Las empresas y el desarrollo ante la delincuencia

Víctor Raúl Haya de la Torre, como Fernando Belaúnde Terry, Alfonso Barrantes Lingán o Luis Bedoya Reyes, son algunos de los últimos políticos con los que la ciudadanía disfrutaba las últimas décadas del siglo XX escuchándolos en los mítines que protagonizaban, no por llevar regalos o fiestas interminables como siguen haciendo muchos candidatos sino por la oratoria pausada, inteligente y coherente de la que hacían gala lejos de la demagogia, improvisación, ignorancia y hasta mentira que muchos pregonan hoy por el mero interés de ostentar el poder que otorga temporalmente un cargo público elegible en las urnas.

La decencia de una gestión pública transparente

  

Pero ello no era lo más destacable de tales políticos, sino también la manera austera y ejemplar con la que continuaron sus vidas tras ejercer un cargo público. Efectivamente, no se mudaron a lujosas mansiones u ostentado el uso y disfrute de bienes superfluos, sino que siguieron viviendo de la manera sobria como lo hicieron antes; lo que evidencia que trabajaron por el bienestar de la ciudadanía y en línea con lo que significa realmente ser político, distante con lo que ocurre generalmente hoy con una autoridad o gestor público tras trabajar en algún ente del Estado, que ostenta bienes y alardea de un modo de vida que un sueldo normal o legal nunca pagaría (a vista y paciencia de todo el mundo).

La revolución de Barrantes Lingán que el Perú necesita

Quiero recordar ahora la respuesta de Alfonso Barrantes Lingán (ex líder de la Izquierda Unida peruana en los ochenta del siglo XX), a una pregunta algo sarcástica del periodista Humberto Martínez Morosini, sobre la conveniencia o pertinencia de una revolución en los tiempos que corrían, quien respondió magistralmente: un gobierno libre de la corrupción, sería ya una gran revolución. Interpreto que lo que Barrantes quiso dar a entender es que la gestión de un presidente eficiente y decente, tendría tanto o más impacto positivo que una revolución. 

Lo cual es trascendental porque el Perú, enfrentando los retos que implica su crecimiento, debe hoy combatir varias lacras sociales que corroen su institucionalidad y, por ende, los diferentes caminos que coadyuvan a su desarrollo; entre ellos, la necesidad e importancia del crecimiento de negocios, empresas y de inversión pública y privada. Y ello es más propicio en un entorno de estabilidad económica propiciado por una coyuntura política e institucional sólida, en la que son la regla gestiones estatales transparentes y eficientes, obras trascendentales por necesarias o viables, poca o nula corrupción, y la delincuencia no es un problema apremiante por peligrosa y creciente. 

En un artículo anterior me ocupé ya de la corrupción y la ineficiencia estatal, hoy me enfoco en las empresas, el desarrollo y la delincuencia.

Las empresas y su importancia para el desarrollo

Hoy es verdad generalizada que no puede existir progreso económico ni desarrollo, sin el inmedible aporte de las empresas y el sector privado en un entorno libre supervisado o regulado por el Estado; ya que, gracias a las empresas, los ciudadanos pueden trabajar y los gobiernos obtienen tributos para financiar sus operaciones (salud, educación, dotación de infraestructura, seguridad o defensa nacional,...). 

A nivel global y de acuerdo con el Banco Mundial, solo las empresas multinacionales (aquellas con intereses en más de un país y que representan menos del 1% de las empresas de todo el mundo), impulsan aproximadamente la mitad de todo el comercio internacional, contribuyen con un tercio de la producción mundial y del PBI, proporcionan una cuarta parte del empleo global y movilizaron hacia América Latina y el Caribe en el 2022 USD$ 224.000 millones en inversión extranjera directa (el 4% del PBI de la región). 

Imaginen el impacto total en la economía y la sociedad del resto de empresas que operan en un ámbito nacional sean pequeñas, medianas o grandes, nacionales o multinacionales; no solo son las mayores proveedoras de empleo y pagadoras de tributos a nivel global, sino que constituyen parte vital de la estructura económica y social de cualquier sociedad contemporánea. (Aunque es igualmente importante la menor proporción de empleo de las entidades del Estado, y de las que también lo hacen sin que contribuyan con impuestos como los centros educativos, organismos no gubernamentales (Ong's), asociaciones civiles, etc.)

La delincuencia es hoy un gran obstáculo para el crecimiento de
empresas y el desarrollo (Imágen de AlvaroSR999). 

La delincuencia y su impacto negativo en el crecimiento

Piensen ahora en el dilema que enfrentan nuevos empresarios o emprendedores informales cuando, tras operar un tiempo al margen de la ley, deciden formalizarse y son conscientes de que deberán tributar al Estado y, además, contribuir con un cupo o aporte ilegal a delincuentes que para conseguir sus propósitos amenazan, chantajean o incluso matan. 

Dicha acción delincuencial ya ha provocado el cierre de 318 colegios privados entre julio de 2023 y febrero de 2025 según el colectivo Educar con Libertad. Debido a una mera cuestión de seguridad porque sus propietarios no pueden seguir trabajando si ello implica arriesgar sus vida y la de familiares, trabajadores, maestros y alumnos; y desde un lado económico y/o financiero no es sostenible seguir operando pagando sueldos, tributos (aportaciones para seguros o pensiones de los trabajadores), demás gastos inherentes y, también, cupos delincuenciales que oscilan entre los 10 mil y 70 mil soles mensuales. Actos deleznables que comprende, incluso, a profesores que son chantajeados a pagar entre 5 y 10 soles diarios para poder "trabajar tranquilos".

Delincuencia no respeta a pequeños negocios y emprendedores independientes

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú se informó también que solo el 2024, cerraron más de 2 mil de estos negocios ante el avance de la extorsión y el cobro de cupos. Ni los conductores de mototaxis y taxis se libran de esta lacra social que medra el ímpetu por trabajar y salir adelante mediante el ejercicio de un trabajo digno; al igual que los vendedores de mercados formales e informales, o conductores o propietarios de combis o autobuses de transporte urbano, quienes han tenido que parar varias veces ya como protesta ante la ola de extorsiones y crímenes.

El impacto económico de la delincuencia en el Perú

Si consideramos que solo en Lima y Callao existen 22,107 vehículos de transporte público pertenecientes a 336 empresas acreditadas (de acuerdo con el artículo Terror en la Ruta del semanario Hildebrant en sus Trece del 30 de agosto de 2020), calculemos lo que pueden obtener los delincuentes diariamente si cada vehículo hace entre 4 y 5 vueltas y debe pagar su conductor o propietario 10 soles a los extorsionadores por cada una de ellas: estamos hablando de más de S/. 1,100,000.00 diarios si todos los vehículos son afectados y considerando los datos del 2020 del citado artículo.

Y si sumamos los importes de la extorsión a bodegueros, operadores de colegios, vendedores de mercados, a ferreterías, farmacias, gimnasios y demás negocios o empresas pequeñas o medianas, incluso a las grandes empresas y a las constructoras -éstas últimas con la cómplice intervención en ocasiones de miembros inescrupulosos del gremio de construcción civil-, o hasta el chantaje que padecen últimamente las familias cuando pretenden construir una casa o hacer mejoras en la que tienen, o la extorsión de la que son también víctimas algunas autoridades públicas; estamos hablando de cantidades tan importantes como los que se lleva anualmente la corrupción en el Perú.

El insostenible costo de la delincuencia y la corrupción

Solo el 2022 la corrupción le costó al Perú S/. 24,419 millones, pasando a ser percibida por la población como uno de los principales problemas, de una proporción del 23.8% en 2010 a una del 52,3% en 2023, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

Con todo el dinero que se lleva la corrupción de las arcas estatales, y la delincuencia de los ingresos personales o empresariales privados, sobraría para que el Estado provea con creces en no más de cinco años, toda la infraestructura educativa y de salud que aún se requiere en el Perú, y los ciudadanos tendrían dinero suficiente para vivir con dignidad y las empresas lo que requieren para consolidarse y crecer.

El natural destino de delincuentes y corruptos

Corresponde, en consecuencia, enfrentar a los delincuentes de saco y corbata que pululan las oficinas de la administración pública, como a los que promueven la corrupción desde el lado empresarial o privado, para que los fondos del presupuesto público sustraídos ilegalmente se inviertan realmente en los fines lícitos que corresponden al Estado; y a todos los delincuentes que chantajean, secuestran o matan por el mero hecho de conseguir ilegalmente parte del dinero que le cuesta ganar legalmente a personas y empresas.

Así, más pronto que tarde, los delincuentes y corruptos tendrán que terminar donde acaban o deben acabar quienes le roban al Estado, a las empresas y a los ciudadanos en general; pues, no se puede seguir tolerando el vulgar disfrute de una vida de holgura, derroche y lujos acompañados generalmente de múltiples vicios, a costa del esfuerzo, del trabajo y hasta la sangre de muchos ciudadanos o trabajadores honrados, como del presupuesto estatal que debería propender siempre al bien común.

El desarrollo ante la delincuencia y la corrupción

Por todo ello, es pertinente que la delincuencia y la corrupción se enfrente también como graves problemas para el crecimiento y desarrollo del Perú y de cualquier país, porque no solamente es algo inaceptable por ilegal y peligroso, sino porque impide el surgimiento y la proliferación de negocios y empresas tan necesarios para proveer empleos a la población y de tributos al Estado.

Para lo cual es necesario una firme voluntad de combatirlas desde la ciudadanía y el Ministerio Público, el Poder Judicial, demás entes del Estado involucradas y el Congreso; especialmente de este último, no solo porque es el encargado de la emisión de normas, sino porque últimamente parece que se ha legislado pensando más en la protección de los parlamentarios (y en la de amigos o conocidos) para cuando dejen de serlo, que en la forma más pertinente para combatir eficazmente la delincuencia y la corrupción.    

Y todo lo cual, no solo por una cuestión de justicia, sino también porque está en juego la institucionalidad y seguridad presente y futura de un país como el Perú, que puede y necesita seguir creciendo. Sólo entonces podremos, como vislumbró Barrantes Lingán, celebrar la revolución que haya significado un gobierno eficiente y decente que contribuyó al crecimiento y desarrollo de todos, derrotando o minimizando los efectos de la delincuencia y la corrupción.

Artículo publicado también en el diario La Región el miércoles 12 de marzo de 2025.

TAXATION AND DEVELOPMENT IN PERU: CHALLENGES IN THE FACE OF INFORMALITY AND CORRUPTION.

Introduction.

History has recorded the many ways in which people, since they began to organize themselves into larger social groups, saw the need for a form of contribution of goods or resources from everyone, to be allocated to the means or mechanisms that would contribute to the better management of the group; even determining in this way, the subsequent development of human societies. There are records of this from ancient Egypt to the Mayans, Aztecs or Incas, passing through Greece or Rome; and of course from many other peoples, some somewhat older than those mentioned.

Many centuries or millennia later, this primitive form of economic and political organization of societies in formation, not only remains in force but is even more rooted, because it is a general truth that said act known today as Taxing, will be better or more optimal for nations or countries as long as it includes or encompasses more activities, people, companies and other organizations or entities; because, in this way, the State will have more resources to allocate to education, health, defense and in general to the provision of infrastructure that promotes growth and development; and, if the collection of taxes is also sustained and sustainable, that is, it grows annually with respect to the Gross Domestic Product (GDP), it will be possible to avoid or reduce national or international debt, it will be possible to positively influence the fiscal deficit and, in this way, make public and private credit or financing cheaper, the increase in the cost of which slows down economic growth and the consequent development of nations.

Aware of this, Jesus Christ, when responding to a Pharisee with the famous phrase "to Caesar what is Caesar's and to God what is God's," according to the Gospel of Matthew 22, 21, perhaps also wanted to subtly recognize the importance of the act of paying taxes by mentioning what partly explains the existence of social groups from their appearance to the present day; Specifically referring to a duty to the Roman Empire that implies an essential responsibility to organized social groups or States, through the generally monetary contribution of individuals or companies after obtaining economic benefits, through the free and voluntary exercise of some type of business.

For this reason, it is important to analyze and highlight the aspects that positively influence Peru's tax collection capacity, identifying and resolving the negative factors that negatively influence it. A country that, although it has grown steadily in recent decades, as well as its tax collection, still has important limitations that need to be analyzed, many of them determined by government inefficiency, informality or corruption.

Economic growth and Peruvian tax pressure.

Peru grew in the last 20 years to become a high-middle-income economy given its macroeconomic stability, its commercial openness and a favorable international environment. In fact, its Gross Domestic Product (GDP) grew more than fourfold, as did per capita income: from USD 2,040 in 2002 and USD 2,126 in 2003, to USD 7,126 in 2022 and USD 7,790 in 2023 (World Bank, 2024); while the ratio of tax revenues to GDP, known as tax pressure, also grew during the same period, even in the pandemic years: in 2019 it was 14.4%, in 2020 it was 13% and in 2021 it was 16.10% (Swissinfo.ch, 2022).

In 2023, there was a 0.6% contraction of GDP, which meant a reduction in tax collection, due to a deterioration in macroeconomic variables, lower international prices, internal social conflicts and adverse weather conditions (SUNAT, 2024). But in 2024, tax collection recovered again, reaching S/. 155,756 million, 3.3% more than the previous year (S/. 8,510 million more), and exceeding what was forecast in the Multiannual Macroeconomic Framework 2025-2028 of the Ministry of Economy and Finance (MEF).

Although these figures are encouraging, the country is still far from the tax pressure percentages of first world nations, those that are part of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), for example, whose members usually record collection levels around 30% of their GDP. Peru must therefore close the gap so that its inclusion - currently in process - in this organization not only occurs, but also to increasingly have an optimal level of resources that allow a minimally efficient performance of the State at all levels; despite the shaky national political, economic and social situation determined by the effects of the inefficient government of Pedro Castillo and his successor, and the apparent inability of the opposition and the Peruvian Congress to be a viable and reliable alternative.

Investment and tax reform.

Consequently, although the tax administration and collection agencies (mainly SUNAT and municipalities) can allocate a larger budget to increasing and training personnel, or to the acquisition of materials and equipment, a true and complete review and reform of the Peruvian tax system would also be opportune in order to make the management, inspection and collection of all taxes more efficient, economical and effective.

In this sense, it would not be a bad idea to review the exemptions and non-taxes regarding some taxes and sectors to verify their technical and legal basis and, essentially, whether they have fulfilled their purposes. Only in the private education sector is it appropriate to ask how much money SUNAT and municipalities failed to receive due to the validity of exemptions or non-taxation of income tax, sales tax, vehicle tax or property tax, due to the laudable but in many cases unfulfilled objective of reinvesting the income obtained in infrastructure, training or research and development, for the sake of the advancement of science and the progress of Peru.1

Greater control of evasion and avoidance through tax audits.

At the same time, the work of tax inspection, supervision or auditing can be made more intensive and efficient, to verify whether what is declared and paid by formal taxpayers is correct and/or to sanction, when appropriate, the tax fraudsters detected.

The majority of the million-dollar payments made by various mining companies to SUNAT in 2021 were the result of tax audits (Antamina, 800 million; Cerro Verde, 1,476 million; Buenaventura, 2,134 million; MMG Las Bambas, 690 million). At the municipal level, there are also tax audit processes that ended with the collection of significant amounts of Property Tax and Tax Fines, some of which I was in charge of directing in the jungle department of Loreto; such as the one that ended with the payment of S/. 1,124,179.40 by Petróleos del Perú S.A. to the District Municipality of Urarinas, the S/. 603,001.94 transferred in April 2021 by Pluspetrol Norte S.A. to the District Municipality of El Tigre, or the more than S/. 300,000.00 collected from Petroperú S.A. for the District Municipality of Morona.

And in 2023, despite not having been a good year - as detailed in previous paragraphs - SUNAT's tax collection resulting solely from administrative and criminal litigation proceedings, initiated against natural persons and companies, normally with a tax audit or inspection process, amounted to S/. 8,946.80 (SUNAT, 2024).

Taxation and the problem of informality.

Such tax audit actions can be carried out with the Ministries of Production and/or Labor, or with entities such as the National Superintendence of Labor Inspection (SUNAFIL), so that the results are more effective, transcend the tax scope of SUNAT or the municipalities, and reduce the significant percentage of the informal economy that corrodes Peru. In this way, it will be possible to avoid further tax fraud against the Peruvian State and that workers have adequate working conditions with better and fair salaries considering some type of insurance, Compensation for Length of Service (CTS), or contributions to the private or state system for future pensions.

Such joint and coordinated inspections, however, must be carried out in the context of a reform that seeks to reduce informality in a sustainable manner, without reducing the capacity to grow and be efficient of the inspected company or business, nor its capacity to innovate. In short, finding a balance between the application of the law and the creation of an environment in which compliance is feasible; since reforms that combine inspections with policies favorable to companies may represent a possible way forward, among other things by reducing the costs of hiring formal workers (Santos, 2025).2

More businesses and companies to pay taxes for development. 

The existence of more formal businesses or companies that pay taxes to the State will germinate a virtuous circle that will benefit both people, as well as localities and Peru in general; and, precisely for this reason, any measure that contradicts or prevents that, goes against any action tending towards development since the times when societies began to organize themselves. In this way, SUNAT and all municipalities will be increasing collectors or collectors, among other taxes, of the income tax or the general sales tax (IGV), the alcabala tax, the vehicle property tax cular or property tax, respectively, to companies or businesses that are encouraged, generated or formalized; while some regions or departments, and various institutions may in turn benefit from resources from the canon (mining, oil,...).

For the efficient and controlled use of tax revenues.

However, all the above arguments will be of no use if the resources available in general and the tax revenues obtained by SUNAT or the municipalities in particular, are not allocated to the efficient management of the State at all levels and areas; in fact, that is the only way for the population in general to benefit from its collection. 

It is therefore pertinent that the Judiciary, the Attorney General's Office or the Comptroller General of the Republic continue to optimize their processes, equipment and personnel so that these resources do not end up benefiting mostly inept and corrupt bureaucrats, some of whom later apply to be authorities, presumably thanks in part to the money illegally stolen when they worked as state workers or officials; while many others boast homes, cars and other assets with the money that should have benefited the poorest but which perpetuates, on the contrary, the vicious circle of corruption that has corroded Peru since its Independence in 1821.

In this regard, Paolo Mauro, deputy director of the Fiscal Affairs Department of the International Monetary Fund (IMF), stated: "If you compare the countries that are perceived as less corrupt with those that are perceived as more corrupt, the differences in the proportion of income as part of the Gross Domestic Product (GDP) is 4 percentage points." And if we consider that the “average tax revenue for Latin America is 26.5% of GDP, an increase of 4 percentage points is a very large amount.” If all countries substantially improved their control of corruption, it would mean going from 26% to 30% and there would therefore be many more resources for productive expenditure (BBC, 2019).

Accountability and other mechanisms for controlling public spending.

For all these reasons, it is necessary to revitalize citizen control mechanisms such as the currently almost extinct public accountability process, or to promote training programs so that any citizen (congressman, councilor, councilor or any minimally interested person) understands and handles the income and expenditure information that, for example, is provided by the Economic Transparency Portal of the Ministry of Economy and Finance (MEF), in order to clearly know the amount and how all the income or funds available in any public entity were obtained and, above all, how and on what they are being spent or executed.

Furthermore, municipal councillors, regional councillors or any worker in addition to the control offices that depend on the Comptroller's Office, should have real facilities and the competence to effectively and opportunely control the expenditure in their institutions, almost in the same way that a warehouse is controlled by means of a card; in this case verifying the generation, registration and custody of the documentation or support of all expenditure of funds or expenses, and controlling the registration and real existence or entry into the institution of the contracted service or good (study, work, or acquisition of goods and other services).

And it would also be important to better disseminate the effects of corruption on the economy and society in general, so that every citizen or worker is willing to report the cases that they know of or discover. In this sense, it is necessary to know, for example, the process for contracting public works, where the economic impact of corruption seems to be more noticeable; because, although a work is usually awarded to the lowest bidder, later said contract becomes the most expensive or onerous due to the innumerable extensions of work that no one seems to control. In this regard, the Professional Colleges of Engineers - chapters of Sanitary Engineers or Civil Engineers - and of Architects, could contribute sufficiently; not one or another non-governmental institution that arises as an independent supervisor, perhaps financed by some contractor or supervisor of the work in question.

Only in this way can there be a growing certainty that the money of all will not benefit a few and will tend to the common good; which has been and should continue to be the objective of all policy in the interest of a developing society with justice, freedom and solidarity. And even more so if there are still evident limitations in Peru in health, education or infrastructure in general, due to the poor management of many authorities who nevertheless skillfully handle the "art" of illegally extracting public funds.

Corruption corrodes development.

Indeed, despite the advantageous Peruvian economic situation of the last decades already described, many public authorities did not begin the construction of useful or necessary public infrastructures, but rather many unviable or poorly executed works that resulted in waste due to sheer stupidity, but with a skillful management of the corruption that accompanies them.

Examples of this exist from Moquegua to Piura, passing through Cuzco, Lima or Loreto; in the latter there is the sadly famous sewerage project stubbornly undertaken by a former governor and former mayor, whose final investment of almost a billion soles (between studies, labor, pipelines and others) is buried in the bowels of Iquitos, the largest city in the Peruvian jungle, as an example of the ineptitude, corruption and even impunity in Peruvian public management before society in general and the Comptroller's Office and the fiscal and judicial entities in particular.

The figures of corruption in Peru. 

According to the Comptroller General, in 2022 corruption in Peru amounted to S/. 24,419.00 million; a significant part of the Republic's budget diverted to the pockets of unscrupulous businessmen, authorities, officials and state workers who, in this way, generally finance houses, cars, trips, alcohol, multiple partners, among other vices that they cannot pay with a normal or legal salary. Thus, the majority is harmed by poorly or never-finished schools, paralyzed hospitals, lack of rural roads and other infrastructure that would promote business and trade in products and services and, with it, the general well-being and development of Peru.

Paralyzed public works and corruption.

The awarding of works and other contracts that result in disputes between government entities and contractor companies or individuals, many of which last for several years despite having had significant expenditures or disbursements of state funds, also explains how and where a large part of the public budget corroded by corruption ends up.To date, there is a total of 1,403 paralyzed public works, involving 492 entities for an amount of S/. 10,839,598,792.3 

A figure somewhat lower than that which was being handled by official sources until December 2023, amounting to more than S/. 26,000 million, comprising 2,300 paralyzed public works projects throughout Peru.

With corruption, poverty will continue to prevail.

If everything continues as it is, that is, if Peru continues to grow as it has done in the last two decades amidst international ups and downs and without facing up to solving or diminishing the national political and social problems, the economic stability it boasts and the consequent growth will be of little or no use. In this way, the poverty manifested in the latent lack of basic infrastructure in health, education or transportation will continue to be evident, as will the ostentation generally proclaimed by corrupt politicians and/or public managers.

Therefore, it is necessary to know how to choose political authorities from among candidates with proven moral solvency and professional success; not stubbornly choosing candidates who are perhaps mafia-like because they cannot sufficiently demonstrate the origin of their resources or former authorities who have already shown how inefficient, unscrupulous and corrupt they are. Only in this way will Peruvian society be sure that all its citizens will participate in or benefit, sooner rather than later - or never - from the product of efficient and transparent management of the State.

Bibliography.

1. World Bank. (2024, October 21). Peru Overview. Retrieved January 31, 2025, from https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#:~:text=La%20estabilidad%20macroecon%C3%B3mica%2C%20la%20apertura,a%20US%24%207126%20en%202022 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview

2. BBC News Mundo. (2019, April 5). The millionaire income that governments lose due to corruption (and how much this problem affects Latin America). https://www.bbc.com/mundo/noticias-47823036

3. Comptroller General of the Republic. (n.d.). Paralyzed Works. Public Works Information System. Retrieved January 30, 2025, from https://infobras.contraloria.gob.pe/InfobrasWeb/Infografias/Paralizadas

4. El Comercio. (2023, May 18). The cost of corruption. https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-el-costo-de-la-corrupcion-editorial-nelson-shack-corrupcion-pedro-castillo-noticia/?ref=ecr

5. Government of Peru. (2024, January 6). Tax collection for the year 2023 amounted to S/ 147,246 million. https://www.gob.pe/institucion/sunat/noticias/895978-recaudacion-tributaria-del-ano-2023-ascendio-a-s-147-246-millones

6. Government of Peru. (2025, January 7). SUNAT recorded tax revenues of S/. 155,756 million in 2024. https://www.gob.pe/institucion/sunat/noticias/1087301-sunat-registro-ingresos-tributarios-por-s-155-756-millones-en-2024

7. Ministry of Finance. (2025, January 7). of Economy and Finance (MEF), Multiannual Macroeconomic Framework 2025-2028, Lima, 2024.

8. Santos, Cesar. (2025, January 23). Combating informality in Brazil: The hidden costs of labor inspections. Inter-American Development Bank ("IDB"). https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/combatiendo-la-informalidad-en-brasil-los-costos-ocultos-de-las-inspecciones-laborales/?j=1137119&sfmc_sub=276751100&l=295_HTML&u=20454591&mid=100028582&jb=2030

9. SUNAT, Results-Based Management Report - Year 2023, Lima, 2024.

10. Swissinfo.ch. (2022, January 6). Peru had the highest tax collection in 2021 in the last seven years. https://www.swissinfo.ch/spa/per%c3%ba-tuvo-en-2021-la-mayor-recaudac3%c3%b3n-tributaria-de-los-%c3%baltimos-siete-a%c3%b1os/47243764#:~:text=Respecto%20a%20la%20presi%C3%B3n%20tributaria,2019%20(14%2C4%20%25).

11. Torres, Hernán. (2022, January 1). In 2021, Antamina and 3 mines paid tax debts. La República. https://larepublica.pe/economia/2022/01/01/mineria-en-2021-antamina-y-3-minas-pagaron-deudas-tributarias-sunat

12. Vega Murrieta, Neil (2018, August 31). The oil production that Loreto and Peru need. Worldly Musings. https://caviles-mundanos.blogspot.com/2018/08/el-necesario-petroleo-que-parece.html

13. Vega Murrieta, Neil (2019, April 3). Informality remains a problem in Peru. Worldly Musings. https://caviles-mundanos.blogspot.com/2019/04/el-latente-problema-de-la-informalidad.html

14. Vega Murrieta, Neil (2022, July 21). Taxation and development in Peru. Worldly Musings. https://caviles-mundanos.blogspot.com/2022/07/tributacion-y-desarrollo.html

15. Vega Murrieta, Neil (2024, May 11). Notes on economics, politics and the corruption that corrodes Peru. Worldly Musings. https://caviles-mundanos.blogspot.com/2024/05/apuntes-de-economia-politica-y-de-la.html

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1. So far, it is mostly evident that some universities have been created without adequate infrastructure or qualified personnel, and that some millionaires have emerged thanks - in part - to the money that was not taxed.

2. There is an excellent article on this topic focusing on Brazil, published on the Inter-American Development Bank (IDB) blog. See details in the Bibliography.

3. According to the website of the Comptroller's Office's Public Works Information System.

Las exoneraciones tributarias y el desarrollo de Loreto, Perú

Un repaso a la historia de Loreto y de la selva peruana en general revela que políticas de incentivos fiscales, beneficios o exoneraciones tributarias han sido una constante como medios para coadyuvar al crecimiento y desarrollo. ¿En qué consiste este mecanismo excepcional de promoción del desarrollo conocido también en los lugares que comprende como zonas económicas especiales (ZEE) o zonas francas (ZF)? ¿Qué resultados ha tenido en Loreto y por qué sigue siendo importante para operadores políticos, económicos, empresariales o profesionales de la zona?

Los incentivos fiscales o exoneraciones tributarias

Las exoneraciones o incentivos tributarios son dispositivos legales (del gobierno central o el Congreso) emitidos con la finalidad de favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía bajo criterios de aislamiento geográfico, prioridad en la atracción de inversiones o como medidas de reactivación económica. 

En el caso de la selva peruana se dieron por las tres razones mencionadas, aunque principalmente por su condición de lejanía respecto al resto del Perú, especialmente de Loreto; región que, precisamente, fue una de las últimas que disfrutó de dicho mecanismo gubernamental, aunque no en la forma esperada.

Últimos mayores beneficiarios de incentivos tributarios en Loreto

Los mayores beneficiarios de dicho mecanismo de fomento o promoción del desarrollo fueron comerciantes y empresarios en lugar de la población en general (como debe normalmente ocurrir con cualquier dispositivo emanado desde el Estado). 

En efecto, al amparo de la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonia N.º 27037 del 30 de diciembre de 1998, cobraban el Reintegro Tributario que consistía en la devolución a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), del Impuesto General a las Ventas (IGV) que pagaban al comprar a empresas o sujetos afectos del resto del país, los bienes o productos que debían comercializarse o consumirse en Loreto a un precio accesible; teniendo en cuenta el costo que implicaba traerlos vía aérea o por carretera y ríos, desde la costa y sierra del Perú.

Iquitos, la ciudad más cara del Perú

La capital de Loreto, sin embargo, fue por muchos años la ciudad más cara del Perú, y no solo desde la derogatoria de los beneficios contemplados en la mencionada Ley N.º 27037 cuando empresarios, comerciantes y sus acólitos vociferaron, además, que Iquitos sería una ciudad aún más cara de lo que ya era.

Pero ello no significa que dicha forma de fomentar el crecimiento y el desarrollo de determinadas zonas geográficas sea negativo o vano.

¿Qué falló con los beneficios tributarios?

En el caso de la selva peruana y de Loreto en particular, lo malo no fue solo el hecho de no dotar a tales medidas del tiempo y la continuidad necesarios (entre 30 y 40 años), sino también no complementarlas con la concreción efectiva de las otras medidas que al mismo tiempo son necesarias y eran sutilmente mencionadas en el papel: la necesidad e importancia de dotar al lugar de la infraestructura necesaria (energía y agua competitiva, mejor conectividad aérea, terrestre o fluvial, zonas industriales, etc.).

A la generación de parques industriales debe apuntar toda política de exoneraciones tributarias. Parque industrial Oradel. Autor: Oradel.

Cómo atraer empresas e inversiones a largo plazo

Pues solo de dicha forma pueden atraerse a sectores y/o lugares determinados, empresarios interesados en invertir a largo plazo con tasas de impuestos (a la renta, a la compra de activo fijo o a la importación de maquinaria y equipo) más ventajosos respecto a otras zonas geográficas y, de esta manera, generar empleo permanente y de calidad sobre la base de empresas o industrias que exploten sostenida y sosteniblemente los recursos potenciales de la zona: madera, cultivos permanentes (palma aceitera, coco, cacao o café), turismo o petróleo. 

Clusters como objetivo de políticas de desarrollo

De este modo propender al surgimiento de los denominados clúster, un término atribuído al académico y economista Michael Porter, tras su observación de la realidad y convertido en herramienta de desarrollo regional, al identificar a un grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio.

Un cluster incluye generalmente a empresas situadas en varios escalones de la cadena de valor, a empresas productoras de bienes y servicios complementarios, y a instituciones y organizaciones relacionadas (universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales etc.); constituye, en suma, un modo de desarrollo económico sectorial del territorio conocido también por Agrupación Innovadora, Distrito Industrial o Polo de Competitividad, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, España.

Las exoneraciones nuevamente a debate en Loreto

El pasado 2024, desde el empresariado y algunos colegios profesionales se escucharon nuevamente voces pidiendo el retorno de beneficios fiscales, no obstante estar vigente desde el 2019 la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto N.° 30897 publicada el 28 de diciembre de 2018, que dejó sin efecto los beneficios tributarios vigentes hasta el 2018 y se creó en su lugar un fideicomiso para que administrado por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), contribuya al crecimiento económico y desarrollo de la región sobre la base de un modelo que venía funcionando en otros departamentos de la selva del Perú. 

Sería oportuno conocer la forma en que se ha gastado o invertido el dinero de dicho fideicomiso, para evaluar si se consiguieron o no los objetivos propuestos al derogar el reintegro tributario y demás beneficios, y saber también si el nuevo orden tributario que se propone, contiene los vicios o carencias de los anteriores modelos de desarrollo regional sustentados en incentivos o beneficios tributarios. 

Sólo así habrá certeza de que la nueva legislación en aras del desarrollo de Loreto, podrá implantarse y desarrollarse con eficacia y será, por ende, en beneficio de la mayor cantidad de sus ciudadanos, no solo de una pequeña minoría.

Un acuerdo o contrato social en aras del desarrollo

Para lo cual, no obstante, se vislumbra necesario un acuerdo o compromiso de la mayor cantidad de personas e instituciones de la región (entes estatales, sociedad civil, colegios profesionales, partidos políticos, centros de educación e investigación, Ong´s, las iglesias, etc.), para asegurar no solo la preparación y emisión de una moderna y racional nueva normativa de incentivos tributarios, sino también para garantizar su continuidad por unos 30 o 40 años y al margen del término de la gestión o mandato de gobernadores, alcaldes o congresistas.

Dicho contrato social que podría ser promovido desde el Gobierno Regional de Loreto o la Presidencia del Consejo de Ministros, serviría además como un espacio de debate serio y alturado y, por ende, contaminado en lo mínimo por creencias, ideologías o tendencias que poco o nada tienen que ver con la evolución del conocimiento y la ciencia; más cercanos, por tanto, al sentido común y la lógica, que a la vil ignorancia (el mayor mal de las sociedades).

Errores que ralentizan el progreso de Iquitos y Loreto

Solo así no podrán repetirse o serán menos probables sentencias en contra de importantes inversiones agroindustriales, en contra de proyectos para paliar el limitado transporte en la selva peruana (ej. la paralización del proyecto de Hidrovía Amazónica), o que inescrupulosas autoridades hagan lobby o grupos de presión, en beneficio de una empresa privada cuya entrada en funcionamiento terminó de cancelar el proyecto de Interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

De no haberse paralizado dichos proyectos, Loreto tendría ya casi solucionados dos de sus mayores limitaciones históricas: el problema de accesibilidad por la dificultad en el transporte, y la deficiente y cara energía eléctrica. Pues, el mayor objetivo del primero era que los mayores ríos amazónicos, sean transitables las 24 horas de los 365 días del año; y del segundo que Loreto no siga padeciendo interrupciones eléctricas como hace más de 40 años, y que su población no siga pagando una de las tarifas eléctricas más caras del Perú.

Política, diálogo y buena disposición en beneficio de todos

En resumen, se trata de hacer simplemente política, la que según Wikipedia es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad; un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos.

En un contexto, en suma, en el que todos puedan contribuir con propuestas y decisiones razonables al progreso de la sociedad, y no tercamente oponerse a alguna medida necesaria para lograrlo por razones meramente políticas, ideológicas, religiosas o, incluso, absurdas. 

Querer crecer no significa progresar a costa de todo

Lo cual no quiere decir que no debe existir crítica cuando exista algún error o mal hacer en alguna política o acción orientada o relacionada con el progreso, como por ejemplo leyes o reglamentos, accidentes empresariales que perjudican a la población o el ambiente natural, o atentados contra intereses personales o empresariales; todo ello deber ser criticado y denunciado, y proponerse en la medida de lo posible la mejor solución al respecto.

De esta manera, además, no recibirá más crítica o rechazo el individuo o empresa que solicita autorización legal para explotar, por ejemplo, el oro que pulula en los ríos de la selva peruana, que las decenas de personas y empresas informales que lo explotan descontroladamente desde hace varias décadas; porque los primeros explotaran sosteniblemente el oro por haberse comprometido hacerlo así ante las autoridades y entidades peruanas, algo que no les ha convenido hacer a los segundos por razones económicas o mera comodidad o irresponsabilidad.

*Artículo publicado también en el Diario La Región de Iquitos el 04 de enero de 2025.

Apuntes de economía, política y de la corrupción que corroe el Perú

(...), la sucia clase política, liberada al fin de la necesidad elemental de guardar una mínima compostura, nos aturde con un populismo y una demagogia que insultan la inteligencia, desentierran fantasmas olvidados y los agitan sin pudor, olvidando —o ignorando, iletrados como son— que todo eso ya ocurrió muchas veces en nuestra historia y nos llevó a lugares oscuros. (...)                               

           Arturo Pérez Reverte

Evitar la corrupción.
Imágen de ElIndignado653 vía Wikimedia Commons.

Tal cita del escritor español ilustra el desprestigio en el que considera, degeneró la política en España. Una realidad que podemos equiparar con el Perú, donde a pesar del crecimiento de los últimos 20 años reflejado en el incremento del Producto Bruto Interno (PBI) en más de cuatro veces y del ingreso per cápita de US$ 2.040 en 2002 a US$ 7.126 en 2022, según datos del Banco Mundial, existen evidentes limitaciones en salud, educación o infraestructuras en general, debido en gran medida a la pésima gestión de muchas autoridades públicas que manejan sin embargo hábilmente el "arte" de la sustracción ilegal de fondos públicos.

A lo que hay que añadir el peligroso contexto delincuencial, la percepción casi permanente de crisis económica o hasta el fomento del malestar social a través del "trabajo" de agitadores no solo de izquierda, que pretenden convencer a manipulables o ignorantes con programas respaldados en ideologías desfasadas y/o actitudes extremas, a fragmentar todavía más la sociedad peruana como estuvo tras la Independencia de España en 1821, en el período previo a la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, y más recientemente durante la peor época de violencia política de entre los años ochenta y noventa del siglo XX. 

¿Qué llevó al Perú a dicha situación no obstante el crecimiento de su economía?

Deficiente y corrupta gestión pública peruana

Una explicación podemos encontrarla en el deseo de muchas autoridades políticas, de aprovechar el boom económico en las arcas públicas, no con el emprendimiento de infraestructuras públicas útiles o necesarias, sino a través de la construcción de muchas obras inviables o mal ejecutadas que tuvieron como resultado el despilfarro por mera estupidez, pero la hábil gestión de la corrupción que las caracteriza; y ejemplos de ello existen desde Moquegua a Piura, pasando por Cuzco, Lima o Loreto.

Algunas de las obras que Iquitos perdió

En Iquitos, capital de Loreto, está la tristemente célebre obra del alcantarillado tozudamente emprendida por el ex gobernador de Loreto ahora en prisión, Yván Vásquez V., cuya inversión final de casi mil millones de soles (entre expedientes, mano de obra, tubería y demás) están enterrados en las entrañas de la mayor ciudad de la selva del Perú como muestra de la ineptitud, la corrupción y hasta impunidad en la gestión pública peruana ante la sociedad en general y la Contraloría y los entes fiscales y judiciales en particular.

¿Se imaginan todo lo que se pudo haber realizado con esos S/. 1.000.000.000? Por ejemplo: modernización de las Avenidas Quiñones, Navarro Cáuper o La Marina; incluso pudo construirse un anillo vial por las afueras de Iquitos, dándole mayor aire de modernidad a la más importante ciudad de la selva peruana. Y lo que resulta lamentable, además, es que aún ahora siguen pagando por dicha "obra" todas las municipalidades provinciales y distritales de la región, sin haber tenido ninguna responsabilidad en su ejecución.

Política y sociedad peruana fragmentadas

Otra explicación de la situación descrita en los dos primeros párrafos puede ser el hecho de haber sido principalmente personajes de izquierda, los que manejaron la Comisión de la Verdad a inicios del siglo XXI en lugar de independientes o de distintas ideologías políticas para que tratasen de entender y explicar con objetividad y razonablemente a la población, el terrorismo de los últimos lustros para que no vuelva a repetirse. 

Ello facilitó la liberación y hasta indemnización de confesos y prominentes delincuentes terroristas con incluso el patrocinio y respaldo de fueros judiciales internacionales, mientras se continúa judicializando a policías y militares peruanos, muchos de ellos verdaderos héroes de ese convulso período de la historia peruana.

No todo fue malo en el gobierno de Alberto Fujimori

Entre tanto, empezó una animadversión contra todo lo que significa Fujimori, dado los evidentes casos de corrupción en el Gobierno de entre los años 1990 y 2000, en los que Vladimiro Montesinos fue gran protagonista; a pesar de que se trataron también de diez años de gestión gubernamental en los que casi se exterminó a los grupos terroristas y su ideología arcaica, y se sentaron las bases de la solidez de la economía peruana de los próximos años.

El problema de la corrupción en el Perú

Retomando el problema global de la corrupción, indaguemos de qué forma impide que el crecimiento económico de los últimos lustros sea palpable en un país como el Perú, donde significa la pérdida anual de más de 20.000 millones de soles. En efecto, según el Contralor, solo el año 2022 comprendió S/. 24.419,00 millones; parte importante del presupuesto de la República que terminó en los bolsillos de empresarios, autoridades, funcionarios y trabajadores estatales inescrupulosos que, así, financian generalmente casas, autos, viajes, alcohol, múltiples parejas, entre otros vicios que no podrían pagar con un sueldo normal o legal.

Perjudicándose de este modo a la mayoría de la población con colegios mal o nunca concluidos, hospitales paralizados (como en Cuzco o Iquitos), carencia de carreteras rurales y otras infraestructuras que propenderían al fomento de empresas y al comercio de productos y servicios y, con ello, al bienestar general y al desarrollo del Perú.

La comisión ilegal en la gestión pública peruana

Son múltiples las formas en que el dinero de todos, termina beneficiando ilegalmente a unos pocos. Por ejemplo, es común que funcionarios, simples trabajadores y hasta autoridades estatales se ofrezcan para "viabilizar" una propuesta o proyecto, o posteriormente como apoyo en la gestión de su pago, a cambio de una "comisión" que linda muchas veces con el chantaje o el mero robo. 

De dicha manera, se equiparan a los delincuentes que piden y hasta exigen con amenazas o muertes consumadas, el pago de "incentivos" o cupos a personas con ideas innovadoras o negocios, muchos de ellos pequeños y medianos emprendedores quienes, de dicha forma, son desalentados a invertir en actividades que generarían empleo a la población e ingresos tributarios al Estado.

La controvertida suerte de los corruptos en el aparato estatal

Asimismo, a muchos de tales funcionarios y sus secuaces no les falta "trabajo" tras el término de alguna gestión municipal, regional o estatal en general; no por sus estudios académicos o antecedentes profesionales como sería la norma, sino por su habilidad para operar casi impunemente mientras al alcalde, al gobernador o al jefe, gerente o director de empresa u otra entidad estatal, no le falte las varias decenas de miles de soles que se comprometió a entregarle mensualmente producto de sus "habilidades".

Cómo puede evitarse la corrupción

Por todo ello, es muy necesario que regidores municipales y consejeros regionales, incluso cualquier trabajador además de las oficinas de control que dependen de La Contraloría, tengan reales facilidades y la competencia para controlar eficaz y oportunamente el gasto en sus instituciones, casi en la forma como se controla un almacén mediante el kardex; en este caso verificando la generación, el registro y la custodia de la documentación o sustentación de todo egreso de fondos o gasto, y controlando el registro y real existencia o entrada a la institución del servicio o bien contratado (estudio, obra, o adquisiciones de bienes y otros servicios).

También sería importante difundir mejor los efectos de la corrupción en la economía y la sociedad en general, para que todo ciudadano o trabajador esté dispuesto a denunciar los casos que conozca o descubra. 

El impacto de la construcción en la corrupción

En ese sentido es necesario conocer, por ejemplo, el proceso para la contratación de obras públicas donde parece ser más notorio el impacto económico de la corrupción, pues, si bien una obra suele ser adjudicada al menor postor, posteriormente dicha contratación se vuelve la más cara u onerosa por las innumerables ampliaciones de obra que nadie parece controlar; respecto a lo cual, los colegios profesionales de ingenieros -capítulos de ings. sanitarios o ings. civiles- y de arquitectos podrían aportar con suficiencia, no una que otra institución no gubernamental que surge como supervisora independiente financiada quizá por alguna empresa contratista o supervisora de la obra en cuestión.   

En Loreto, conocer los detalles de por ejemplo la contratación inicial de la obra del mercado Modelo (en las postrimerías de la gestión regional de Robinson Rivadeneyra), la pendiente terminación del Hospital Iquitos, del colegio Rosa Agustina Donayre de Morey o del instituto tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo, podría dar luces al respecto.

El dilema de las obras públicas paralizadas

Es importante saber además cómo terminan las adjudicaciones de obras y otras contrataciones que devienen en controversias entre las entidades gubernamentales y las empresas o personas contratistas, muchas de las cuales duran varios años a pesar de haber existido importantes erogaciones o desembolsos de fondos estatales. Por ahí está también la explicación del cómo y dónde termina gran parte del presupuesto público corroído por la corrupción; teniendo en cuenta que según datos de hasta diciembre de 2023, más de S/. 26.000 millones están comprendidos solamente en 2.300 obras públicas paralizadas en todo el Perú; y en Iquitos, la suspendida carretera a Zúngarococha parece ser un claro ejemplo de ello.

La Contraloría y la Fiscalía más eficientes adaptándose a los tiempos

La Fiscalía o La Contraloría, por su parte, podrían indagar en las redes sociales digitales en las que no todo es falso o Fake news, ya que por ahí es donde últimamente se denuncian o difunden evidentes casos de corrupción y negligencia que podrían servir para iniciar investigaciones que terminen, tal vez, con la detención y sanción de los responsables. De la forma como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), monitorea ya dichas redes con el fin de identificar quejas de los clientes contra los bancos.

Lecciones no aprendidas de la política y la corrupción

Todo lo expuesto evidencia que no ha amilanado a los políticos y gestores públicos corruptos, que Alan García se suicidara para no ir a prisión por estar supuestamente involucrado en hechos dolosos, que PPK se haya visto obligado a renunciar a la presidencia por hechos igualmente sospechosos, o que a Martín Vizcarra se le destituyera por cosas similares pese a lo auspicioso del inicio de su gestión.

Ni tampoco que en el marco del avance de las investigaciones de la mayor trama de corrupción de América Latina (Lava Jato), el expresidente Alejandro Toledo esté recluido en una prisión peruana y seguramente no tarden en estar en situación similar la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia por, entre otras cosas, sobrevalorar importantes obras y servicios públicos a cambio de comisiones ilegales.

La incompetencia agrava la corrupción

A todo lo cual cabe añadir aún la incompetencia en la gestión de muchos proyectos de inversión pública, siendo el puente Nanay en Iquitos clara muestra de ello, pues, ¿acaso no era fácil prever que cuando el puente se concluyera no existiría ninguna carretera con la que conectarlo?, porque simplemente no se había iniciado ningún estudio técnico respecto a las carreteras que, desde el puente, llevarán hasta la localidad fronteriza de El Estrecho, según la concepción inicial del proyecto. 

Por lo que tras la culminación del puente Nanay habrá que esperar unos cinco años o más, para que realmente cumpla el objetivo por el cual fue concebido, entretanto ya han transcurrido dos años junto a los inevitables efectos del sol y la lluvia.

Crisis y corrupción germinan malos políticos

La situación de insatisfacción generada en gran parte de la población por seguir sin percibir ni gozar los beneficios del crecimiento económico de las últimas décadas mediante el disfrute de colegios, hospitales, puentes, carreteras, entre otras obras públicas ejecutadas en la forma rápida y eficiente del sector privado (como las modernas construcciones del Mall Aventura o de la Universidad Tecnológica ubicadas en la Av. Quiñones), pretenden aprovechar políticamente remanentes terroristas que siguen sin entender lo desfasado de sus ideas (por no haber prevalecido siquiera en la extinta URSS o en Cuba, tampoco en China donde para convertirse en la segunda potencia mundial, se ha adoptado algo de lo que ningún ser humano puede sustraerse por serle intrínseco: la libertad, con un necesario cariz económico), aunque ello implique convulsión social y paralización económica en un país que no puede dejar de seguir creciendo.

Nefasta e irrepetible gestión de Pedro Castillo

Ése fue precisamente el contexto que degeneró en la elección de un improvisado y oportunista profesor de colegio quien, merced al apoyo de la mayoritaria e inconforme población pobre de la Costa, Sierra y Selva peruanas salió elegido presidente de la mano de un partido de izquierda radical cuyo líder, "formado" en la fracasada Cuba comunista, está fugado y/o escondido por su ineficiente y corrupta gestión en el Gobierno Regional de Junín.

Y lo que ya se reveló que hizo Pedro Castillo antes y después del 28 de julio de 2021, junto a su entorno familiar más cercano (esposa, cuñada, sobrinos), sus amigos Juan Silva, Bruno Pacheco, etc., revela lo familiarizada que está lamentablemente la corrupción en el Perú; defraudando finalmente así a dicha población vulnerable, y perjudicando a todo un país con la negligencia y la corrupción que caracterizó su breve y nefasto gobierno.

Se necesitan partidos políticos en el Perú

Todo ello, ante la irrelevancia o inexistencia de partidos políticos bien constituidos, sustentados en los antecedentes y el ejercicio profesional decente y transparente de sus miembros. Siendo muestras de ello el casi desaparecido APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, o la Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry; un partido éste último que, aunque sigue vigente, está plagado de jovenzuelos inescrupulosos que parece que no solo sostuvieron la gestión de Castillo a cambio de prebendas, sino que conjuntamente a la mayor cantidad del resto de colegas, no dejan de evidenciar por qué constituyen el peor Congreso de la historia del Perú.

Partidos políticos que, pese a ser financiados por el Estado, siguen siendo "apoyados" económicamente por empresarios o adinerados que esperan luego recuperar su "inversión"; que obtienen además recursos de los miles de candidatos a las municipalidades y el Parlamento, la mayoría de los casos merced a su "hábil" gestión corrupta en alguna entidad gubernamental, o incluso en el narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios ilícitos; agrupaciones políticas a las que, actuando en consecuencia, no les suele interesar captar como miembros y/o candidatos a los mejores profesionales o empresarios para que vuelquen toda su experiencia, eficiencia y eficacia en la gestión general del Estado.

Urge proteger al Perú de la corrupción

Consecuentemente, siendo el Perú la casa de todos, resulta muy necesario saber elegir a las autoridades políticas entre los candidatos con probada solvencia moral y éxito profesional; no tercamente a candidatos mafiosos que no pueden demostrar con suficiencia el origen de sus recursos o a ex autoridades que ya evidenciaron lo ineficientes, inescrupulosas y corruptas que son.

Sólo así, la sociedad peruana tendrá la seguridad de que todos los ciudadanos participarán o se beneficiarán más pronto que tarde -o nunca-, del producto de una gestión transparente y eficiente del Estado. En un contexto por lo demás auspicioso de posicionamiento y consolidación del Perú como potencia agroexportadora, como el segundo productor mundial de cobre, o como puerta de entrada y salida a América del Sur -mediante el puerto de Chancay- del comercio de la mayor zona en crecimiento y desarrollo económico del mundo: Asia Pacífico.

Artículo publicado también en el diario La Región de Iquitos el 11/05/2024.