sábado, 20 de junio de 2009

Los grupos indígenas y campesinos, la sociedad y el Estado peruano

Los incidentes de Bagua en Amazonas-Perú 

Bagua
Sucesos en Bagua, Amazonas del Perú.
(Photo credit: powless)
Los indígenas pertenecientes al en extinción Imperio Inca, recordemos, lucharon contra quienes habían sido hasta hace poco sus connacionales desde que Inés Huaylas, hermana del último Inca Atahualpa, se casó con Francisco Pizarro cuando se consumaba la Conquista del Perú. La Independencia peruana no se gestó en la capital del Virreinato español de entonces, Lima, sino que fue la continuación de movimientos emancipadores emprendidos desde Argentina por José de San Martín y desde Venezuela por Simón Bolívar. 

Los originarios peruanos, además, no fueron considerados de igual a igual por el resto de sus conciudadanos criollos una vez producida la Independencia del Perú en 1821. Y que, visto en perspectiva, hasta puede resultar comprensible la rebeldía de la causa que motivó el surgimiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, dado el desprecio y la postergación a la que indígenas y campesinos fueron históricamente sometidos en el Perú.

El desarrollo equivocadamente concebido para la sierra y la selva en Perú 

El saber aquello quizá ayude a que entendamos mejor cuestiones como, por ejemplo, por qué cuando desde Lima se gestan normas o medidas dirigidas al desarrollo de las provincias del Perú, y muy especialmente de sus regiones de Selva o Sierra, tiende el Estado a generar tantas suspicacias en la población involucrada, problemas sociales e, incluso, a equivocarse.

Los sucesos de Bagua en el departamento de Amazonas en Perú

Los recientes hechos que degeneraron en la derogatoria de los Decretos Legislativos Nº 1090 y Nº 1064, de incidencia directa e indirecta sobre áreas pertenecientes ancestralmente a comunidades indígenas y campesinas, es demostración fehaciente de ello; pues, su promulgación ha revelado, si bien sutilmente, la manera en que dicha población no es todavía tenida en cuenta cuando el Estado legisla y/o trata asuntos que le involucra. Parece todavía ignorarse que las mejores leyes se gestan o emiten teniendo en cuenta la opinión y la consideración directa de los más involucrados.

¿Protesta indígena justificada?

Pero la reacción indígena en Bagua puede también apreciarse como una especie de protesta hacia dicha actitud histórica por parte de la sociedad y el Estado peruano. Una reprobación de forma, más que de fondo. 

Pues los principales errores inicialmente atribuidos a tales decretos se subsanaron posteriormente a través de la Ley Nº 29317 del 13 de enero de 2009, que modificó e incorporó diversos artículos al DL Nº 1090 o nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Concretamente se dispuso no seguir considerando a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal, en el ámbito agrario sino en el terreno forestal como hasta entonces sucedía. 

Y en el artículo 1º anexo "h" del Reglamento del DL 1090, se precisaba además que "son principios orientadores de la actividad forestal y de fauna silvestre, (...) El respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de los sistemas tradicionales de manejo sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre".

Actitudes con consecuencias lamentables para el desarrollo

Era por tanto deducible que en el marco de dichas normas, todo se habría hecho respetando las áreas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas, y de acuerdo a la información catastral que para dichos efectos adoptaría y/o formularía el Ministerio de Agricultura en coordinación con las entidades competentes, conforme también se establecía en la aludida Ley Nº 29317, artículo 10.

Ahora sólo me temo que el tiempo confirme que todo fue simplemente una protesta de forma alentada, eso sí, por grupos nacionales y extranjeros alentadores de mecanismos a sus ojos “adecuados” de desarrollo amazónico, pero que una vez más ha derribado las reglas de juego en el ámbito forestal, maderero e incluso agrícola del Perú. Manteniéndose, así, invariable la costumbre de cambiar constantemente las instituciones peruanas, con los intrínsecos inconvenientes -fundamentalmente económicos- que ello conlleva.

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