El tren a Yurimaguas y otras infraestructuras para el 'desarrollo' de Loreto

¿En qué época creerá vivir el presidente regional, Yván Vásquez Valera, si cree que las grandes obras de infraestructura las debe seguir financiando en su totalidad el Estado? Parece ignorar que en los últimos tiempos son los capitales privados los que financian de forma creciente la construcción de las infraestructuras necesarias para el progreso de los pueblos, vía generalmente la concesión de su uso por una determinada cantidad de años durante los cuales los inversores recuperen su capital.

Asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo

Por tanto, su pretendido tren de Iquitos a Yurimaguas resulta una quimera si pretende construirlo solo con fondos del Gobierno Regional de Loreto (GOREL); resultando la alternativa más viable la aludida concesión e, incluso, un proyecto conjunto entre fondos estatales y de empresarios privados. Para lo que sin embargo deben existir algunos interesados y contar el citado proyecto del tren con estudios de factibilidad económica, social y ambiental a largo plazo que, hasta el momento, ninguno de los últimos realizados habría conseguido obtener.

El alcantarillado de Iquitos: la mayor estafa de Loreto

Las últimas obras de mejora de pistas ignoran
las "obras" del alcantarillado.

La obra del alcantarillado de Iquitos ha sido hasta catalogada por entendidos como “la mayor estafa en la historia de Loreto”, al basarse por ejemplo en un expediente técnico antiguo que hará que el resultado no corresponda a la realidad y necesidad actual de la ciudad.

Durante su ejecución, además, sigue dejando un aire de destrucción en las calles de la capital de la selva peruana comparable solo a los efectos de una guerra, de un tsunami o de un terremoto. Lo que es explicable dado que dicho expediente (con la venia del GOREL y su jefe como licitadores de la obra, así como de la empresa supervisora) contempla la rotura de las pistas hasta en tres ocasiones, cuando con un mejor y más eficiente diseño podría haberse contemplado una sola rotura; todo ello evidencia la ineficacia e irresponsabilidad con la que entidad contratante, las firmas ejecutoras y supervisoras, han emprendido todo el proyecto. 

No siendo por ello extraño que su costo sea hoy tres veces superior al contemplado inicialmente: cercano a los 1000 millones de soles.

Políticos premiados por sus errores

Para terminar, cabe tener presente que los accionistas de una empresa privada sería no dejarían nunca impunes a sus gerentes cuando irresponsablemente ejecutan proyectos que degeneran en pérdidas económicas, sociales y ambientales, y más aún si desde su etapa de concepción resultan ya inviables.

En el ámbito estatal o gubernamental, por el contrario, las autoridades responsables de grandes fracasos arquitectónicos y demás no solo suelen volver a ser reelegidas, sino que casi nunca pagan económica y mucho menos penal y políticamente, por las grandes pérdidas económicas que de dicho modo ocasionan al Estado en particular y a la ciudadanía en general. 

Por mera responsabilidad de esta última al ser, al final, la que por medio de sus votos pone en el poder político y administrativo estatal, a quienes muchas veces no merecen siquiera pretender ostentarlo.