El Perú ante la OCDE: deuda social, corrupción y desafíos para el desarrollo

El desarrollo de un país no depende únicamente de mejorar sus indicadores económicos, aprobar nuevas leyes o modernizar los procedimientos administrativos. También exige instituciones públicas capaces de cumplir sus obligaciones, respetar los derechos de los trabajadores, honrar los contratos y garantizar que los recursos del Estado se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Adhesión del Perú a la OCDE

El Perú inició en 2022 su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un camino que implica evaluar y adecuar sus políticas, normas y prácticas a estándares internacionales en ámbitos como la gobernanza pública, la economía, el desarrollo social y la protección ambiental.

OCDE. Reunión por su 50 aniversario
(Imagen vía Wikimedia Commons).

Sin embargo, junto a los desafíos estructurales que enfrenta el país, persisten problemas que afectan la confianza ciudadana y limitan la calidad de la gestión pública. Entre ellos destacan el incumplimiento de obligaciones laborales por parte de entidades estatales, el desconocimiento de compromisos contractuales y las deficiencias en los mecanismos de prevención, investigación y sanción de posibles actos de corrupción.

A partir de dos experiencias vinculadas con municipalidades de Loreto, examino estas dificultades y sus consecuencias. Mi propósito es contribuir al debate sobre las reformas que el Perú necesita para fortalecer sus instituciones, proteger los derechos ciudadanos y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Deuda social: una deuda interna del Estado peruano

Deuda social es el conjunto de obligaciones económicas pendientes que el Estado tiene con trabajadores y servidores públicos, debido a incumplimientos laborales históricos respaldados, incluso, por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Incluye bonificaciones no pagadas (subsidios por enfermedad, luto o años de servicio), preparación de clases (en el caso del sector Educación), o reconocimientos pendientes como diferencias salariales y derechos laborales (gratificaciones, CTS, vacaciones truncas, entre otros).  

Aunque el gobierno central asigna anualmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presupuestos que se transfieren a los gobiernos regionales para el pago de deuda social, muchos gobiernos locales no cumplen con sus compromisos, a pesar de contar con partidas para ello y estar respaldados algunos procesos de cobro por sentencias judiciales.

Municipalidad de Maynas debe beneficios sociales desde el 2018

Respecto al caso que me atañe debo recordar que, tras dejar de laborar en la Municipalidad Provincial de Maynas en febrero de 2018, y recibir la resolución correspondiente un mes después, presenté mi solicitud de liquidación y pago de beneficios sociales por el tiempo que laboré sin gozar del descanso que implica un período anual de vacaciones. Pero fueron infructuosas las gestiones que realicé hasta diciembre de 2018.

Las deudas laborales del Estado deben tener una solución efectiva

En la flamante gestión de don Francisco Sanjurjo, mientras indagaba en enero de 2019 sobre el estado de mi solicitud pendiente de atención y pago desde marzo de 2018, me enteré de que la gestión anterior de doña Adela Jiménez no sólo no había cancelado todos los beneficios sociales de extrabajadores y exfuncionarios, sino que a algunos se les debía incluso el sueldo de los últimos meses de 2018. 

Ello, junto al mensaje que recibí entre el 2019 y 2020 de un trabajador del despacho de administración, en el sentido que “desde arriba” se había ordenado “no pagar beneficios sociales a ningún funcionario de la Adela", hicieron que decline de momento mi pretensión de cobrar los beneficios sociales que Maynas me debía por haber trabajado sin vacaciones durante casi 4 años.

Incumplimiento de obligaciones laborales del Estado peruano

Hacia septiembre de 2023 en la gestión de don Vladimir Chong hablé con la administradora, quien me pidió volver en enero porque las partidas del 2023 se habían agotado. Regresé casi mensualmente el año siguiente a preguntar si había fondos para el pago de mis beneficios sociales, hasta finales de año cuando la misma administradora me mostró sobre su escritorio, varias sentencias judiciales sobre casos similares que tampoco estaban siendo atendidas.

Decidí no volver hasta inicios de 2026 con la ilusión de que, en el último año, la gestión actual decida cancelar sus deudas sociales. Alentadoramente el administrador me aseguró que ello ocurriría hacia marzo, pero que antes debía actualizar mi solicitud. Los primeros días de marzo hablé incluso con el alcalde Chong, tras encontrarle casualmente en la entrada de la maloca municipal; quien atentamente me sugirió coordinarlo con su gerente municipal quien, no obstante, me derivó a su administrador por considerar que mi requerimiento no era asunto de su competencia.

Reforma del Estado peruano para mejorar los derechos laborales

Días o semanas después el alcalde renunció para postular al gobierno regional, los funcionarios cambiaron por la asunción de la nueva alcaldesa y yo sigo sin cobrar dicho derecho laboral, pese al comentario del exadministrador al encontrarle casualmente en un comercio el pasado abril: “he dejado reservado dos millones de soles para el pago de deuda social".

Dicha situación plantea serias interrogantes sobre la planificación presupuestaria y las prioridades de gasto de las entidades involucradas. A lo que cabe añadir la existencia de más de una casación de la Corte Suprema, con el principal argumento de que las municipalidades no pueden utilizar el presupuesto limitado, como razón para no cumplir con el pago de beneficios sociales.

La deuda social, por tanto, es uno de los aspectos en los que el Perú debe mejorar respecto a los países de la OCDE, porque entre ellos los derechos laborales (sueldos dignos, gratificaciones, pactos colectivos, beneficios sociales, entre otros) tienen mayor trascendencia al estar directamente relacionados con uno de los derechos humanos elementales: la dignidad personal.

Desvergüenza de algunos funcionarios públicos

Ahora me ocuparé de otra tara de la administración pública del Perú, manifestada en la actitud irresponsable de ciertas autoridades o funcionarios que pese a gestionar temporalmente una institución, pretenden hacer lo que les da la gana ignorando, por ejemplo, acuerdos o contratos previos de forma arbitraria e ilegal, especialmente en municipalidades distritales o rurales. Lo cual, igualmente, constituye un punto en contra del objetivo peruano de pertenecer a la OCDE, entre cuyos miembros el respeto de los acuerdos entre personas e instituciones es la norma.

Después de suscribir el contrato respectivo en septiembre de 2020, inicié dos procesos de fiscalización tributaria para la Municipalidad Distrital de El Tigre. El primero resultó rápido, satisfactorio y concluyó en abril de 2021 porque el contribuyente no objetó los resultados; el segundo tardó por la cuarentena del Covid-19, por la programación de las inspecciones in situ de este tipo de trabajos y por el tiempo que tarda la tramitación de los recursos que en este caso presentó el contribuyente.

Todo iba normal hasta que presenté los resultados del trabajo a finales de noviembre de 2023, los que el contribuyente reclamó en febrero de 2024 y apeló en abril de 2024, y a pesar de que todo había empezado en la gestión municipal que concluyó en diciembre de 2022 y comprendía ya parte de la nueva iniciada en enero de 2023.

El desconocimiento de contratos suscritos por gestiones anteriores

El nombramiento como administrador en julio de 2024 de un economista de apellidos Ríos Gamboa, implicó el inicio de una serie de desavenencias que contaron después con la venia del alcalde quien, hasta entonces, tenía conocimiento de todo y estaba a la espera de que se produzca el cobro de la deuda involucrada, para destinarla a los gastos inherentes de los gobiernos locales.

El principal argumento del administrador fue que no tenía constancia del trabajo realizado, lo que en parte se debió a que el penúltimo mes de la gestión anterior (en la que su hermano ejercía de administrador), fue noticia el hundimiento de una embarcación con toda la documentación municipal, cuando era llevada a archivarse en su local de Intuto, no en Iquitos donde se genera casi toda y se produce la mayor parte de la gestión administrativa de las municipalidades rurales de la región.

Por mi parte intenté demostrar, infructuosamente, la información y documentación que al respecto había generado y resguardado y que, además, acredita la planificación y gestión que por mi parte han tenido los dos procesos de fiscalización iniciados en septiembre de 2020.

Trabajos que despiertan la codicia de trabajadores y funcionarios

Es fácil deducir la motivación económica de la actitud del administrador porque, en más de una ocasión, comenté en reuniones con el alcalde el monto aproximado de la deuda por recaudar como consecuencia del servicio tributario aún en marcha, el cual concluyó con la resolución del Tribunal Fiscal N.º 05969-7-2025 del 27 de junio de 2025, emitida en respuesta a la apelación del contribuyente y dispuso el pago de gran parte de la deuda determinada según las condiciones que explicaba.

Gestores irresponsables como la gente que les ‘apoya’

Si el administrador no habría actuado como lo hizo, hacia finales de agosto de 2025 la municipalidad habría recaudado la deuda tributaria calculada según lo dictaminado por el Tribunal Fiscal, pues, por el solo hecho de cumplir con lo que me correspondía según el contrato, comuniqué no solo la nueva deuda sino también la forma de proseguir tras el pronunciamiento del Tribunal, mediante una carta con información en formato físico y digital de fecha 09 de julio de 2025, que la municipalidad devolvió solo en formato físico el 21 de julio de 2025, aduciendo -equivocada o malintencionadamente- la desestimación del cobro de dicha deuda por parte del Tribunal Fiscal.

Sin embargo, tres días después la municipalidad solicitó al contribuyente una “cita para tratar resultados del proceso de fiscalización y pronunciamiento del Tribunal Fiscal”, mediante Oficio N.º 113-2025-GAF-MDT del 24 de julio de 2025. Una reunión que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2025 y a la que fueron convocados por la municipalidad el administrador, el asesor jurídico (un exdecano del Colegio de Abogados de Loreto que trabajaría también en la UNAP), y una mujer a la que conocí cuando entré a trabajar en el área de rentas de la municipalidad de Maynas en enero de 1997.

Recursos no recaudados por mera negligencia

Es decir, la municipalidad procedió por su cuenta, pero tomando la información de la deuda que elaboré y presenté física y digitalmente, y valiéndose de dicha mujer experta en tributos que, imagino, habrá declinado poco después porque no creo que alguien con su experiencia, haya incurrido en el error de notificar y pretender cobrar en octubre de 2025, la nueva deuda tributaria mediante unos documentos que a esas alturas del proceso no correspondía según la normativa relacionada.

Actuación que ha facilitado nuevas controversias y retrasado la cobranza, como lo evidencia la presentación de un nuevo recurso por parte del contribuyente, que la municipalidad no ha respondido como corresponde. 

Por lo que la municipalidad sigue sin disponer del dinero producto del trabajo que inicié en septiembre del 2020, según información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y sigo sin cobrar el porcentaje establecido en el contrato según la antecesora y vigente Ley General de Contrataciones Públicas N.º 32069 y su Reglamento, que establecen como modalidad de pago un sistema en base a porcentajes, aplicable a la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, que incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación.

Impunidad y corrupción: problemas de la gestión pública en el Perú

Si no inicié más que una primera conciliación extrajudicial (a la que nadie de la municipalidad acudió), fue porque la deuda tributaria sigue impaga. Y de haber decidido proseguir ante dichas irregularidades que pretenden arrebatar derechos contractuales legítimos, ¿qué hubiera obtenido en los fueros fiscal y judicial infestados de no pocos negligentes y corruptos?

Entretanto, el susodicho sigue al frente de la gestión administrativa de esa municipalidad como si nada hubiera pasado dada la inexperiencia, ingenuidad y hasta ignorancia de muchos alcaldes de zona rural que, en ocasiones, terminan siendo engañados, estafados o chantajeados por trabajadores y funcionarios sin escrúpulos. Lo que no es de extrañar porque, además, no son pocos los trabajadores y funcionarios que permanecen en sus cargos pese a las denuncias presentadas. 

Como es el caso del otro Ríos Gamboa que ha seguido al frente de entes estatales haciendo lo que sabe hacer, tras gestionar el 2024 una importante dependencia regional de la que, según denuncias periodísticas serias y documentadas, habría sustraído ilegalmente casi dos millones de soles, salió temporalmente de la entidad y después regresó sin dificultad para finiquitar seguramente “el trabajo” que, meses antes, había sido interrumpido por las denuncias propaladas. 

Lo que revela, a la vez, el poder del asesor regional de apellido oriental que no pocos identifican como el líder de esta aparente organización criminal, que se desenvuelve muy bien entre todo este débil mecanismo de control y sanción estatal regional. 

Pero también el creciente descaro de gestores y autoridades que ya no se conforman con un porcentaje de la retribución por la prestación de un servicio o la adquisición de un bien, sino que pretenden inclusive todo de lo que únicamente le pertenece al proveedor o prestador del servicio.

Transparencia institucional para el desarrollo económico del Perú

El ingreso del Perú a la OCDE no debe entenderse únicamente como una meta diplomática o económica, sino como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

No puede hablarse de una gestión pública eficiente mientras persistan obligaciones laborales pendientes, se desconozcan compromisos contractuales o los ciudadanos encuentren obstáculos para obtener respuestas oportunas de las entidades públicas. Tampoco será posible recuperar plenamente la confianza en el Estado si las denuncias de irregularidades no reciben una investigación rigurosa y, cuando corresponda, una sanción efectiva.

¿Qué necesita el Perú para ingresar a la OCDE?

El país necesita instituciones que planifiquen responsablemente sus presupuestos, cumplan la ley, seleccionen a sus funcionarios por mérito y exijan resultados verificables. Necesita, además, mecanismos de control que funcionen y procedimientos eficaces para resolver controversias y proteger los derechos de ciudadanos y proveedores.

La lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública no se demuestran únicamente con discursos o nuevas normas. Se demuestran con decisiones, resultados y responsabilidades concretas.

Solo fortaleciendo estas condiciones podremos avanzar hacia un Perú más productivo, institucionalmente sólido y socialmente justo, capaz de generar oportunidades, atraer inversiones y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Artículo publicado también en la edición de hoy del diario La Región de Iquitos.