Pareciera que la mayor parte de la población de Loreto y del Perú, no se percata aún que las empresas constituyen hoy el medio más idóneo para alcanzar igualdad de oportunidades entre los hombres mediante el empleo que proveen, al operar en sectores económicos productivos y siendo gestionadas teniendo en cuenta no sólo aspectos económicos o financieros, sino también buenas prácticas y equidad social. Ya está demostrado que pueden incluso determinar, mediante el tejido económico que generan, el fortalecimiento o debilitamiento de la estructura económica y social de la región o país en el que operan o se establecen.
Si bien existen al respecto múltiples evidencias en distintas regiones del Perú, quiero hoy referirme a lo que últimamente se ha suscitado en la selva del país desde que empezó a escucharse algo de la llamada “Ley de la Selva”, convertida ya en norma legal mediante Decreto Legislativo Nº 1064 o Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario; a la cual se la ha criticado en base a argumentos tendenciosos en lugar de primar propuestas constructivas como creo debe hacerse cuando existe algún intento legal -o de cualquier otra índole- de menoscabar, realmente, intereses comunes a todos.
Son muchos los estudios que sostienen que uno de los principales problemas que impidió mejores prácticas en el sector forestal hasta el año 2000 fue la inadecuada definición del derecho de propiedad sobre el recurso (en este caso el bosque), que fue precisamente ello lo que hizo imposible o difícil el manejo de los espacios de bosque puestos a disposición de los extractores y de la industria forestal en general; por lo que no es extraño que desde distintos frentes se hayan alentado las concesiones forestales que al amparo de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308 y de su respectivo reglamento, se han venido produciendo sobre unidades de aprovechamiento de 5.000 hasta 40.000 Ha. y por un plazo de cuarenta (40) años renovables para la explotación sostenida y sostenible de los recursos madereros ahí concentrados; así hacer factible, o mejor dicho recuperables, las inversiones que todo proceso de manejo y certificación forestal requiere.
Consecuentemente, si al amparo de dicha normativa forestal fue posible entregar en concesión espacios de bosques hasta por 40 años, y era además posible renovar dicho período si se cumplían con las disposiciones estipuladas (es decir, era posible obtener concesiones hasta 80 años, 120 años y así sucesivamente), por qué tanto aspaviento si a través del Decreto Legislativo Nº 1064 se faculta la venta o concesión de “tierras eriazas” de propiedad del Estado en zonas de selva y ceja de selva cuya aptitud o capacidad de uso mayor es forestal y sin posibilidad de uso agrícola sólo para recuperarlos mediante reforestación, plantaciones forestales o con actividades agrícolas, creando en ese intento distintas empresas o asociaciones agrarias o forestales dedicadas al sembrío de palma aceitera, café, etc. o plantaciones forestales de las podría en el futuro proveerse la industria forestal tal cual lo hacen países como Brasil o Chile, además de capturar carbono y así obtener réditos económicos como otras zonas dotadas de gran potencial forestal ya lo vienen haciendo en medio del contexto generado por la actual coyuntura ecológica global, entre otras actividades y servicios ambientales[i]; y lo que es más importante, brindando paralelamente trabajo a miles de campesinos y lugareños pobres que tanto abunda en la Amazonía Peruana y en Loreto en particular.
Según datos del Plan Nacional de Reforestación del Ministerio de Agricultura del año 2005, el área susceptible de programas de reforestación asciende en el Perú a 7.388.002 ha., de las que el 50,36%, es decir 3.720.200 ha., están en situación de libres y las restantes 3.667.802 ha., el 49,64 %, ocupadas; sólo en Loreto la superficie deforestada asciende a 1.136.563 ha. correspondiente al 3,05% del área original del bosque, de las que 184.461 ha., el 16%, están en situación de libre y 952.102 ha., el 83,70%, ocupadas[ii]. Por lo que algo más de la mitad del área total de bosque degrado o deforestado existente en el Perú, esta ya en condiciones de ser puesto a disposición de los interesados en la línea de lo dispuesto por el controvertido Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario.
Pretendiéndose, por ende, el recupero de áreas que están generalmente en situación de abandono y por tanto sin ser aprovechadas, es oportuno sugerir finalmente a las autoridades regionales y a la población en general, exigir a la autoridad gubernamental competente la actualización de dichos datos mediante la realización de nuevos catastros que establezcan no sólo el actual área susceptible -natural y legalmente hablando- de recuperar y/o vender, sino también las áreas de tierras pertenecientes a Comunidades Campesinas e Indígenas pero demostrándose fehacientemente la necesidad y/o justicia de hacerlo, todo lo cual sin ningún tipo de presión social, económica o ecológica local, nacional e internacional; que se vigile asimismo que las áreas que se vendan o concesionen se destinen a las actividades a la que los compradores se comprometan, que no sea sólo una escusa para extraer las especies de madera que puedan en realidad existir en ellas con la complicidad de funcionarios corruptos, siendo en ese sentido importante que las autoridades regionales en coordinación con las nacionales establecen modernos mecanismos de control de la actividad forestal para evitar extracciones ilegales como habitualmente ocurría en el pasado y al parecer aún en la actualidad; y que nuestras autoridades no generen desconfianzas institucionales en torno a sectores productivos importantes como el forestal-maderero, conforme ocurrió hace más de un año con el ya felizmente corregido equívoco nombramiento de un concesionario forestal como jefe zonal del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) de Loreto.
[i] Cabe recordar que estamos hablando de espacios de bosques deforestados o degradados como consecuencia mayoritaria de proyectos colonizadores emprendidos equivocadamente en la imaginada desierta zona del Amazonas, mediante el fomento paralelo además de actividades agrícolas y ganaderas en detrimento de la industria forestal a la que es más propensa la región.
[ii] Aunque no contamos con datos oficiales sobre la proporción de áreas realmente utilizadas en el grupo de tierras ocupadas o con propietarios reconocidos, es presumible que gran parte de la misma no está utilizada y por tanto está igualmente en situación de abandonada o libre.
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