El tren a Yurimaguas y otras infraestructuras ¿para el desarrollo? de Loreto

¿En qué época creerá vivir el presidente regional, Yván Vásquez Valera, si cree que las grandes obras de infraestructura las debe seguir financiando en su totalidad el Estado? Parece ignorar que en los últimos tiempos son los capitales privados los que financian de forma creciente la construcción de las infraestructuras necesarias para el progreso de los pueblos, vía generalmente la concesión de su uso por una determinada cantidad de años durante los cuales los inversores recuperen su capital.

Asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo

Por lo que su pretendido tren de Iquitos a Yurimaguas resulta una quimera si pretende construirlo solo con fondos del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), siendo la alternativa más viable la aludida concesión e, incluso, un proyecto conjunto entre fondos estatales y de empresarios privados. Para lo que, sin embargo, deben existir algunos interesados y contar el citado proyecto del tren con estudios de factibilidad económica, social y ambiental a largo plazo; algo que, ninguno de los últimos estudios efectuados, lo habría conseguido.

El alcantarillado de Iquitos: la mayor estafa de Loreto

Las últimas obras de mejora de pistas ignoran
las "obras" del alcantarillado.

La obra del alcantarillado de Iquitos ha sido hasta catalogada por entendidos como “la mayor estafa en la historia de Loreto”, al basarse por ejemplo en un expediente técnico antiguo que hará que el resultado no corresponda a la realidad y necesidad actual de la ciudad; durante su ejecución, además, sigue dejando un aire de destrucción en las calles de la capital de la selva peruana, comparable solo a los efectos de una guerra, de un tsunami o de un terremoto. 

Explicable, sin embargo, teniendo en cuenta que dicho expediente (con la venia del GOREL y su jefe como licitadores de la obra, así como de la empresa supervisora) contempla la rotura de las pistas hasta en tres ocasiones, cuando con un mejor y más eficiente diseño podría haberse contemplado una sola rotura. Lo que evidencia la ineficacia e irresponsabilidad de la entidad contratante, como de las firmas ejecutoras y supervisoras del proyecto; no siendo por ello extraño que su costo sea hoy tres veces superior al contemplado inicialmente: de más de 800 millones de soles.

¿Políticos premiados por sus errores?

Finalmente, los accionistas de una empresa privada no dejarían impunes a sus gerentes cuando irresponsablemente ejecutan proyectos que degeneran en pérdidas económicas, sociales y ambientales, y más aún si desde su etapa de concepción resultan ya inviables.

En el ámbito estatal o gubernamental, por el contrario, las autoridades responsables de grandes fracasos arquitectónicos y demás no solo suelen volver a ser reelegidas, sino que casi nunca pagan económica y mucho menos penal y políticamente, por las grandes pérdidas económicas que de dicho modo ocasionan al Estado en particular y a la ciudadanía en general. 

Por mera responsabilidad de esta última al ser, al final, la que por medio de sus votos pone en el poder político y administrativo estatal, a quienes muchas veces no merecen siquiera pretender ostentarlo.