La corrupción de la política peruana y las elecciones de 2016

Las elecciones generales serán el domingo 10 de abril pero los peruanos no acabamos de salir del dilema que implica no conocer a los candidatos presidenciales por los que optaremos finalmente en las urnas, dada la falta de diligencia responsabilidad y escasez de valores éticos que prima en algunos de ellos y al parecer hasta en miembros de los entes electorales encargados de dilucidar los asuntos concernientes a las tachas y demás cuestiones relativas a la inscripción completa y legal de los postulantes.

Sin embargo, más que cavilar en torno a los vaivenes administrativos y legales de esta contienda, quiero incidir en los crecientes niveles de corrupción política que campea en las instancias gubernamentales al ser una amenaza acaso mayor para el próximo gobierno que la latente recesión o crisis económica que amenaza al Perú, la región y al mundo, nuevamente.

La corrupción, ¿algo intrínseco a la política peruana?

Lamentablemente, los políticos peruanos terminan, en su gran mayoría, pareciéndose a quienes tanto critican cuando son candidatos. Pues ya en el ejercicio de la función pública actúan en la forma que se suponía nunca lo harían cegados y obnubilados, quizá, por el poder intrínseco a tales funciones políticas resultando, en consecuencia, muchos veces peor que los males que corregirían o evitarían.

Fujimori terminó superando a sus rivales políticos

Tenemos como ejemplos los casos del militar Nicolás de Bari Hermoza, Víctor Joy Way o de Alberto Fujimori, presos actualmente por los indecorosos actos cometidos en el ejercicio de sus funciones; y cabe recordar que el último fue elegido en las elecciones de 1990 como alternativa ante la ineficacia y la corrupción heredada del primer gobierno de Alan García, y ante la amenaza de continuidad política que implicaban Mario Vargas Llosa y el FREDEMO. 

Ollanta y Nadine, ¿en manos de Martín Belaúnde Lossio?

El gobierno de Humala no es ajeno a la corrupción.
(Autor: Galería del Ministerio de Defensa de Perú).

Últimamente tenemos los casos de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ex amigos del capturado Martín Belaúnde Lossio, quien desde Bolivia adelantó ya la existencia de corruptelas en diversas dependencias del actual Gobierno, especialmente en el Ministerio de Vivienda. 

Y no sabemos cómo quedará la actual pareja presidencial cuando proporcione mayores detalles de los negocios, aparentemente camuflados, que MBL finiquitó también en diversos gobiernos regionales de todo el Perú, presumiblemente para beneficiarse económicamente junto a sus antiguos amigos y actuales inquilinos de la denominada casa de Pizarro.

Entendiendo 'la mayor estafa en la historia de Loreto'

En el ámbito de Loreto, muchos somos cada vez más conscientes de que algo tan grande no pudo haber ocurrido con la venia solo del ex mandamás de Gobierno Regional de Loreto (Gorel), pues los montos involucrados -de casi 800 millones de soles- hacen entrever la implicación de personajes acaso más poderosos interesados en el inicio de las obras del alcantarillado de Iquitos, catalogada por diversos entendidos como glosa el encabezamiento de este párrafo, por el mero hecho de beneficiarse económicamente pese a ser un proyecto que desde su planeación recibió alusiones respecto a su inviabilidad técnica, económica y social.

Diversos medios de comunicación se ocuparon ya del aporte de cientos de miles de soles a la última campaña del actual presidente Ollanta Humala, por parte de empresarios relacionados a una firma constructora que tuvo al final que ver con la empresa china encargada del proyecto del alcantarillado. Mientras que muchos somos crecientemente partícipes de conversaciones en las que está claro que fue en el segundo gobierno de Alan García en el que se dió el impulso necesario para que la mayor estafa en la historia de Loreto se concrete.

APRA y Fuerza Loretana: ¿aliados de la corrupción?

Ello puede explicar el por qué existe tanta dilación en los procesos judiciales contra las autoridades regionales encargadas de ejecutarlo y, además, la alianza electoral con miras a colocar en el Congreso de la República a Yván Vásquez Valera, no obstante tener algo que ver con la quiebra del CAFAE del Gorel (dos ex vicepresidentes regionales tienen también algo que decir al respecto), de recortar la pensión a los jubilados de la máxima instancia gubernativa regional desde octubre de 2014 hasta enero de 2016 (algo ya regularizado merced a una decisión judicial que la Administración regional actual respetó), y orquestar los mayores casos de corrupción de la región los últimos años.