante resolución ministerial.

La ignorancia como la corrupción ralentiza el desarrollo

Por lo que, cuando en los diversos estamentos del aparato estatal (central, regional y local) no predominen personas inescrupulosas por pensar más en lo que les conviene que en el interés general, por quienes hacen lo posible para que la gestión de su contendor político fracase, o por quienes incluso creen que por gestionar una entidad pública pueden hacer lo que les venga en gana (más aún si se trata de una institución rural o de zona alejada), habrá certeza de que el Perú encontró el camino al desarrollo que merece y el mal actuar en la gestión pública, junto a la corrupción o la delincuencia, serán meras anécdotas no algo existente en niveles poco sostenibles.

*Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el sábado 24 de mayo de 2025.

Las empresas y el desarrollo del Perú ante la delincuencia

Víctor Raúl Haya de la Torre, como Fernando Belaúnde Terry, Alfonso Barrantes Lingán o Luis Bedoya Reyes, son algunos de los últimos políticos con los que la ciudadanía disfrutaba las últimas décadas del siglo XX escuchándolos en los mítines que protagonizaban, no por llevar regalos o fiestas interminables como siguen haciendo muchos candidatos sino por la oratoria pausada, inteligente y coherente de la que hacían gala lejos de la demagogia, improvisación, ignorancia y hasta mentira que muchos pregonan hoy por el mero interés de ostentar el poder que otorga temporalmente un cargo público elegible en las urnas.

La decencia de una gestión pública transparente

  

Pero ello no era lo más destacable de tales políticos, sino también la manera austera y ejemplar con la que continuaron sus vidas tras ejercer un cargo público. Efectivamente, no se mudaron a lujosas mansiones u ostentado el uso y disfrute de bienes superfluos, sino que siguieron viviendo de la manera sobria como lo hicieron antes; lo que evidencia que trabajaron por el bienestar de la ciudadanía y en línea con lo que significa realmente ser político, distante con lo que ocurre generalmente hoy con una autoridad o gestor público tras trabajar en algún ente del Estado, que ostenta bienes y alardea de un modo de vida que un sueldo normal o legal nunca pagaría (a vista y paciencia de todo el mundo).

La revolución de Barrantes Lingán que el Perú necesita

Quiero recordar ahora la respuesta de Alfonso Barrantes Lingán (ex líder de la Izquierda Unida peruana en los ochenta del siglo XX), a una pregunta algo sarcástica del periodista Humberto Martínez Morosini, sobre la conveniencia o pertinencia de una revolución en los tiempos que corrían, quien respondió magistralmente: un gobierno libre de la corrupción, sería ya una gran revolución. Interpreto que lo que Barrantes quiso dar a entender es que la gestión de un presidente eficiente y decente, tendría tanto o más impacto positivo que una revolución. 

Lo cual es trascendental porque el Perú, enfrentando los retos que implica su crecimiento, debe hoy combatir varias lacras sociales que corroen su institucionalidad y, por ende, los diferentes caminos que coadyuvan a su desarrollo; entre ellos, la necesidad e importancia del crecimiento de negocios, empresas y de inversión pública y privada. Y ello es más propicio en un entorno de estabilidad económica propiciado por una coyuntura política e institucional sólida, en la que son la regla gestiones estatales transparentes y eficientes, obras trascendentales por necesarias o viables, poca o nula corrupción, y la delincuencia no es un problema apremiante por peligrosa y creciente. 

En un artículo anterior me ocupé ya de la corrupción y la ineficiencia estatal, hoy me enfoco en las empresas, el desarrollo y la delincuencia.

Las empresas y su importancia para el desarrollo

Hoy es verdad generalizada que no puede existir progreso económico ni desarrollo, sin el inmedible aporte de las empresas y el sector privado en un entorno libre supervisado o regulado por el Estado; ya que, gracias a las empresas, los ciudadanos pueden trabajar y los gobiernos obtienen tributos para financiar sus operaciones (salud, educación, dotación de infraestructura, seguridad o defensa nacional,...). 

A nivel global y de acuerdo con el Banco Mundial, solo las empresas multinacionales (aquellas con intereses en más de un país y que representan menos del 1% de las empresas de todo el mundo), impulsan aproximadamente la mitad de todo el comercio internacional, contribuyen con un tercio de la producción mundial y del PBI, proporcionan una cuarta parte del empleo global y movilizaron hacia América Latina y el Caribe en el 2022 USD$ 224.000 millones en inversión extranjera directa (el 4% del PBI de la región). 

Imaginen el impacto total en la economía y la sociedad del resto de empresas que operan en un ámbito nacional sean pequeñas, medianas o grandes, nacionales o multinacionales; no solo son las mayores proveedoras de empleo y pagadoras de tributos a nivel global, sino que constituyen parte vital de la estructura económica y social de cualquier sociedad contemporánea. (Aunque es igualmente importante la menor proporción de empleo de las entidades del Estado, y de las que también lo hacen sin que contribuyan con impuestos como los centros educativos, organismos no gubernamentales (Ong's), asociaciones civiles, etc.)

La delincuencia es hoy un gran obstáculo para el
crecimiento de empresas y el desarrollo en general
(Imágen de AlvaroSR999). 

La delincuencia y su impacto negativo en el crecimiento

Piensen ahora en el dilema que enfrentan nuevos empresarios o emprendedores informales cuando, tras operar un tiempo al margen de la ley, deciden formalizarse y son conscientes de que deberán tributar al Estado y, además, contribuir con un cupo o aporte ilegal a delincuentes que para conseguir sus propósitos amenazan, chantajean o incluso matan. 

Dicha acción delincuencial ya ha provocado el cierre de 318 colegios privados entre julio de 2023 y febrero de 2025 según el colectivo Educar con Libertad. Debido a una mera cuestión de seguridad porque sus propietarios no pueden seguir trabajando si ello implica arriesgar sus vida y la de familiares, trabajadores, maestros y alumnos; y desde un lado económico y/o financiero no es sostenible seguir operando pagando sueldos, tributos (aportaciones para seguros o pensiones de los trabajadores), demás gastos inherentes y, también, cupos delincuenciales que oscilan entre los 10 mil y 70 mil soles mensuales. Actos deleznables que comprende, incluso, a profesores que son chantajeados a pagar entre 5 y 10 soles diarios para poder "trabajar tranquilos".

Delincuencia no respeta a pequeños negocios y emprendedores independientes

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú se informó también que solo el 2024, cerraron más de 2 mil de estos negocios ante el avance de la extorsión y el cobro de cupos. Ni los conductores de mototaxis y taxis se libran de esta lacra social que medra el ímpetu por trabajar y salir adelante mediante el ejercicio de un trabajo digno; al igual que los vendedores de mercados formales e informales, o conductores o propietarios de combis o autobuses de transporte urbano, quienes han tenido que parar varias veces ya como protesta ante la ola de extorsiones y crímenes.

El impacto económico de la delincuencia en el Perú

Si consideramos que solo en Lima y Callao existen 22,107 vehículos de transporte público pertenecientes a 336 empresas acreditadas (de acuerdo con el artículo Terror en la Ruta del semanario Hildebrant en sus Trece del 30 de agosto de 2020), calculemos lo que pueden obtener los delincuentes diariamente si cada vehículo hace entre 4 y 5 vueltas y debe pagar su conductor o propietario 10 soles a los extorsionadores por cada una de ellas: estamos hablando de más de S/. 1,100,000.00 diarios si todos los vehículos son afectados y considerando los datos del 2020 del citado artículo.

Y si sumamos los importes de la extorsión a bodegueros, operadores de colegios, vendedores de mercados, a ferreterías, farmacias, gimnasios y demás negocios o empresas pequeñas o medianas, incluso a las grandes empresas y a las constructoras -éstas últimas con la cómplice intervención en ocasiones de miembros inescrupulosos del gremio de construcción civil-, o hasta el chantaje que padecen últimamente las familias cuando pretenden construir una casa o hacer mejoras en la que tienen, o la extorsión de la que son también víctimas algunas autoridades públicas; estamos hablando de cantidades tan importantes como los que se lleva anualmente la corrupción en el Perú.

El insostenible costo de la delincuencia y la corrupción

Solo el 2022 la corrupción le costó al Perú S/. 24,419 millones, pasando a ser percibida por la población como uno de los principales problemas, de una proporción del 23.8% en 2010 a una del 52,3% en 2023, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

Con todo el dinero que se lleva la corrupción de las arcas estatales, y la delincuencia de los ingresos personales o empresariales privados, sobraría para que el Estado provea con creces en no más de cinco años, toda la infraestructura educativa y de salud que aún se requiere en el Perú, y los ciudadanos tendrían dinero suficiente para vivir con dignidad y las empresas lo que requieren para consolidarse y crecer.

El natural destino de delincuentes y corruptos

Corresponde, en consecuencia, enfrentar a los delincuentes de saco y corbata que pululan las oficinas de la administración pública, como a los que promueven la corrupción desde el lado empresarial o privado, para que los fondos del presupuesto público sustraídos ilegalmente se inviertan realmente en los fines lícitos que corresponden al Estado; y a todos los delincuentes que chantajean, secuestran o matan por el mero hecho de conseguir ilegalmente parte del dinero que le cuesta ganar legalmente a personas y empresas.

Así, más pronto que tarde, los delincuentes y corruptos tendrán que terminar donde acaban o deben acabar quienes le roban al Estado, a las empresas y a los ciudadanos en general; pues, no se puede seguir tolerando el vulgar disfrute de una vida de holgura, derroche y lujos acompañados generalmente de múltiples vicios, a costa del esfuerzo, del trabajo y hasta la sangre de muchos ciudadanos o trabajadores honrados, como del presupuesto estatal que debería propender siempre al bien común.

El desarrollo ante la delincuencia y la corrupción

Por todo ello, es pertinente que la delincuencia y la corrupción se enfrente también como graves problemas para el crecimiento y desarrollo del Perú y de cualquier país, porque no solamente es algo inaceptable por ilegal y peligroso, sino porque impide el surgimiento y la proliferación de negocios y empresas tan necesarios para proveer empleos a la población y de tributos al Estado.

Para lo cual es necesario una firme voluntad de combatirlas desde la ciudadanía y el Ministerio Público, el Poder Judicial, demás entes del Estado involucradas y el Congreso; especialmente de este último, no solo porque es el encargado de la emisión de normas, sino porque últimamente parece que se ha legislado pensando más en la protección de los parlamentarios (y en la de amigos o conocidos) para cuando dejen de serlo, que en la forma más pertinente para combatir eficazmente la delincuencia y la corrupción.    

Y todo lo cual, no solo por una cuestión de justicia, sino también porque está en juego la institucionalidad y seguridad presente y futura de un país como el Perú, que puede y necesita seguir creciendo. Sólo entonces podremos, como vislumbró Barrantes Lingán, celebrar la revolución que haya significado un gobierno eficiente y decente que contribuyó al crecimiento y desarrollo de todos, derrotando o minimizando los efectos de la delincuencia y la corrupción.

Artículo publicado también en el diario La Región el miércoles 12 de marzo de 2025.